¿Queremos ser búlgaros o escandinavos?

El paquete de Bruselas es ambicioso en su foco: propone una agenda social desplegada en ¡20 líneas de actuación!: de la salud laboral al salario mínimo o unas pensiones “justas”.

Es más realista en su plan de cuatro actuaciones inmediatas: una directiva sobre conciliación familiar y la revisión de otras tres sobre “protección social”, contratos y jornadas.

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Incluir la protección social era urgente. Pues “protección social” es apoyar a los desempleados, los primeros perdedores en la cuneta de la crisis. Y los primeros secuestrados por los extremismos populistas/soberanistas.

Así que, por urgente, la parte del paquete dedicada a rescatar a los parados llega con retraso, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Para que lo sea de verdad y no de placebo se requiere rapidez, dinero y ningún temor a equivocarse por exceso, que los europeos ya lo hemos hecho demasiado por defecto.

Los distintos documentos de este pilar europeo de derechos sociales —los de marzo de 2016 y los de este miércoles— proponen medidas muy útiles para recolocar (políticas activas de empleo) y para paliar la precariedad de los desempleados (políticas pasivas):

1) Perseverar en la “garantía juvenil” por la que los menores de 25 años deben recibir una oferta de empleo, de capacitación o de contrato de aprendizaje a los cuatro meses de no hallar trabajo o de acabar su ciclo educativo.

2) Los parados de larga duración recibirán “asesoría y guía individualizada” y un “contrato de integración laboral” que incluya “una oferta de servicio individual de un punto de contacto, como máximo a los 18 meses”.

3) Las anteriores políticas activas de recolocación “deberán combinarse con unos beneficios al desempleado que sean adecuados”: lo bastante prolongados en el tiempo como para encontrar un puesto, y no tan generosos que desincentiven su búsqueda.

4) Esa protección a los parados irá por vía del artículo 153 del Tratado. Este “establece que la Unión apoyará y complementará las acciones de los Estados miembros en la Seguridad Social y en la protección de los trabajadores, el combate contra la exclusión social y la modernización de los sistemas de protección”.

5) Se priorizará el acceso a la protección al 40% de los trabajadores que hoy carecen de cobertura adecuada: los autónomos (15% del total) y los irregulares (del 20% al 25%). Los autónomos, por ejemplo, no tienen seguro de desempleo en diez Estados miembros; casi un tercio de los temporales, tampoco.

Se echa en falta una concreción: el objetivo de establecer un seguro de paro europeo complementario de los nacionales, algo asumido por muchos expertos de distintas doctrinas.

También un énfasis en el compromiso de utilizar los fondos europeos (actuales, o a procurar) para financiar esta agenda social: ¿por qué no multiplicar por 30 el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización que ayuda a recolocar anualmente a 15.000 obreros? Bastarían 2.100 millones de euros anuales (Rescatemos a los parados, EL PAÍS, 15/12/1016), con los que reocupar casi a medio millón al año.

Bruselas ambiciona superar el listón social medio, desde luego el búlgaro. Le falta audacia si quiere que la UE emule a Escandinavia.