Rescatemos a los parados

O Europa da la cara por sus ciudadanos o los europeos volverán la espalda a la idea de Europa.

La Unión Europea (UE) debe “tomar partido por los perdedores”, reclamaba el economista liberal Paul de Grauwe (Ctxt, 6 de julio). Pero no solo de la globalización desigual y asimétrica. También de la mala digestión de la crisis y de la mediocre receta aplicada contra ella, la política económica de austeridad monolítica y excesiva.

Con cinco millones más de parados desde que empezó en 2008 la Gran Recesión —hasta 20,4 millones, pero llegaron a 26 millones en 2013—; con el extremismo rampante aprovechando, oportunista, el malestar de los desheredados; y en el fragor de una desafección social palpable, la cumbre de jefes de Gobierno que se abre hoy aparece socialmente ciega, sorda y muda. Apenas abordará otra urgencia social que la evaluación, de trámite, sobre el plan de garantía juvenil de empleo, tímido, aunque bienvenido. Y por otra parte, añejo: fue ideado ¡en 2012!

En realidad, se trata de la única iniciativa estrictamente social ya concretada en el último lustro. No bastará con reorientar la política económica hacia una expansión fiscal moderada, que el búnker ortodoxo sigue bloqueando. Urge reactivar la agenda social de Europa. Recuperarla, porque existe desde su fundación en 1957, aunque complementaria de las nacionales: libre circulación de trabajadores, equiparación salarial mujer-hombre, directivas de seguridad social y condiciones laborales, sentencias igualatorias, creación del Fondo Social Europeo (FSE): ¡124.928 millones de euros en este periodo presupuestario 2014-2020, de los que nadie echa cuenta!

La dimensión social del euro se olvidó, contra lo que postulaban ya en 1975 y 1977 los informes Marjolin y MacDougall: crear un seguro de desempleo europeo para “amortiguar situaciones adversas temporales en determinados Estados miembros” (www.cvce.eu). Junto a ello, hoy se requieren medidas como establecer salarios mínimos (varios socios carecen de tal cosa), rentas mínimas para los sin-ingresos, cheque infantil, escudos contra la pobreza energética, políticas de empleo. O comunitarizarlas, o al menos darles un enfoque común.

Algo de eso pretende una sugestiva y casi desconocida iniciativa de la Comisión, que está siendo sometida a consulta ciudadana (COM (2016), 127 final, 8 de marzo), el pilar europeo de derechos sociales.

Los desempleados han aumentado en la UE de 16 millones en 2008 a 20,4 millones en 2016

Es clave, pero hay algo más urgente: una estrategia de choque contra el desempleo. Que dispense ayuda contante y sonante a los parados allá donde no lleguen sus flacos Estados. Y les preste mejor apoyo para recolocarse. Contra el proteccionismo reaccionario que busca reabrir minas contaminantes y otros cadáveres industriales, auméntese la protección a los exmineros.

Sorprenderá saber que ya disponemos de instrumentos para esto. Además del FSE, existe un —aunque invisible— Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), cofinanciado entre la UE y los Gobiernos. Se creó en 2006 para apoyar a los despedidos de grandes empresas deslocalizadas. Y se amplió en 2013 a los perjudicados por la Gran Recesión.

Entre 2007 y 2014 atendió a 122.121 trabajadores. Ha dispuesto de un presupuesto de 70 millones de euros anuales. Pero su nivel de ejecución es miserable, del 55%. Ha apoyado solo a un 23% de los solicitantes de ayuda. Aunque con resultados considerables: “Casi el 50% de los trabajadores que recibieron ayuda financiera ha vuelto a tener un empleo” (informe A8-0227/2016, Parlamento Europeo, de Marian Harkin y Jean-Paul Denanot). Claro que los 15.000 beneficiarios anuales contrastan dramáticamente con la bolsa de 20,4 millones de parados (a octubre), quizá la mitad de ellos enquistados en el desempleo endémico.

Denanot atribuye el escaso número de solicitudes “a la complicación del procedimiento, a su duración y al requisito de que los Gobiernos deban prefinanciar la ayuda europea”. Propone “simplificar el reglamento, acelerar procedimientos y prever medidas de anticipación”, pues el fondo “solo interviene después de que ha ocurrido el desastre en una empresa”, no antes.

Multiplicar por 30 el Fondo de Adaptación costaría poco y atendería a 450.000 parados al año

Este FEAG debiera convertirse en un instrumento visible y ambicioso, que apoyase no a 15.000 desempleados al año, sino a medio millón. Para ello se requeriría multiplicar su dotación por 30 (15.000 beneficiarios actuales x 30= 450.000): hasta 2.100 millones anuales. Bastarían para subvencionar su recolocación y protección social reforzada. Solo eso cambiaría la faz de una UE a veces efectiva por la de una Europa más afectiva. ¿Dónde encontrar el dinero?

Si el presupuesto común ya va apretado, búsquense alternativas, como con el Plan Juncker de inversiones, ese invento poskeynesiano low cost, pero real. Podrían destinarse a ello cerca de 1.000 millones de euros anuales de los beneficios del Banco Central Europeo (BCE), que hoy se devuelven a los Gobiernos, a diferencia de lo que ocurre con los de la Fed, que van al presupuesto federal de EE UU. Ese retorno a Europa de la política monetaria europea lo propuso en enero el eurodiputado socialista español Jonás Fernández, para quien bastaría una enmienda legal “sin necesidad de modificar el Tratado” mediante una conferencia intergubernamental.

Otros 1.000 millones podrían obtenerse de una leve tasa a las empresas que se benefician amplia y directamente de las compras de sus bonos por el BCE, al aplanarse los intereses de su deuda gracias a la expansión cuantitativa o quantitative easing (QE), ya prorrogada hasta final de 2017.

La QE beneficia a todos, pues evita la recesión. Pero en mayor medida a las grandes compañías capaces de acudir a los mercados de capitales, aptas para que el BCE adquiera su deuda. Al cabo, pagan rentabilidades cero o negativas por sus emisiones de bonos (Cinco Días, 19 de julio), mientras las pymes se endeudan con la banca a una media del 2,64% (Banco de España).

De modo que una tasa de un 1% sobre el programa de compras del BCE no solo estaría justificada, al exhibir unos diferenciales susceptibles de fiscalización, sino que contribuiría a eliminar eventuales distorsiones a la competencia en función del tamaño y/o la globalización financiera de la empresa. En la hipótesis de que las compras de bonos privados del BCE se produzcan durante 2017 a un ritmo parecido al que deberían producirse durante 2016 (unos 10.000 millones mensuales), la recaudación por esta vía superaría holgadamente los 1.000 millones de euros.

Tendría además un especial sentido moral que ambas colectas, generadas como subproducto de la actividad financiera —aunque a través de la mediación del banco central—, se destinasen a reparar o aliviar algunos de los efectos maléficos de la crisis originada desde las finanzas. Además, al provenir de operaciones de carácter plenamente europeo y no nacional, es más que lógico destinarlas a un fondo cuyo objetivo es también rotundamente europeo. Y al no apelarse al presupuesto comunitario o no recurrirse a una emisión de eurobonos, se sortearían también las críticas de los contribuyentes netos, como Alemania, a la “unión de transferencias”.

Rescatar a los parados es indispensable. Pero factible. Y nada caro.