Las multinacionales españolas piden más seguridad fiscal

La empresa española tuvo un proceso de internacionalización muy relevante a finales del siglo XX y principios del XXI. En el éxito de la aventura exterior confluyeron varios factores. Una de las palancas que ayudaron en ese salto de tamaño fue la actualización de la normativa fiscal. Con el paso de los años, esas compañías, hoy grandes multinacionales, sienten que se han convertido en una especie de chivo expiatorio desde el punto de vista impositivo. En un foro organizado por PwC en colaboración con EL PAÍS, varios representantes del mundo empresarial reclamaron al Gobierno estabilidad en materia fiscal para poder competir en un mundo globalizado y, al mismo tiempo, atraer inversiones a España.

“En un momento en el que la multinacional española está en su plena madurez, tiene directivos experimentados y un gran conocimiento de los diferentes mercados, más que hablar de beneficios fiscales, lo importante es contar con seguridad jurídica. Esa sería la gran demanda”, explicó Joaquín Latorre, socio responsable de PwC Tax & Legal Services.

La demanda de un marco normativo predecible se produce en un momento en el que existe en España un encendido debate respecto a cuál es la tributación efectiva de los grupos multinacionales. La polémica ha sido avivada por el propio ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro denuncio a finales de enero en el Congreso de los Diputados que el tipo real que pagan las grandes corporaciones en España es del 7%, algo que, en su opinión, “no se puede aguantar”.

Las empresas se defienden de esta acusación y creen que se trata de una cuestión de metodología, ya que, según el cálcu­lo que se utilice, el tipo efectivo puede variar mucho. En su opinión, Hacienda solo pone el foco en la tasa efectiva sobre el resultado contable, mientras que si se utiliza la tasa sobre la base imponible, como recoge el propio informe anual de la Agencia Tributaria, la carga impositiva que pagan es mucho mayor. “Hay estudios recientes que muestran que la tasa efectiva está cerca del 20%. Además, deberíamos poner en valor que las grandes empresas no pagan solo el impuesto de sociedades. Se está haciendo bastante daño a la imagen de la gran empresa”, señaló David Gutiérrez, director de la asesoría fiscal de Acciona.

Déficit público

El Gobierno tiene un compromiso con Bruselas para cumplir el objetivo de déficit público (3,5% del PIB en 2017). Existe un clima social, producto de la crisis y de los recortes, especialmente sensible a todo lo que tenga que ver con la recaudación. Las compañías, sin embargo, subrayan que si los ingresos fiscales han caído no es producto de las ayudas a las empresas o de la evasión, sino de una menor actividad económica. “Se está distorsionando el esfuerzo que hacen las empresas en España. Tributamos en línea con las compañías europeas. Lo que hay básicamente es un problema metodológico. Habría que encargar a un tercero un sistema que permita unificar criterios y que mida el esfuerzo real que hacen las grandes empresas”, opinó José María Vallejo, director de la asesoría fiscal del BBVA.

El pasado mes de diciembre, el Gobierno aprobó una reforma del impuesto de sociedades cuyo objetivo último es acercar el tipo efectivo al tipo nominal (que está en el 25%). Entre otras novedades, la reforma limita la compensación de pérdidas de años anteriores y las deducciones por doble imposición. “Nunca habíamos visto un cambio que entra en vigor el 2 de diciembre con efectos desde el 1 de enero y que además modifique tu posición de tesorería de todo el año. En un momento donde hay una gran presión competitiva internacional, las compañías españolas se encuentran que en su mercado de origen hay un cambio normativo que no hemos visto en ningún país del mundo”, criticó Ángel Martín, responsable global de impuestos de Telefónica.

Con la cesión de la soberanía monetaria al Banco Central Europeo y con Bruselas muy pendiente de las cuentas públicas, el único elemento de política económica real que les queda a los Estados europeos es el fiscal. “Sin embargo, esta herramienta se está distorsionando para ser un instrumento puramente recaudatorio, perdiendo el poder de atracción de inversiones que tiene”, según Begoña García, socia de PwC en el área de Tax & Legal Services.

Los asistentes al encuentro destacaron que la marca España es muy fuerte y que el momento actual es propicio para que nuestro país pueda atraer inversiones debido a la inestabilidad política que viven otros países competidores. “Sin embargo, para ello es vital la seguridad jurídica y la ausencia de conflicto. El 95% de los pleitos fiscales que tiene nuestra compañía están en España, un mercado que solo supone el 20% de la actividad”, subrayó Ignacio de Felipe, director de la asesoría fiscal de Ferrovial.

La OCDE ha liderado una reflexión global sobre la capacidad de las multinacionales, especialmente las tecnológicas, de erosionar las bases imponibles y trasladar beneficios entre jurisdicciones. El resultado de esta iniciativa es un plan denominado BEPS que implica cambios en materia de convenios tributarios bilaterales, incluyendo un estándar mínimo con el fin de prevenir la búsqueda del tratado más favorable, o la revisión de las normas sobre el traslado de los beneficios en las transacciones intragrupo. “En general, el ejercicio BEPS es positivo porque ha detectado algunas lagunas que se van a resolver con una mayor cooperación tributaria”, señaló Javier González, socio de PwC en el área de Tax & Legal Services. “Ahora bien, las multinacionales tratan de satisfacer demandas en múltiples jurisdicciones y sería bueno que la comunidad internacional se dotase de elementos que eliminen situaciones de doble imposición que se puedan crear. Ahí es donde todavía no sabemos si BEPS va a solucionar”, añadió.

Apátridas fiscales

La iniciativa de la OCDE, que afecta a todas las empresas, tiene sin embargo su origen en aquellas empresas fruto del intenso proceso de digitalización que ha surgido en los últimos años. Las mayores compañías del mundo ya no son los conglomerados industriales, sino grupos tecnológicos con pocos activos tangibles, lo que les permite deslocalizar con mayor facilidad su actividad hacia aquellas jurisdicciones fiscalmente más atractivas. “Esto ha producido un cambio de paradigma porque ya no es tan fácil hacer tributar a una empresa en tu territorio”, según Ignacio de Felipe.

La UE también ha tomado una posición clara en todo lo relacionado con las ayudas de Estado a las multinacionales. Bruselas contempla incluso aprobar un impuesto de base común consolidada. “Se trata de agrupar todas las bases imponibles de los grupos que operan en la UE y, una vez que tienes toda la tarta, establecer cómo la repartes. Los mecanismos de distribución que se contemplan son tres (activos materiales, ventas y empleados). Se quedarían fuera los intangibles y los financieros, por lo que hay países como Holanda y Luxemburgo que no están nada de acuerdo con ese sistema”, destacó Begoña García

El mundo BEPS supone una mayor cohesión fiscal entre países. Sin embargo, de forma paralela a esta voluntad de cooperación han surgido iniciativas unilaterales que van en la dirección contraria y que sugieren una mayor competencia fiscal entre países como el Brexit o la reforma tributaria de Donald Trump. “Todavía es pronto para decirlo, pero el ambiente que tenemos sugiere que puede venir una oleada de nacionalismo fiscal”, reconoció Joaquín Latorre.