20 de las 35 sociedades del Ibex tienen abiertas inspecciones de Hacienda
La delegación de Hacienda para grandes contribuyentes pide más medios para desentrañar las complejas cuentas de las multinacionales
La Agencia Tributaria tiene investigaciones abiertas sobre, al menos, 20 de las 35 empresas del Ibex 35, según reflejan las compañías en sus cuentas anuales. La información que aportan las sociedades en sus memorias anuales es bastante hetereogénea y en ocasiones confusa e incompleta. Estas empresas acumulan activos por impuestos diferidos —instrumentos que permiten rebajar los tributos a pagar en los próximos años— por 103.708 millones. Bancos y energérticas contabilizan el 80% de estos créditos fiscales, que proceden de deducciones del impuesto de sociedades que no se pueden aplicar en un solo ejercicio.
Un examen a las 35 cuentas anuales de las empresas que componen el selectivo español revela que tres de cada cinco grandes compañías españolas tenía en 2016 una investigación abierta por la Agencia Tributaria española. En la mayoría de los casos no se trata de fraude, existen investigaciones por diferencias de criterios o de interpretación de una norma tributaria o de valoración de una operación entre las compañías y el fisco o simples comprobaciones de oficio. La mayoría de estas sociedades tiene filiales en otros países y realizan operaciones corporativas complejas cuyo tratamiento fiscal en ocasiones genera dudas.
Desde la Agencia Tributaria recuerdan que no es extraño que tantas empresas tengan investigaciones abiertas porque realizan un proceso de comprobación permanente sobre este tipo de compañías. La delegación central de grandes contribuyentes, un órgano creado en 2006, pasa revista periódicamente a estas multinacionales españolas. Un ejército de 700 inspectores, técnicos, informáticos y administrativos repartidos entre Madrid y Barcelona radiografían sus cuentas. Pero la tarea es casi inabarcable. Estas empresas realizan millones de registros contables al año y hay operaciones casi imposibles de detectar ante tanto volumen de datos.
José Luis Groba, presidente de la organización de Inspectores de Hacienda (IHE), explica que al iniciar una inspección en estas empresas el gran problema es la “ingente” cantidad de datos y la desconfianza. “Esto hace que las inspecciones sean complejas, largas y difíciles de cerrar”, lamenta.
La mayoría de las actuaciones tienen que ver con “minoraciones de bases imponibles, deducciones en cuota pendiente de aplicar o cuotas de IVA a compensar”. De hecho, cerca del 40% de los 3.700 millones aflorados el año pasado procedían de estas sociedades. Esta cantidad contribuyó a aumentar la base imponible sobre la que posteriormente se aplicaron los gravámenes de los impuestos.
Desde la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda, que no incluye a los inspectores, advierten de la dificultad de inspeccionar a estas empresas por la escasez de la plantilla. “La mayoría de las inspecciones son parciales”, dice Carlos Cruzado, presidente de Gestha, quien reclama más medios para la delegación de grandes contribuyentes.
El examen a las cuentas también muestra la enorme heterogeneidad en la información que presentan las compañías. Hay algunas que detallan sus contingencias fiscales y explican con precisión la conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal del impuesto de sociedades. Pero otras aportan la información mínima y confusa. De hecho, algunas de las 15 empresas que dicen no tener abiertas actuaciones de comprobación tampoco lo niegan. Muchas zanjan la cuestión con una coletilla legalista que viene a decir que hasta que no prescriban los impuestos pueden estar investigados por Hacienda.
“La información fiscal que presentan las empresas en sus cuentas anuales es muy heterogénea. Solo en ocasiones aportan datos tributarios detallados, apenas informan de los litigios y escasean las que explican lo que tienen en otros países”, explica Orencio Vázquez, director del Observatorio de Responsabilidad Corporativa.
Créditos fiscales
Uno de los grandes agujeros del impuesto de sociedades de estas empresas son los activos fiscales diferidos, que incluyen créditos fiscales y otras deducciones que no se pueden aplicar en un solo año. Estas multinacionales acumulan activos fiscales diferidos por un total de 103.707 millones (equivalente al 10% del PIB). La mayor parte está en manos de los bancos y las energéticas, tras un cambio de legislación en 2013 para ayudarles a digerir las pérdidas de las crisis. Esto provoca que puedan reducir cada año su factura fiscal. En estos créditos fiscales también se incluyen las pérdidas de ejercicios anteriores y otras deducciones no aplicadas que se guardan las empresas para ejecutarlas en los próximos años.
Un inspector, que prefiere permanecer en el anonimato, insiste en que muchas de estas sociedades son transnacionales que realizan operaciones muy variadas y difíciles de rastrear porque exige la colaboración de otros países o el examen de otras sociedades extranjeras. “Algo que oscurece y complica la inspección”, señala este antiguo trabajador de la delegación central de grandes contribuyentes de la Agencia.
“Tenemos la sensación de que estas empresas defraudan más. Tienen más medios, están mejor asesoradas y utilizan la normativa al máximo. Buscan las asimetrías que hay entre las legislaciones internacionales”, sentencia Groba. Este inspector razona: “Si no, no se hubiera creado el plan BEPS —una batería de medidas contra la erosión de bases imponibles y traslado de beneficios a otros países de baja tributación impulsada por la OCDE—. Es una respuesta a la elusión fiscal de las multinacionales”.
Un tercio de empresas no se suma a las buenas prácticas
Un total de 10 de las 35 empresas del selectivo español no se ha adherido al Código de Buenas Prácticas tributarias de la Agencia Tributaria, un marco puesto en marcha en 2010 para mejorar la colaboración entre Hacienda y las grandes compañías.
“Uno de los mayores problemas que tenemos cuando iniciamos actuaciones en este tipo de empresas es la falta de confianza mutua”, explica José Luis Groba, presidente de la asociación de Inspectores de Hacienda (IHE). Groba cuenta cómo los actuarios de la Agencia consideran que desde las empresas van a tratar de ocultarles los datos que pueden comprometerles. Y desde las compañías creen que los inspectores de Hacienda buscan cualquier fallo que puedan cometer para aplicar la ley con la máxima contundencia.
Para evitar estas situaciones, mejorar la transparencia, la seguridad jurídica, y mejorar la cooperación recíproca se puso en marcha el Código de Buenas Prácticas y se relanzó en 2015. Hasta la fecha solo 124 de las 4.000 grandes empresas españolas se han sumado a este acuerdo con Hacienda, según los últimos datos actualizados el pasado martes por la Agencia Tributaria. Un total de 25 de las 35 compañías del Ibex integran la lista de las compañías que están dispuestas a colaborar de forma más estrecha con el fisco.
“Hay ciertas dudas sobre este plan. Pero hay que dejarle que vaya cogiendo fuerza. Casi que acaba de empezar”, defiende Groba. Otras fuentes de la inspección explican que hay varias empresas que, aunque se han adherido a este plan, en realidad siguen buscando “atajos y caminos oscuros” para pagar menos impuestos.
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