Sí, pero de otra manera

Hace unas semanas el equipo dirigido por Ignacio Conde-Ruiz y Juan Rubio, investigadores de Fedea, volvía a recordar los problemas del sistema fiscal español que, de hecho, son los principales responsables de nuestro déficit público estructural. Repitámoslo una vez más: el sector público español no gasta más que el de nuestros socios comunitarios, pero sí recauda menos. Lo que vimos la década pasada era artificial.

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El boom inmobiliario llenaba las arcas públicas locales, autonómicas y estatales con impuestos que, en muchos casos, eran pagados con cargo a los generosos créditos hipotecarios que se concedían. Todo eso se acabó y ahora vemos al rey desnudo. Es verdad que existe margen todavía para mejorar la eficiencia en el gasto público; hacerlo debería ser otro objetivo prioritario para las reformas consensuadas y con vocación de mutar marcos institucionales y culturas. Pero sería iluso pensar que podemos contar con un catálogo amplio de servicios públicos de calidad equiparable al de otros países, con una recaudación significativamente inferior.

Es por ello que necesitamos cambios profundos en el sistema fiscal y en su gestión. En esencia y comparándonos con otros países que lo hacen mejor, requerimos cuatro cosas: reducir el fraude y la elusión fiscal; eliminar gastos fiscales y tratamientos especiales que reducen la recaudación y cuya justificación es discutible; revisar todas las figuras impositivas del sistema para corregir los problemas y deficiencias que el paso de los años ha puesto de relieve o que las nuevas circunstancias han vuelto obsoletas; y pensar en nuevos tributos que complementen, sustituyan o permitan suprimir algunos de los actuales.

El resultado de todo lo anterior sería más recaudación, más equidad horizontal; y, si se hace bien, mayor eficiencia (con posibles rebajas en algunos tipos impositivos) y mantenimiento o incremento de la progresividad fiscal. Los cambios tributarios aprobados en los últimos dos meses van en la buena dirección, pero algunos de ellos son víctimas de la improvisación y generan unos efectos negativos que el desarrollo reglamentario debería reconducir.

En particular, las subidas en tabaco y alcohol nos aproximan a la media comunitaria y el impuesto sobre las bebidas azucaradas es una buena iniciativa para enfrentarse al abuso de un consumo muy perjudicial para la salud. Por su parte, los cambios en el impuesto sobre sociedades tratan de limpiar esa maraña de gastos fiscales, pero generan inseguridad jurídica e incertidumbre; y arruinan la planificación financiera de las empresas.

Deberíamos evitar que esto vuelva a suceder. La solución pasa por convertir 2017 en el año de una reforma fiscal ambiciosa, rigurosa y pactada en el Congreso.

Santiago Lago Peñas, es director de GEN (universidad de Vigo)