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Fomento y los estibadores rompen las negociaciones y habrá huelga el lunes

Los sindicatos mantienen el paro los días 20, 22 y 24 de febrero y advierten de que habrá más

Las posiciones eran lejanas antes de comenzar la reunión. En algunos puntos, casi antagónicas. Y así se han mantenido hasta acabar la misma, con la convocatoria de huelga todavía vigente. Posiciones que han provocado que no se haya modificado ni una coma del decreto ley que envió Fomento a los sindicatos y la patronal el pasado jueves. "Hemos intentado amoldar nuestra posición, pero nos hemos encontrado con una posición cerrada del Gobierno", ha asegurado tras la reunión Antolín Goya, que ha hablado como representante de los colectivos sindicales. El secretario de Estado de Infraestructura y Transporte, Julio Gómez-Pomar, ha afirmado que el Ministerio estaba dispuesto a realizar modificaciones en la reforma de ley, pero que no ha habido posibilidad: "Han presentado las mismas propuestas que hace dos años".

Reunión del ministro de Fomento con los estibadores.

La negociación ha acabado como empezó. Las partes llegaban optimistas al encuentro pero han salido contrariadas. La alternativa en este momento, explicada en la reunión por el Gobierno y reiterada en la comparecencia del secretario de Estado, es la negociación entre empresas y trabajadores a través de convenios colectivos. "Las cuestiones que preocupan a los trabajadores se tienen que aclarar en los convenios", ha dicho Gómez-Pomar. Para ello, según el secretario de Estado, el Ministerio de Empleo se ha ofrecido para ejercer de mediador. Los sindicatos, sin embargo, se ven en una posición de inferioridad ante las empresas con este texto legislativo. "Vamos a sentarnos con la patronal, pero el decreto no ayuda", ha admitido Goya, que ha salido de la negociación disgustado: "El Gobierno ha sido incapaz de moverse de su posición inicial". Los paros se mantienen para el 20, 22 y 24 de febrero y tendrán un coste de 50 millones de euros diarios, según la plataforma de inversores en puertos españoles (PIPE).

El principal escollo en todo el proceso de negociación, tanto de esta semana como de los dos últimos años, ha sido la creación de un registro de los trabajadores. Un cambio de modelo que mantendría parte del sistema de funcionamiento actual de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep). Esto es, en la práctica, mantener un sistema de monopolio en el establecimiento y en la contratación de estibadores. En estos momentos, para trabajar en puertos españoles, las empresas tienen que participar de la Sagep y, además, contratar a los estibadores inscritos en la misma.

"Si el registro es lo que imposibilita el acuerdo, nosotros renunciamos a él y aceptamos otra forma de control de los estibadores para garantizar la profesionalidad y el servicio", ha asegurado Goya. El secretario de Estado ha esgrimido que el registro de los trabajadores o una alternativa similar va en contra de la directiva europea. "Estamos obligados a cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", ha reiterado una vez más.

El problema, según los sindicatos, es que el Gobierno se ha mostrado intransigente y solo contempla el decreto ley que tiene sobre la mesa para acabar con este problema enquistado. "Han tenido una posición cerrada y no han entrado al detalle en ninguno de los temas planteados", ha argumentado el secretario general de la Coordinadora estatal de trabajadores del mar (CETM), sindicato mayoritario del sector, que en esta ocasión hacía también de portavoz de UGT, CC OO y CIG, que tienen una representación minoritaria del colectivo. UGT, mediante un comunicado, ha denunciado asimismo la intransigencia de Fomento, lo que a juicio del colectivo ha impedido una solución pactada. Gómez-Pomar, en cambio, ha asegurado que los sindicatos han tenido una posición inmovilista: "El único interés [de los sindicatos] ha sido mantener las Sagep o la creación de un registro de trabajadores similar". 

El decreto ley, al Consejo de Ministros de este viernes

El decreto ley sigue así con la tramitación que adelantó el pasado jueves el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que también ha formado parte de la negociación este martes. El texto se llevará este viernes al Consejo de Ministros y de ahí pasará a la tramitación parlamentaria. El Congreso tendrá un plazo de 30 días para aprobar o desestimar la reforma. Por el momento, el resto de fuerzas no han mostrado una posición clara al respecto y estaban a la espera de ver cómo acababa la negociación con los agentes sociales. Gómez-Pomar, en rueda de prensa, ha pedido responsabilidad y coherencia al resto de fuerzas políticas. "No podemos llevar a España a incumplir una sentencia europea que conllevaría una multa diaria de 134.000 euros", ha zanjado.

En caso de que se apruebe la reforma en el Congreso, para lo que es necesario el apoyo de otras fuerzas, el Gobierno espera que se desestime la sanción acumulada hasta la fecha. Según Fomento, la multa supera ya los 21 millones de euros. Esta sanción viene impuesta por la Comisión Europea, por la inadecuación del sector de la estiba española a las directivas europeas. A esta hoja de ruta de Fomento, la CETM responderá con nuevas convocatorias de huelga: "No vamos a esperar a que llegue la carta de despido a casa. Estaremos obligados a convocar nuevos paros", ha asegurado Goya.

Los sindicatos mantienen asimismo la convocatoria de huelga para el 20, 22 y 24 de febrero. Además, avisan de que habrá más paros durante la tramitación en las Cortes del nuevo decreto ley. "Es nuestra única forma de hacer presión", ha argumentado Goya. El secretario de Estado ha adelantado que este martes se firmará la resolución de servicios mínimos. El sindicato ha asegurado que se garantiza el 50% del trabajo, ya que se trabajarán 12 horas diarias. Además, se han comprometido a realizar el trabajo de productos perecederos y de primera necesidad.

Fomento exige el 50% de servicios mínimos

El secretario de Estado de Infraestructura y Transporte, Julio Gómez-Pomar, ha firmado este martes la resolución de los servicios mínimos para los días de huelga. El Ministerio exige, al menos, el 50% del promedio de rendimiento del último año natural. Además, requiere el 100% de los servicios necesarios que afecten a mercancias perecederas o peligrosas. De esta forma, Fomento intenta garantizar el funcionamiento de los puertos españoles.

Desde la Coordinadora estatal de trabajadores del mar (CETM) aseguran que en el preaviso de huelga ya se garantizaba el 50% de la actividad, así como el total de las cargas y descargas con mercancias perecederas y de primera necesidad. Asimismo, como reiteró en rueda de prensa, el sindicato no apoyará acciones violentas o de sabotaje.

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