Fomento liberalizará la contratación de estibadores en los puertos españoles

El motivo de la modificación de la regulación de la estiba es que existe la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y, además, participar de esta económicamente. Es decir, las empresas que quieren operar en los puertos públicos deben entrar en el capital de las Sagep y están obligadas a contratar solo a sus estibadores. Según el censo de diciembre de 2014, pertenecen a la Sagep 6.156 estibadores —colectivo que gestiona la carga y descarga de mercancía de los buques—, de los que 3.890 están en las secciones de los puertos de Bahía de Algeciras, Valencia y Barcelona.

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El sistema cerrado de acceso a esta actividad suscita polémica, porque la entrada de trabajadores es muy restringida y controlada por Sagep al 100%. Ante la competencia restringida, el salario del colectivo es elevado: 60.000 euros al año, según fuentes de Fomento. Según estas mismas fuentes, con el cambio normativo no se pretende que se precarice la situación de los estibadores, como critican representantes sindicales, aunque se prevé que pierdan fuerza en la negociación colectiva y ya se baraja la posibilidad de una reducción del número de personas que trabajan en la carga y descarga de cada buque. Asimismo, los salarios, al haber más oferta de trabajadores, podrá reducirse con el tiempo.

Con el decreto ley, que no se presentará por vía de urgencia pero sí con la mayor rapidez posible, no será necesaria esta condición de pertenencia a la Sagep y se acabará la existencia de un registro de trabajadores, principal escollo con Europa. De la Serna ha asegurado que han flexibilizado todo lo posible la norma para adaptarse a las exigencias europeas y a las peticiones sindicales y de la patronal.

En la noche de este jueves, el ministro se reunió con empresas y sindicatos para explicar el nuevo decreto. "La patronal entiende la situación y apoya el texto. Los sindicatos, por el momento, están en desacuerdo", ha dicho De la Serna en un encuentro informativo con la prensa este viernes. De hecho, los sindicatos tienen convocadas asambleas durante este viernes y se baraja la opción de convocar paro en los principales puertos de España.

El establecimiento de la nueva ley, en caso de que se apruebe —el Partido Popular no tiene mayoría en el Congreso y necesitará de apoyos parlamentarios—, tendrá un periodo transitorio de adaptación de tres años en el que desaparecerá la obligación de pertenecer a la Sagep para trabajar en la estiba.

La norma, para ajustarse a la sentencia del TJUE, liberalizará el mercado de la contratación de trabajadores. Es decir, las situaciones que prevé el ministerio son que las empresas estibadoras acudan en busca de trabajadores por tres vías: contratación directa, crear empresas temporales en los centros portuarios y a través de las empresas de trabajo temporal. Eso sí, estos empleados tendrán que estar formados profesionalmente con un grado medio o superior de las previstos por la Orden del Ministerio de Fomento o sus equivalentes en otros países de la UE. También será posible acreditar un certificado de profesionalidad habilitante para la estiba de los nueve que reconoce la ley de 2014. Por último, podrán ejercer los trabajadores que acrediten más de 100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de manipulación de mercancías.

"Estamos obligados a realizar este decreto ley para cumplir con la Comisión", ha redundado el ministro de Fomento, que ha añadido que Europa se ha negado a que se mantenga el registro de los trabajadores. Con este cambio también se habilitará la posibilidad de que trabajen en la estiba trabajadores de fuera de España, siempre que cumplan con los requisitos y pertenezcan a la UE.

Compensaciones financieras

Con el objetivo de igualar la posición competitiva de las empresas estibadoras, nuevas o ya existentes, la Autoridad Portuaria se hará cargo del 100% de la indemnización de la finalización de contratos laborales en los casos de contratos vigentes antes del 11 de diciembre de 2014. También se hará cargo de la indemnización en los contratos suscritos por las empresas estibadores con trabajadores procedentes de la Sagep por imperativo general con anterioridad a la misma fecha en que se produjo la condena del TJUE.

Esta financiación no será aplicable para los estibadores que alcancen la edad de jubilación durante los tres años siguientes ni a los que no hubieran mantenido el puesto de estibador de forma continua. La cuantía de la indemnización será de 20 días por año trabajado y Fomento estima que el coste de este medida sea, como máximo, de 350 millones de euros.