Empleo admite que dejó sin gastar 240 millones de Formación en 2015

El Ministerio de Empleo y los agentes sociales llevan a la greña desde hace tiempo a cuenta de los fondos de Formación y su destino. Uno de los capítulos de esta disputa se está desarrollando ante la Defensora del Pueblo. Esta historia arranca cuando la patronal catalana Cecot recurrió al Sindic de Greuges catalán para conocer el destino de los fondos de formación que Empleo recauda por la cuota del 0,7% sobre la base de cotización. Esta institución autonómica, regida por Rafael Ribó, entendió que la petición era un competencia estatal y remitió la reclamación a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

Este organismo pidió información al Ministerio de Empleo, que en su primera respuesta en junio admitió de forma solapada que en ejercicios anteriores parte de lo recaudado se había destinado a otros fines distintos de aquellos para los que se había recaudado. La contestación no satisfizo a Cecot, y a las otras organizaciones patronales y sociales que se adhirieron a la reclamación. Esto llevó a la Defensora a plantear una nueva pregunta por el destino de ese dinero, como adelantó EL PAÍS, con “especial referencia” al ejercicio de 2016.

Empleo respondió el 9 de diciembre del año pasado. En los diferentes escritos que ha enviado a Becerril, a los que ha tenido acceso este diario, el departamento que dirige Fátima Báñez expone que en 2015 quedó un remanente por gastar de 273 millones. No obstante, añade que en 2016 destinó 33 millones de este dinero a la convocatoria de formación que realizó en verano del año pasado. Esta convocatoria estatal de formación ascendió a un total de 250 millones de euros, de los 33 procedían de ese remanente de tesorería del año anterior.

Disputa en tribunales

En el fondo de la disputa entre el Ejecutivo y los agentes sociales subyacen varias sentencias del Tribunal Constitucional que declaraban que los fondos que el Estado recauda para Formación a través de ese 0,7% sobre la base de cotización es dinero finalista. Esto quiere decir que debe gastarse en aquello para lo que se ha recaudado y, en teoría, no puede dedicarse a otros objetivos.

Frente a estos fallos del alto tribunal que esgrimen los sindicatos y las patronales, el Ministerio de Empleo aduce, como hace en la documentación que adjunta a la respuesta de la Defensora, que la ley general presupuestaria le permitía hasta 2015 utilizar este dinero para otros fines y que el remanente podía mezclarse con otros y financiar déficit del Servicio Público de Empleo. Explica que esa norma dictaba el principio de desafectación de todos los ingresos del Estado y que para cambiar este principio habría que elaborar una norma con rango legal, y no valdría el real decreto de 2007 con el que se regulaba el subsistema de formación hasta hace dos años. El Ejecutivo no llega a admitir abiertamente que esto ha sucedido, solo dice que legalmente era posible hacerlo.

La respuesta de Empleo se completa con el cambio que supone la reforma de la Formación en 2015. Defiende este departamento que desde ahora ya es posible cumplir con el concepto finalista de la recaudación de la cuota de formación y gastar en siguientes ejercicios los remanentes de años anteriores. Y para ello cita textualmente la nueva ley de formación.