El Estado bonificará a los camiones para que usen las autopistas de peaje

Fomento tratará de retrasar y minimizar el pago por el rescate de las ocho autovías en quiebra que puede dirimirse en los tribunales

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, antes de comparecer en la Comisión de Fomento del Congreso.
El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, antes de comparecer en la Comisión de Fomento del Congreso.Juan Carlos Hidalgo (EFE)

El Ministerio de Fomento subvencionará a los camiones a través de bonificaciones para que usen las autopistas de peaje en los tramos en los que coinciden con vías convencionales muy saturadas, con el fin de aumentar su tráfico, descongestionar las carreteras y disminuir los accidentes, según aseguró el el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.

La medida ya se aplicó con carácter experimental en seis tramos de varias autopistas durante cinco meses en 2015, con bonificaciones que oscilaron entre un 30% y un 50% del importe del peaje, en función del tramo de la autopista a recorrer. Actualmente, el Estado y la Generalitat de Catalunya aplica bonificaciones para vehículos pesados en dos tramos (Altafulla-Villafranca del Penedés y Villafranca-Martorell) de la AP-7, paralelos a la nacional N-340, que ha supuesto una disminución de los accidentes de más del 70%.

En principio, la medida de las subvenciones no está diseñada expresamente para las ocho autopistas de peaje en quiebra, cuya infrautilización ha sido una de las causas de la bancarrota de las concesionarias privadas que las explotan, y que van a tener que ser asumidas y gestionadas por el Estado con un coste aún por determinar, según aclaró el propio ministro en declaraciones a EL PAÍS.

En este sentido, De la Serna solo se limitó a señalar en el Congreso que tratará de retrasar y minimizar en la medida de lo posible los pagos por el rescate de las vías de peaje, aunque considera difícil la negociación con los acreedores para rebajar la factura de esa nacionalización porque gran parte de la deuda original con los bancos y concesionarias ha sido traspasada a fondos de inversión, -los denominados fondos buitre- que no son favorables a una quita.

Esa difícil negociación hace augurar a De la Serna que el coste del rescate para el Estado puede ser “objeto de litigio en los tribunales”, aunque indicó que el pago no supone un problema urgente porque sólo se tendrá que acometer a medida que se produzca el proceso de liquidación de cada una de las vías, y se resuelvan los contratos con las concesionarias.

ACS no será indemnizada por el túnel del AVE

El Estado no indemnizará a ACS y Eiffage por la rescisión del contrato de concesión del túnel de Pertús que une España y Francia por AVE bajos los Pirineos, según indicó el titular del Departamento, Íñigo de la Serna.

El ministro indicó que la causa de la rescisión del contrato es el "incumplimiento" por parte de las dos constructoras integrantes de TP Ferro, la sociedad concesionaria, por lo que no le corresponde indemnización alguna.

La concesionaria pide una compensación de 485 millones de euros por la rescisión del contrato anticipado y mantiene un pleito por este pago. TP Ferro empezó a operar la línea en diciembre de 2013 y perdió 134 millones de euros hasta finales de 2015, con una deuda de 395 millones.

El Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes, acordó rescindir este contrato a tras la quiebra de TP Ferro. El ministro de Fomento firmó en la mañana de este lunes en París el acuerdo y el contrato por el que la nueva sociedad pública se hará cargo de la conexión transfronteriza. Se denominará Línea Figueras-Perpignan (LFP) y tendrá su sede en Madrid.

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La cuantía de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por la que el Estado debe asumir las inversiones realizadas y no recuperadas por parte de las concesionarias es el primer nudo gordiano al que se enfrenta el Gobierno. Las empresas cifran ese rescate en 5.000 millones de euros, pero el Gobierno quiere reducir la factura a la mitad, negociando con los acreedores una importante quita.

Montoro quiere que cueste la mitad

El más interesado en que se realice esa negociación con éxito es el Ministerio de Hacienda cuyo titular, Cristóbal Montoro, dejó caer la semana pasada en los pasillos del Congreso, a preguntas de algunos  periodistas, que la factura del rescate, tras esas quitas, será de en torno a 2.000 millones de euros. Pero no parece que los fondos de inversión, que han comprado la deuda a los bancos con importantes descuentos a la espera de las indemnizaciones, estén por la labor de aceptar esas quitas

“Es un procedimiento judicial, no existe decisión política, sino que estamos sometidos a la situación en que se encuentran estas autopistas, que están ya en un proceso de liquidación. (…) Se llegue o no a un acuerdo con los actuales propietarios lo que tenemos que hacer es trabajar para que la afección al conjunto de los ciudadanos sea el mínimo posible, aunque reconoció que es "francamente difícil llegar a un acuerdo", dijo el ministro.

Las ocho concesiones en concurso de acreedores son las Radiales de Madrid 2, 3, 4 y 5, la M-12, la AP-41, la AP-36 y dos tramos de la AP-7 (Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante). Solo las radiales 3 y 5 tienen fecha de liquidación (el 1 de julio de 2017). El resto está pendiente de las resoluciones judiciales.

De la Serna indicó que la causa de la quiebra de las autopistas se ha debido tanto por la caída del tráfico (45% entre 2008-2012) como por el sobrecoste de las expropiaciones, que ha sido de 2.200 millones frente a los 400 millones previstos.

Billetes baratos para el AVE

El plan de incentivos para usar infraestructuras con baja ocupación también se trasladará al AVE, con medidas para que el billete sea "accesible" a todos los ciudadanos, "especialmente para los jóvenes",

y potenciará la venta de billetes combinados, esto es, que sirvan para viajar en tren y autobús, o en tren y avión, según De la Serna.

Las tasas aeroportuarias, en 2017

El Documento de Ordenación de Regulación Aeroportuaria (DORA) que fijará las tasas aeroportuarias para los próximos cinco años (2017-2021), no se aprobará antes de que acabe el año, tal y como estaba previsto tanto por Aena como por las compañías aéreas.

El Ministerio de Fomento apurará los plazos para la aprobación de estas tarifas que deben estar en vigor el 31 de marzo de 2017. El titular del departamento, Íñigo de la Serna, indicó en el Congreso que, en las próximas semanas se convocarán los comités de organización aeroportuaria para que Aena presente su propuesta, antes de su aprobación y dentro de este proceso, que contempla la revisión de los planes directores de los aeropuertos para adaptarlos a las necesidades en función de la demanda prevista. Con ese calendario, no será posible que el Consejo de Ministros apruebe el DORA antes de que acabe el año.

Aena propone congelar las tasas aeroportuarias para el periodo 2017-20121 respecto a las vigentes en 2016, frente a la reducción del 2,59% anual que reclaman las aerolíneas ante la mejora de las previsiones del tráfico aéreo.

Sobre la firma

Ramón Muñoz

Es periodista de la sección de Economía, especializado en Telecomunicaciones y Transporte. Ha desarrollado su carrera en varios medios como Europa Press, El Mundo y ahora EL PAÍS. Es también autor del libro 'España, destino Tercer Mundo'.

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