12 comunidades piden reformar la garantía juvenil para llegar a más beneficiarios

Una docena de comunidades autónomas han pedido cambios significativos en el programa de Garantía Juvenil. La principal reclamación que hacen es que sea el Servicio Público de Empleo Estatal quien se encargue de controlar las altas de quienes participan en el programa. El objetivo es ampliar el número de beneficiarios de un programa que cuando se creó, en verano de 2014, tenía casi 900.000 posibles destinatarios y dos años y medio después cuenta con prácticamente 400.000 con datos del pasado 8 de diciembre.

Desde que se creó la Garantía Juvenil, la inscripción de los beneficiarios no se realiza en los servicios públicos de empleo –estatales o autonómicos- sino que se creó un fichero específico para ello. Esto ha lastrado el potencial impacto del plan, en opinión de los consejeros de Empleo que se han reunido en el Congreso de los Diputados durante esta mañana (Cataluña, Castilla-La Mancha, Cantabria, Baleares, Andalucía, Asturias, Canarias, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana) a los que se adherían País Vasco y Aragón, que no estaban presentes en el encuentro.

El consejero de Empleo balear, Iago Negueruela, que ha oficiado de portavoz del grupo, ha resumido con números de su comunidad lo que podría suponer el cambio que reclaman. “En Baleares tenemos 4.000 inscritos y en las oficinas del servicio público hay 12.000 que podrían estarlo”, ha lamentado.

Por su parte, el secretario general de Empleo de la Junta de Andalucía, Julio Coca, ha puesto énfasis en que a los jóvenes “no se les permite que hayan trabajado en los 30 días previos a la inscripción o que hayan realizado un curso de formación de más de 40 días en los últimos tres meses”. También la consejera catalana de Trabajo, Dolors Bassa, ha sido dura con el Ejecutivo central. Ella ha explicado que en junio envió una carta al Ministerio de Empleo porque la Garantía Juvenil era “un desastre”. “La respuesta fue nula”, apostilló.

Los consejeros reunidos también han cargado contra Empleo porque los 1.800 millones de euros que la Administración central les transfiere para políticas activas de empleo se aprobaron el viernes pasado en el Consejo de Ministros. "Supone que las comunidades financian las políticas del Estado, que tienen que ser pagadas por el Estado, cuando además te ahogan con limites de déficit y cuando el ministro Montoro se permite decirnos qué recortes tenemos que realizar", ha declarado Negueruela.