Alemania deberá indemnizar a las eléctricas por el apagón nuclear

Tras el accidente nuclear de Fukushima (Japón), la decisión que adoptó el gobierno alemán, el 30 de mayo de 2011, de convertir al país en la primera gran potencia industrial que abandonara la energía atómica fue conforme a la ley, pero tendrá un coste para las arcas públicas en forma de indemnización que aun está por definir. A esta conclusión llega el Tribunal Constitucional alemán, que este martes señaló que aprobar el cierre anticipado de las nucleares no viola las leyes vigentes, pero avala el derecho de las compañías eléctricas a recibir una "compensación adecuada" por las pérdidas derivadas del apagón nuclear, que tendrá lugar el año 2022.

La sentencia de la máxima instancia jurídica del país pone fin, por el momento, a un litigio en que el estaban en juego hasta 19.000 millones de euros si se cumplen las peticiones de Eon, RWE y Vatenfall al Gobierno, al que acusaron de violar la constitución por haber llevado a cabo una expropiación ilegal de sus propiedades. La cifra de la indemnización, en todo caso, no ha sido fijada todavía.

El tribunal ha tardado casi nueve meses en dictar una sentencia y el veredicto, que fue dado a conocer este martes, fue casi salomónico. Según los jueces, la ley que hizo posible el apagón nuclear en Alemania fue acorde con la Constitución germana, que estable en el artículo 14 que las expropiaciones podrán ser efectuadas solo por ley o en virtud de una ley que establezca el modo y el monto de la indemnización. Pero los tres consorcios obtuvieron un importante triunfo parcial. Los jueces del TC no mencionaron cifras, y solo señalaron que Eon, RWE y Vatenfall tenían derecho a recibir una "compensación adecuada". Sea lo que sea eso.

Así, el fallo emitido por el Tribunal no supone la concesión automática de una compensación económica a las empresas, pero obligará a los legisladores a aprobar una nueva regulación antes del 30 de junio de 2018. Al menos pone límite a la espera de las eléctricas.

Aunque las tres compañías nunca buscaron dejar sin efecto la medida del Gobierno, que fue aprobada por el Bundestag en mayo de 2011, señalaron en su momento que el apagón nuclear, además de representar una expropiación ilegal, les ocasionaría pérdidas millonarias. Eon, por ejemplo, exigió el pago de 8.000 millones de euros, RWE pidió una indemnización de 6.000 millones y Vatenfall una compensación de 4.700 millones. Las tres compañías también exigieron al Gobierno que les devolviera los impuestos que han tenido que pagar por el concepto de varillas de combustible nuclear y que asciende a unos 6.400 millones de euros.

La decisión de Merkel

El juicio que llegó a su fin este martes en Karlsruhe tiene su origen el 11 de marzo de 2011. Ese día, Angela Merkel se levantó de su cama como una apasionada defensora de la energía nuclear, pero en menos de 48 horas se convirtió en la principal abanderada del movimiento ecologista alemán, tras anunciar que su Gobierno volvería a revisar su política atómica.

Las consecuencias del terremoto de nueve puntos en la escala de Richter que azotó a Japón ese día y el tsunami que acabó con la vida de miles de personas y destruyó el reactor nuclear de Fukushima, impactaron a la canciller, una mujer pragmática, y le convencieron de poner en marcha un delicado proceso político que fue bendecido por el Bundestag dos meses después.

"Los acontecimientos en Japón suponen un cambio radical en la historia del mundo tecnificado y las fugas radioactivas, como consecuencia del terremoto y posterior tsunami, demuestran que la energía atómica no está preparada para hacer frente a la violencia natural", dijo Merkel, al justificar un giro radical de su Gobierno, que en 2010 había dejado sin efecto una media similar aprobada por el gobierno de Gerhard Schröder en el año 2000.

Una desconexión total en 2022

Cuatro días después de la tragedia en Japón, Merkel anunció el cierre temporal de siete plantas nucleares que operaban antes de 1980 y ordenó la creación de una comisión para realizar una revisión de las 17 plantas nucleares en activo en ese momento. El informe fue demoledor. Ninguna de las centrales, según la Comisión, estaba protegida para resistir un ataque terrorista aéreo como el que destruyó las torres gemelas en Nueva York y siete de ellas eran incapaces de resistir un ataque con una avioneta pequeña.

El 30 de mayo de 2011, el gobierno acordó, tras una reunión que duró doce horas, clausurar de inmediato siete plantas nucleares, autorizo que las tres centrales más modernas pudieran seguir funcionando hasta 2022 y los siete reactores restantes serán desconectados en el curso de 2021.