Necesitamos recursos

Necesitamos más recursos para financiar nuestro gasto público y reconducir el déficit a un nivel coherente con la actual coyuntura de la economía española. Tras tres años de crecimiento sustancial, un desequilibrio cercano al 5% del PIB español no lo es. Sin discusión posible.

Es un mito que nuestro volumen de gasto público sea excesivo si atendemos a lo que observamos en los países de nuestro entorno. Gastamos en casi todo menos que la media de los países de la Unión Europea y de la OCDE, al tiempo que la cartera de servicios públicos pretende ser similar. Es verdad que podríamos hacer las cosas mejor: analizar la rentabilidad social de inversiones y la eficiencia de los programas que se ejecutan, experimentar antes de hacer cambios radicales, o innovar más en la forma en la que se prestan los servicios.

Pero ese es otro debate. La realidad es que recaudamos poco en términos comparados. No tanto porque los tipos impositivos estén por debajo de otros países, sino por el efecto combinado del fraude y de los “gastos fiscales” (bonificaciones, deducciones en cuota, etcétera). La mayoría de los estudios comparados confirman la existencia de una mayor economía sumergida y evasión fiscal, y una mayor relevancia de los gastos fiscales.

Lo anterior nos da pistas sobre lo que cabe esperar del urgente plan de ajuste fiscal para 2017 y sobre la perentoria reforma integral del sistema que debería llegar pocos meses después. En cuanto a los tipos impositivos, el mayor margen a corto plazo se encuentra en los tributos sobre consumos específicos (hidrocarburos, alcohol y tabaco). Y pensando en la reforma integral, aparece la llamada “imposición verde”, que persigue recaudar al tiempo que incentivan el cuidado al medio ambiente.

En el IVA los tipos se sitúan en el entorno de la media, si bien una mayor proporción de bienes y servicios disfrutan de tipos reducidos, lo que genera que el tipo efectivo esté por debajo de la media. Sobre la economía sumergida y el fraude, necesitamos elevarlo a rango de lacra social, dotar de más recursos a la administración y revisar la estrategia de lucha contra el fraude. Finalmente, toca eliminar bonificaciones y tratamientos especiales en el conjunto del sistema tributario, incluyendo las bonificaciones en las cotizaciones sociales.

Santiago Lago Peñas. Director de GEN (universidad de Vigo)