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El Gobierno negocia con Ciudadanos endurecer el Impuesto de Sociedades

Las conversaciones se complican porque Hacienda todavía no ha puesto cifras a las medidas

El presidente Mariano Rajoy y el ministro de Economía, Luis de Guindos, insisten en que el Gobierno no subirá ni el IVA ni el IRPF. Sin embargo, en las conversaciones con Ciudadanos sí que hay un consenso por las dos partes para endurecer el Impuesto de Sociedades, tapando los agujeros por los que se escapan muchos ingresos. La reforma del tributo permitiría recaudar más con un daño político mínimo. Pero la concreción de estos cambios tributarios se complica porque Hacienda todavía no ha entrado en las reuniones para calcular los efectos, según confirman fuentes cercanas a las negociaciones.

Impuesto de sociedades
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, conversa con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. EFE

Aunque todavía sea de una forma preliminar, Gobierno y Ciudadanos han puesto el foco sobre el Impuesto de Sociedades en sus intercambios de ideas. La formación naranja siempre ha considerado que se podrían sacar de este tributo unos 3.000 millones más, tal y como se plasmó en el acuerdo que firmaron con el PP para prestar su respaldo a Rajoy. Y fuentes próximas a las conversaciones admiten que se están examinando diversas fugas de recaudación que existen en la tributación de las empresas.

Según explican estas fuentes, se vislumbra un consenso para limitar las compensaciones de pérdidas de otros años. De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, las empresas con beneficios se compensaron bases negativas de ejercicios anteriores por valor de 20.000 millones de euros. Eso supone unos 5.000 millones menos de recaudación. Tan sólo habría que endurecer lo que se pueden desgravar por este concepto para exprimir una cantidad sustancial de ingresos.

También se han mencionado otros puntos controvertidos, como la deducción de gastos financieros, que permite desgravarse inversiones realizadas en otros países. O las exenciones a beneficios generados en el extranjero, los cuales han gozado a veces de una baja tributación. Sin embargo, Hacienda todavía no se ha involucrado en las negociaciones, lo que hace imposible cerrar nada, según explican las citadas fuentes.

Y precisamente ese hecho está dificultando todo el proceso de diálogo entre Gobierno y Ciudadanos para tener listo un paquete de medidas que hay que presentar en Bruselas a principios de diciembre. Ciudadanos intenta que los compromisos que suscribieron con el PP a cambio de apoyar a Rajoy se incluyan en los planes presupuestarios. Pero eso se antoja bastante difícil de cuadrar en las cuentas al tiempo que se satisfacen las exigencias de Bruselas. Según los números del partido naranja, se podría aumentar el gasto social en 5.000 millones a la vez que se consiguen otros 5.000 millones de ajuste para compensarlo vía impuesto de sociedades, eliminación de duplicidades y persecución del fraude fiscal. Bastaría con el crecimiento del PIB y unos 3.000 millones de ajuste para cumplir con las metas de austeridad impuestas por la UE. El Gobierno tendría que buscar esos ingresos en otra parte, fundamentalmente subiendo impuestos verdes, tabaco, bebidas azucaradas o, incluso, el alcohol.

Conversaciones a ciegas

Las habituales disfunciones entre Economía y Hacienda están obstaculizando el acuerdo con el partido presidido por Albert Rivera. Los contactos de Ciudadanos con Guindos transcurren en buena sintonía. Sin embargo, faltan los cálculos de Hacienda para poder cerrar el paquete de medidas.

Para colmo, la incorporación tardía de los nuevos secretarios de Estado está ralentizando todo. “A falta de números, emana un optimismo que parece infundado. Se antoja difícil alcanzar el objetivo de déficit y hacer tantos desembolsos”, subraya una fuente cercana a la negociación. 

Por el contrario, el Gobierno se aferra al pacto que rubricó con Ciudadanos para argumentar lo contrario: en primer lugar, hay que acordar las reformas que puedan generar recursos. Luego, se estimará lo que se podría ingresar y, finalmente, entonces sí, se podrían aprobar algunos de los programas de gasto que quiere Ciudadanos, como el complemento salarial. Al menos esa es la línea que adoptan altos cargos del Gobierno. “El acuerdo contempla un asterisco que impide comprometer gastos si no se cumple con el déficit”, recuerda una fuente del entorno del Ejecutivo.

Y las negociaciones se ponen aún más intrincadas debido a la estructura con la que se están desarrollando. Por un lado, Guindos se encarga de las conversaciones con Ciudadanos. Por otro, Montoro y su equipo llevan una semana encerrados solos en el Ministerio estudiando medidas.

El Gobierno se muestra reacio a tocar las Diputaciones porque dice que dan servicios públicos a localidades pequeñas. Hacienda rechaza subir la tributación de los carburantes por la contestación que podría generar. En cambio, admite la posibilidad de reformar el impuesto del tabaco porque hay una sentencia europea que le obliga. También reconoce la posibilidad de gravar las bebidas azucaradas. Pero aduce que se hace por cuestión de salud pública y no para hacer caja. Sólo se revisarán los productos con consecuencias negativas para la salud, el medioambiente o la actividad económica, conceden fuentes gubernamentales.

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