La Defensora del Pueblo pide a Empleo que aclare el destino de fondos de formación

Becerril quiere saber si se ha empleado dinero de formación para pagar prestación

La Defensora de Pueblo, Soledad Becerril, con el anterior presidente del Congreso, Jesús Posada
La Defensora de Pueblo, Soledad Becerril, con el anterior presidente del Congreso, Jesús Posada Efe

La Defensora del Pueblo quiere saber si el Ministerio de Empleo ha gastado en formación todo el dinero que ha recaudado en los últimos años para ello. Por eso le ha preguntado a cuánto asciende la cantidad no gastada y si ha sido consumida en años posteriores. Así se lo cuenta en un escrito de cuatro páginas la institución que dirige Soledad Becerril a Cecot, una patronal catalana de pymes, que le pidió que investigara si el Ejecutivo había utilizado el dinero recaudado para formación en eso, ya que son unos recursos que tienen carácter finalista.

Las reclamaciones de Cecot, a las que se han adherido otras organizaciones sindicales y empresariales, por los fondos de formación vienen de largo. Comenzaron en Cataluña, ante el Sindic de Greuges, Rafael Ribó. Este envió el caso a la Defensora del Pueblo al entender que excedía las competencias autonómicas. En la respuesta del Ministerio de Empleo a Becerril, recogida en un escrito del 6 de junio por la Defensora, se reconoce que los “ingresos del Estado (como es la cuota de formación profesional)… se destinan a cubrir la totalidad de sus gastos sin distinción alguna”.

Esto se debía, argumenta Empleo, a que las normas existentes preveían “expresamente la posibilidad de utilizar los fondos de la cuota de formación profesional para el empleo para financiar otros programas o servicios de políticas activas no incluidas en el sistema de formación”. Lo que provocaba, señala el Ejecutivo, “gran incertidumbre” en la financiación de la formación. Además, añadía que la reforma que se hizo en 2015 de la norma había resuelto el problema.

Estos argumentos no sirvieron a Cecot que ante la admisión implícita por Empleo de que el dinero no se destinaba en su totalidad al fin para el que se había recaudado reclamó ante la Defensora que exigiera más información a Empleo y que acudiera a la Fiscalía por las posibles irregularidades.

Un dinero con vocación finalista

Son varias las sentencias del Tribunal Constitucional que fallan que la recaudación para formación es finalista. Dice que estos recursos no forman parte del sistema de la Seguridad Social, aunque lo recaude ella (el 0,7% de la base de cotización) y, por tanto, no está integrado “en su caja única”. También el Tribunal de Cuentas abunda en esto: lo considera “ingreso afectado, cuya finalidad específica debe ser en su totalidad la financiación de las iniciativas de formación”.

Su argumento se basa en varias sentencias del Tribunal Constitucional que fallan que la cuota de formación es un dinero recaudado para un fin exclusivo y que no puede destinarse a otra cosa, es decir, tiene un destino finalista.

La Defensora en su respuesta, que salió del organismo el pasado 25 de octubre y a la que ha tenido acceso este diario, rechaza acudir a la Fiscalía porque “no le corresponde” a esa institución. También descarta recurrir la norma de 2015 ante el Constitucional.

En cambio, sí que reclama información sobre el destino de los “remanentes de crédito destinados al sistema de formación profesional [...] no gastado en ejercicios anteriores y si han sido efectivamente aplicados en su totalidad a los ejercicios siguientes”. Esta solicitud tiene “especial referencia” en el ejercicio 2016.

Empleo no ha respondido a la petición de este diario para dar su versión sobre la reclamación de la Defensora. Este año, por primera vez, el Gobierno sí que ha destinado dinero no gastado en 2015 a la convocatoria de formación que abrió el pasado verano, que fue completamente abierta a la libre concurrencia. En concreto fueron 32 millones.

Para hacerlo, la Secretaría de Estado de Empleo creó un fondo en el que todos los años irá acumulando lo recaudado para formación y que no vaya a otros destinos. A pesar de esta iniciativa, desde CC OO se calcula que estos 32 millones no son todos los recursos sobrantes de formación que hubo en 2015.

Sobre la firma

Manuel V. Gómez

Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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