Se aplaza por tercera vez el control de CaixaBank en BPI

A la tercera será la vencida, o no. Por segunda vez, argucias legales lograron aplazar la asamblea del BPI para acabar con el límite de los derechos de votos. Esta condición es fundamental para que CaixaBank siga con la opa sobre el 55% del capital que aún no controla.

La presidencia de la asamblea del banco, reunida en la mañana del martes en Oporto, acordó aplazar la reunión hasta el 21 de septiembre, cuando ya debería habar una decisión judicial sobre las providencias cautelares pedidas por la familia Violas, primer accionista portugués del banco con el 2,7%.

En esta ocasión fueron los propios representantes de CaixaBank quienes propusieron el aplazamiento de 15 días, en la esperanza de que el juez emita su fallo en este tiempo. El anterior aplazamiento fue el 22 de julio. En la próxima reunión no se podrán añadir propuestas ni representación. A esta asamblea asistió el 80,2% del capital, por lo que Caixabank necesita conseguir el 60% de los votos para acabar con la limitación del derecho de voto.

La eliminación del límite de los derechos de votos es fundamental para que CaixaBank siga adelante con su opa. El banco catalán, aunque posee el 45% de las acciones, tiene unos derechos de voto del 20%, el máximo, igual que la angoleña Isabel Dos Santos (dueña de Santoro y el banco BIC) con el 20,9% de las acciones.

Al estar los dos principales accionistas enfrentadas y exigirse los dos tercios de voto para cambios estatutarios, el banco lleva dos años en una parálisis estratégica, a la que se ha sumado la amenaza de multa del BCE por el exceso de riesgo en Angola.

En el país africano, BPI tiene el 50,1% del Banco de Fomento de Angola, y el resto es propiedad de Isabel Dos Santos. De allí procede el 75% de los beneficios del BPI, pero un cambio de normas del BCE obliga a reducir el riesgo del BPI allí si no quiere ser multado con miles de millones de euros. El plazo para adaptarse a la norma acabó en abril, pero el BCE otorgó una moratoria de cuatro meses al conocerse que estaba en trámite la opa de CaixaBank.

El 21 de septiembre se decidirá si el banco catalán sigue o no con su opa sobre BPI

Al no llegar a un acuerdo entre CaixaBank y Dos Santos, El Gobierno de António Costa promulgó una ley para que todas las entidades financieras con limitación de votos en sus estatutos sometieran el fin de ese elímite en una asamblea general. En esa votación, que BPI ha intentado por dos veces, se necesitan también dos tercios del capital representado en la asamblea pero cada acción cuenta como un voto, es decir, CaixaBank tiene exactamente el 44,8% de los votos, y no el 20% como hasta ahora.

Dos Santos se opuso abiertamente a esa ley, que calificó como una afrenta a Angola; tampoco gustó al primer accionista portugués del banco, la familia Violas (2,7%); pero el apoyo de Allianz (8%) y otros accionistas menores podría bastar para acabar con el límite de los derechos de votos. Habrá que esperar al 21 de septiembre para saber si CaixaBank consigue el respaldo del 60%.

Es la segunda oferta de opa de Caixabank en un año. La primera, a 1,3 euros la acción, fue rechazada por el mismo consejo de administración, mientras que la de este abril, a 1,113 euros, ha recibido la aprobación del consejo pese a la rebaja, justificada por el deterioro del negocio del sector bancario y la caída de cotizaciones.

En medio de la tensión CaixaBank-Dos Santos, el banco catalán otorgó un crédito de 400 millones de euros a Angola, país que preside desde hace hace 36 años el padre de Isabel Dos Santos, un hecho que, en principio, se interpretó como un acercamiento de posiciones entre los dos bandos.