Navarra estudia crear un banco público tras desaparecer su caja

En octubre del año 2012, dos meses y medio después de firmar la compra de Caja Navarra, CaixaBank anunciaba la completa integración de la antigua caja de ahorros en el entramado financiero catalán. Desaparecían las tarjetas Clave y los números de cuenta comenzados por 2054 para integrarse en el resto de productos de Caixa y asumir la numeración 2100. Integración que afectó a casi el 40% de los usuarios de banca de la comunidad foral y que dejó desconcertada a la gran mayoría de ellos.

Entonces, el expresidente navarro, Miguel Sanz (UPN), que había unido su cargo a la presidencia de la entidad hasta 2010, instaba a la firma compradora a “quitarse la camiseta del Barça y ponerse la de Osasuna”, el equipo local de fútbol, a la hora de tratar las demandas de sus clientes navarros. Caja Navarra pertenecía, teóricamente, a sus impositores, aunque el gobierno foral ostentaba el protectorado sobre ella.

“Cuando desapareció Caja Navarra todos echamos de menos y sufrimos en nuestras carnes su desaparición y la función que cumplía”, argumenta el actual vicepresidente económico, Manu Ayerdi, para justificar la decisión del ejecutivo que preside Uxue Barkos (Geroa Bai) de licitar la contratación de un informe independiente sobre la posible creación de una banca pública en la comunidad.

La desaparición de Caja Navarra fue uno de los argumentos más debatidos en la campaña electoral que hace un año llevó a Barkos a la presidencia y el acuerdo programático entre los cuatro partidos que la apoyaron (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) recogía el compromiso.

El Ejecutivo es, por ahora, muy cauto a la hora de definir su posición sobre la viabilidad y formato que tendría esa idea. El vicepresidente Ayerdi reconoce a EL PAÍS que esperan el informe “con la mente abierta” y han preparado un condicionado para que ese documento sea “concienzudo” y analice perspectivas de mercado, posibilidades legales y capacidad presupuestaria de la comunidad para poner en marcha la idea.

El gobierno cita ejemplos como la banca pública regional de Alemania, que supone el 20% de su sistema financiero, la entidad italiana Finlombarda o la finlandesa Kuntarahoitus Oyj. El informe también estudiará las experiencias de los institutos de finanzas autonómicos creados en Euskadi, Cataluña o Valencia.

Criterios profesionales

La redacción del informe, presupuestada en 50.000 euros, la adjudicará el consejo de la Corporación Pública Empresarial (CPAEN) a principio de septiembre y está previsto que esté terminado en diciembre. Con ese informe realizado “con criterios de independencia y profesionalidad”, según Ayerdi, llegará el turno de la política. “Habrá que debatir mucho”, reconoce el vicepresidente. No será fácil ya que Podemos ha criticado incluso el condicionado para redactar este informe. Su secretaria general, Laura Pérez, teme que “quede en manos de perfiles profesionales parecidos a los responsables del fin de Caja Navarra”.

Se añade a las críticas de algunos sindicatos que consideran que no permiten que participen en el concurso para redactar el informe de organizaciones sociales que trabajan en el campo de las finanzas éticas. Críticas que comparte el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, aunque confía en que sean atendidas por la administración Barkos. Araiz reconoce a EL PAÍS que es consciente de que la banca pública “va a ser un camino largo”. La coalición abertzale tiene claro que su modelo de referencia es “el espíritu de la antigua Caja Navarra, que captaba el ahorro de las familias para financiar proyectos de empresa y sector público”. EH Bildu insiste también en la investigación parlamentaria sobre las razones de la desaparición de la caja de ahorros, que se retomará en septiembre.

El papel de los cargos públicos en la gestión de Caja Navarra fue uno de los aspectos más polémicos de su final. Hasta 2010 la presidencia del gobierno llevaba aparejada la presidencia de la Caja y el Parlamento designaba representantes en el consejo de administración.

Especialmente debatida fue la creación después de la Junta de Entidades Fundadoras, en la que se sentaban cargos de UPN y PSN. No tenía ninguna función ejecutiva, sino meramente consultiva, pero sus remuneraciones estaban fijadas en 1.700 euros por cada una de las reuniones, que se encadenaban en dos o tres en un mismo día. En el caso del presidente del gobierno, la dieta era de 3.500 euros. El vicepresidente Manu Ayerdi asegura que, si hay una nueva entidad, sus órganos se establecerán “con rigor y seriedad”.

Caja Navarra no sobrevivió a la crisis que acabó con la gran mayoría de las cajas de ahorro. Tras integrar en 2011 mediante el Sistema Institucional de Protección (SIP) el proyecto Banca Cívica junto a Caja Sol, Caja de Burgos y Caja Canarias, en marzo de 2012 CaixaBank anunciaba su compra por 120 millones.