Infraestructuras necesarias

El conjunto de la economía mundial necesita de impulsos inversores que, además de propiciar el crecimiento económico y del empleo, sienten las bases para aumentos de la productividad empresarial. En determinadas economías esa necesidad es absolutamente prioritaria en su materialización en destinos básicos como son las infraestructuras. Es el caso de América Latina, donde el crecimiento a largo plazo está ahora más amenazado que en las dos décadas precedentes.

Esas carencias en todo tipo de infraestructuras no son precisamente una novedad. Desde mucho antes de la fase expansiva en la demanda de materias primas que acaba de concluir, la región definía dos obstáculos básicos para su desarrollo a largo plazo: la elevada desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza, por un lado, y la insuficiente dotación de cualquier forma de capital, físico, tecnológico y humano, por otro. En las dos últimas décadas ese tipo de inversión no ha superado en media el 3% del PIB en el conjunto de la región, una proporción muy inferior a la de la mayoría de las economías emergentes, desde luego las asiáticas. Las clases dirigentes de esos países han hecho oídos sordos a las recomendaciones que desde hace décadas vienen formulando las organizaciones multilaterales, la CEPAL entre ellas. Además del transporte, la región sigue adoleciendo de insuficientes inversiones en telecomunicaciones, energía o sanidad.

Ahora, con la demanda de materias primas debilitada, los precios reducidos y los flujos de capital extranjero más reticentes, el crecimiento económico de la región seguirá siendo bajo. Tras la contracción del año pasado y este, la expansión del PIB del conjunto de las economías latinoamericanas no superara el 1,6% el año que viene. Tendrá lugar en un contexto de mayor inestabilidad financiera, poco favorable para la asimilación del elevado endeudamiento empresarial y del deterioro de las finanzas públicas en las principales economías de la región. Un entorno, en definitiva, poco propicio para eliminar ese cuello de botella que para el desarrollo de la región constituye la ausencia de infraestructuras suficientes. No solo las más sofisticadas, sino las más elementales y esenciales para el transporte de personas y de mercancías, para conectar a las economías nacionales y aumentar el crecimiento potencial de la región.

Desde compromisos reformistas suficientemente vinculantes para los gobiernos, las instituciones multilaterales, desde luego el BID y el Banco Mundial, deberían cofinanciar proyectos de inversión con el concurso del capital privado, de dentro o fuera de la región, que permitan sentar las bases de un renovado crecimiento. Avanzar en convergencia real, en PIB por habitante, con el resto del mundo exige, además de sistemas fiscales suficientemente eficaces, de inversión pública sostenida en dotaciones de capital físico y humano que propicien la necesaria modernización económica del conjunto de América Latina. La nuevas inversiones no deberían bajar del 5% del PIB promedio, desde los niveles inferiores al 3% actuales. Sin una intensidad inversora tal, sin las consecuentes posibilidades logísticas, los nuevos acuerdos comerciales como la Alianza del Pacífico, o las cercanas relaciones de algunas economías con China apenas generaran mayor crecimiento potencial, no se traducirán en ganancias de prosperidad. Las ventajas de la participación en la dinámica de globalización, en definitiva, volverán a ser un mero espejismo para la mayoría y con él la necesaria estabilidad social y política de una región en la que el 28% de la población está sumida en la pobreza, según la OCDE, y una parte no menos significativa de su economía sigue moviéndose a sus anchas en la informalidad, sin cumplir las más mínimas exigencias fiscales.