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Inquietante

Los partidos no pueden permitirse mantenerse en la inacción y en la negatividad ante el déficit público

El último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)— el organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas— prevé un déficit público por encima del 4% del PIB en 2016; cerca incluso del 5% si no se adoptan rápidas actuaciones ya. La causa fundamental de este nuevo desajuste es la relajación en el control presupuestario que comenzó en 2015 y que, sin duda, tiene mucho que ver con la celebración de elecciones, en una suerte de déjà vuque nos evoca lo ocurrido a finales de 2011.

La diferencia fundamental es que entonces estábamos en plena recesión y en la actualidad estamos en medio de una expansión fiscal notable. Entonces tenía fundamento pedir a la Comisión Europea apoyo y aplazamientos a la hora de volver a la meta del 3% de déficit; hoy nos debería preocupar enormemente la posibilidad de que el crecimiento económico se frene, por los diversos riesgos en el escenario internacional y porque nuestro entorno inmediato parece condenado a un crecimiento a tasas muy bajas según los estándares de los últimos setenta años. Si esa posibilidad se concreta, el déficit volvería a remontar a niveles insostenibles, con una deuda pública ya en un nivel muy elevado.

Y el problema no se soluciona a golpe de cierre de ejercicio o improvisaciones fiscales que alteran de forma importante la planificación financiera de las empresas. Necesitamos ir mucho más allá, con lo que ello implica para el reparto de las cargas fiscales o los servicios públicos y los diversos programas de rentas, incluidas las pensiones.

Frente al menú fiscal del Gobierno anterior (rebajas fiscales y caída del gasto público) deberíamos encontrarnos con soluciones más equilibradas y ambiciosas en lo institucional, que profundicen en la reforma tributaria y del gasto, que combatan el fraude fiscal con mayor intensidad, introduzcan la evaluación sistemática de la rentabilidad social de las políticas públicas, opten por el ensayo previo de los cambios para evitar errores como la muy desenfocada reforma local…

En definitiva, perdidos cuatro años para las reformas de fondo de nuestro sector público, deberíamos aprovechar la actual fragmentación del Congreso para diseñar y pactar un ambicioso programa reformista en que queda de década, con un amplio apoyo que garantice que el proceso no se revierta en caso de un cambio de ejecutivo.

Los partidos deben aprender a vivir en un entorno de negociación que les va a impedir desarrollar plenamente sus programas pero que, a cambio, les puede permitir influir sobre la acción de gobierno, incluso estando fuera de él.

En estos momentos no podemos permitirnos mantenernos en la inacción y la negativa. Los partidos tiene la obligación de remangarse y encontrar soluciones. Sin duda es un escenario más complejo e incómodo que el habitual hasta ahora, con roles separados y bien definidos. Pero es el que tenemos. Y si alguien no sabe o no quiere moverse en él, quizá debería pensar en buscarse otro trabajo.