España pide a Bruselas dos años adicionales para rebajar el déficit

España pedirá dos años extra para ajustar el déficit público al sacrosanto 3% del PIB en 2018. El ministro de Economía, Luis de Guindos, negociará en los próximos días la nueva senda fiscal en los aledaños del G-20, en China, con el comisario europeo Pierre Moscovici. Fuentes de Economía señalan que el asunto está sobre la mesa y se va a negociar, pero que no va a haber una petición española. En cambio, las fuentes consultadas en Bruselas señalan que corresponde a España pedir ese plazo.

España prefiere dos años a la vista de que la evolución de los ingresos públicos va peor de lo esperado. Bruselas se decanta también por ese segundo año por la incertidumbre política, ante la posibilidad de unas terceras elecciones. Guindos siempre se mostró partidario de un solo año más, a pesar de que la Comisión ofrecía ya en primavera un segundo año extra.

“Todo está completamente abierto”, decía ayer el comisario europeo Miguel Arias Cañete, a apenas una semana de la decisión definitiva sobre el procedimiento de infracción a España y Portugal y la nueva senda del déficit público, que marcará los presupuestos de 2017 y la política económica de España durante la próxima legislatura.

“La cuantía de la multa no está cerrada, ni los objetivos de déficit”, explicó Arias Cañete tras una reunión de la Comisión Europea en la que se debatió la situación de España y Portugal. Bruselas se decanta por una multa simbólica, sea lo que sea eso. Y está dispuesta a conceder dos años más para rebajar el déficit al sacrosanto 3% del PIB —hasta 2018, un año más de lo previsto hasta ahora—, “pero antes el Gobierno tiene que hacer esa petición”, subrayó el comisario español.

Madrid, en fin, tiene que mojarse: fuentes del Ejecutivo confirmaron ayer a EL PAÍS que Guindos viajará hoy hacia China “para negociar con Moscovici” esos dos años adicionales.

“La multa es lo de menos: será simbólica. En este momento lo importante es la flexibilidad para negociar los próximos presupuestos y evitar un ajuste dañino para el crecimiento”, explicaron fuentes del Gobierno. El Ejecutivo fijará un tipo de la retención a cuenta del 20% en el impuesto de sociedades con carácter permanente, para anticipar ingresos por importe de 6.000 millones. Bruselas quiere más medidas en esa línea, y se muestra partidaria de dos años extra ante la incertidumbre política en España, según las fuentes consultadas en La Moncloa y en las instituciones europeas.

La fuerte caída de la recaudación en sociedades y tributos como el IRPF obligan al Ejecutivo a desandar el camino de las rebajas fiscales, que prometía a bombo y platillo en plena campaña. “Si no es estructural, esa medida se le parece bastante y da empaque a las alegaciones del Gobierno ante Bruselas”, según las mismas fuentes, que tratan de rebatir así el escepticismo de la Comisión.

A cambio de ese movimiento, España aspira a obtener algo de flexibilidad: la cuarta prórroga del déficit desde 2012, esta vez de dos años. El PP necesita un respiro para negociar los presupuestos y tratar de formar Gobierno sin tener que ensañarse con la tijera. Madrid sabe que las cuentas no terminan de cuadrar, y que los continuos incumplimientos permitirán a Bruselas estrechar la vigilancia fiscal sobre España, con un informe trimestral que ya no da opción a nuevas promesas rotas en lo relativo a los objetivos de déficit. Con un solo año extra, la Comisión se decantaba por metas fiscales del 3,9% del PIB este año y del 2,5% del PIB el próximo, cifras que ya no están al alcance de España, ni siquiera con el endurecimiento del impuesto de sociedades. Con dos años adicionales, la soga estaría algo menos ceñida.

La Comisión, dividida

La Comisión está dividida en lo que respecta a España y Portugal. Bruselas no quiere hacer sangre, pero a la vez necesita recuperar credibilidad entre los acreedores. El Ejecutivo europeo admitió ayer que la congelación de los fondos estructurales se decidirá en otoño. Con ese retraso y los dos años extra sobre la mesa, los halcones quieren algo a cambio: Bruselas empieza a sentir presión para evitar la tentación de la multa cero.

Guindos mantiene que la propuesta será sanción nula o a lo sumo simbólica (aunque en teoría podría irse hasta 2.100 millones), para que los ministros la rebajen después a cero euros. El ministro abogaba por un solo año extra en primavera. Todo eso está en el aire, pero lo más probable ahora son dos años y una sanción mínima —pero no nula— y bien cargada de estigma para España y Portugal, que inaugurarán así el ominoso capítulo de infracciones por el déficit.