Qué ‘casino’ bancario

‘Che casino!’ estarán diciendo desde Roma a Fráncfort, pasando por Bruselas, con un problema de solvencia bancaria en Italia abrumador. Se venía venir, esta vez sí. Una crisis de manual en la que la fase de negación se ha prolongado demasiado y el tiempo de las soluciones peregrinas —la última, el fallido fondo Atlante, un falso banco malo, escaso y desatinado— ya ha pasado. Mirando para otro lado, se ha comprometido la nueva política de rescates bancarios europea —que, supuestamente, protege al contribuyente— y la estabilidad política de un país poco acostumbrado a tenerla.

Como en otras ocasiones, la nueva derivada de la crisis europea (hemos perdido ya la cuenta) no tiene una solución buena. Todas tienen costes y es preciso elegir la menos mala. La lectura política de estos últimos días es que es preciso saltarse la recientemente aprobada Directiva de Resolución y Recuperación Bancaria (BRRD) europea que exige que, antes que el Estado (léase, el contribuyente) rescate a un banco (bail-out), paguen los accionistas y bonistas de esa entidad (bail-in). La supuesta razón para no aplicar esta norma es que Renzi está intentando un cambio constitucional (referendo incluido) que saque a Italia de su inmovilismo reformista y un bail-in sería la salsa perfecta para aderezar la pasta populista y tumbar tales iniciativas.

Tras rescates como el español, tras situaciones tensas como las que se produjeron con la crisis de la banca chipriota, tras ponerse de manifiesto que la unión bancaria es el único cortafuegos frente a los que desean la caída del euro, no puede mirarse para otro lado y dejar que Italia solucione a su manera este embrollo. Se me antoja, de hecho, que el problema de resolución va más allá: a los que la unión bancaria nos parece un proyecto tan fantástico como incompleto no nos sorprendería que la BRRD no se aplicara, no ya como (enorme) favor político a una Italia que cuenta con gran peso en las autoridades supervisoras, sino porque la unión bancaria actual no tiene la potencia financiera, agilidad e independencia necesarias para abordar esa crisis.

Aún entendiendo estos problemas, Italia debería pasar por, al menos, un filtro similar al resto: una dura reestructuración del sector, condicionalidad del programa financiero y aplicación razonable de medidas bail-in, donde los accionistas y bonistas de los bancos implicados deberían asumir, al menos, parte de las pérdidas. Claro está, que si en su comercialización minorista hubo mala praxis, la justicia italiana debería también actuar para que esos inversores recuperaran lo preciso.

Al fin y al cabo, mientras media Europa discutía los mecanismos de bail-in y aplicando medidas de protección del pequeño inversor, no parece muy lógico que en Italia se permitiera traspasar el problema de solvencia al pequeño ahorrador, colocándole una cantidad ingente de obligaciones bancarias. En definitiva, es mejor aplicar la directiva y corregir lo que sea preciso ex-post, que pasar por el ridículo de dar un trato favorable a Italia. Precisamente el Brexit tampoco puede servir de excusa de “excepcionalidad”, como también se ha sugerido. Si se quiere más Europa, hay que empezar por respetar sus leyes.