Bruselas bloquea a España 632 millones en ayudas al empleo

Las ayudas comunitarias no fluyen hacia España como deberían. A los más de 1.100 millones que permanecen congelados por irregularidades en la gestión de los fondos regionales correspondientes a 2007-2013, adelantados por este diario, hay que sumar 632 millones del Fondo Social Europeo (FSE) del mismo periodo. El dinero, destinado a programas de empleo en el país con más paro de la UE después de Grecia, se encuentra paralizado por incumplimientos en los requisitos que marca Bruselas, que aguarda soluciones para efectuar el desembolso.

La mayoría de los fondos que siguen sin poner rumbo a España —580 millones— son parte de un programa del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Bruselas detectó los problemas a finales de 2012. A partir de entonces, ya con el dinero correspondiente a 2013, se congeló el envío de las ayudas. En el Ministerio de Empleo, órgano del que depende el SEPE, aducen que las cantidades pendientes son las destinadas a bonificaciones a la Seguridad Social —descuentos en las cotizaciones sociales que pagan los empresarios que compensan después a la Administración— y que los beneficiarios ya han recibido el dinero.

El problema surgió por incumplimientos en los requisitos para que las empresas puedan acogerse a las ayudas. Uno de ellos es estar al corriente de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. Empleo, siempre según su relato, entendía que bastaba con que esta condición se cumpliera en el momento de recibir los fondos. Bruselas, por su parte, interpreta que esto debe ser así durante la vigencia del programa. Empleo subraya que en ningún caso se trata de fraude y que la decisión de Bruselas no está relacionada con los escándalos que han rodeado los cursos de formación, ni en su caso ni en el de Andalucía.

La Junta, que tiene retenidos 52 millones, alega que estos problemas son habituales y que “durante el marco 2007-2013, se han producido varias interrupciones del pago y se ha restablecido el procedimiento con normalidad”, una vez resuelto el problema. “Si España demuestra que ha tomado las medidas necesarias para levantar la suspensión y pasa el examen de la Comisión, abonaríamos la cantidad que falta”, señalan fuentes comunitarias. Tanto en Madrid como en Sevilla, donde explican que las soluciones están en marcha, esperan que esto se produzca antes de acabar el año.

Aunque el periodo de gasto es entre 2007 y 2013, el plazo de certificación se prolonga dos años más. El dinero, entre tanto, lo adelanta el país receptor. Cuando surgen problemas, como en este caso, se pone en marcha un plan para resolverlos y la llegada de los fondos se demora.

Los problemas de España para gestionar las ayudas se han convertido en algo habitual para Bruselas. El último informe anual de la Dirección General de Empleo, que gestiona los fondos, sitúa a España entre los peores alumnos de la UE en la aplicación de estos programas. Junto a Italia y Rumanía es el país con más correcciones financieras en las ayudas en los últimos años, por lo que la Comisión se ha implicado para asesorar a España sobre cómo simplificar el proceso y evitar fraudes.

Fuentes de la Comisión añaden que España es uno de los países con menor porcentaje de pagos adelantados del FSE, con cerca del 75% en junio sobre todas las ayudas previstas. Solo Rumanía, Croacia, Hungría y Malta están por detrás. El resto, en una lista que encabezan Grecia, Portugal y Suecia, superan ese porcentaje. El FSE presupuestó para España 8.060 millones, cifra que crece a 11.400 millones con la cofinanciación del Estado.