La pobreza energética entra en campaña

No han tardado mucho los líderes políticos y sus tropas en apelar en sus discursos iniciales de campaña –en realidad, no lo han dejado durante estos meses de transición electoral- al bono social eléctrico y, por extensión, a la pobreza energética. Este problema se ha agravado con la crisis y la reducción de ingresos en los hogares. Por ello, tiene un alto componente demagógico al que es fácil agarrarse por su tirón popular. El argumento definitivo lo pone una clientela de 2,5 millones de ciudadanos potenciales votantes, que son los que se acogieron al bono social el año pasado.

Tampoco parece casualidad que los responsables de las grandes compañías eléctricas de este país (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) hayan coincidido en sus respectivas juntas generales de accionistas (también en la presentación de resultados y en cualquier oportunidad de hablar en público) en reclamar un rediseño del bono tras criticarlo. A la tarea se han unido las otras dos eléctricas tradicionales (EDP Hidrocantábrico y Viesgo), aunque al ser más pequeñas están bastante menos afectadas.

Las eléctricas, que responsabilizan a los dos últimos Gobiernos de no haber conseguido atajar y definir el problema, se sienten legitimadas para hacer esa reclamación. Son ellas las que soportan la totalidad del coste del bono social, que el año pasado superó los 180 millones de euros. Según las eléctricas, el actual planteamiento no llega a los hogares que realmente lo necesitan, que tendrían que ser los que tuvieran un nivel de renta mínimo o se encontraran en situación crítica.

El bono social, que parte de 2009, cuando Miguel Sebastián estaba al frente del Ministerio de Industria con el Gobierno socialista y que se mantuvo en la etapa del PP de Rajoy, supone reducir la factura eléctrica un 25% siempre y cuando se tenga un contrato de menos de 3.000 vatios, sea familia numerosa, tener una pensión mínima o que todos los miembros de la familia estén en paro.

Sin embargo, los dos primeros criterios son controvertidos. Las eléctricas revelan que muchos usuarios tienen contratos de menos de tres kilovatios para trasteros, garajes o segunda vivienda, lo que precisamente no concuerda con la pobreza energética. Asimismo, sostienen que bajo el paraguas de familia numerosa se puede esconder mucha picaresca y que algunas familias, pese a ser numerosas, no adolecen de un nivel de renta bajo ni sufren vulnerabilidad energética. Para los dos restantes criterios no existe discrepancia alguna y, además, es fácil de comprobar.

Por eso, las eléctricas piden una remodelación en la que, manteniendo los criterios válidos, se busque una fórmula que permita identificar la renta y se fije una mínima para conceder el bono social. Asimismo, solicitan que no sean únicamente las compañías las que soporten los costes y que participe también el Estado a través de los Presupuestos Generales.

Las empresas piden crear un fondo para mejorar el aislamiento de las viviendas

En ese sentido, Endesa ha presentado una propuesta de real decreto para que actúe el Gobierno, aunque ya ha recibido la respuesta de que un Ejecutivo en funciones tiene estas muy limitadas. A su juicio, se debería asignar un fondo centrado en asegurar el suministro a las familias que de verdad no puedan pagar la factura y que sean identificadas como tales por los Ayuntamientos, que son los que manejan la información más fehaciente. Iberdrola, en parecido sentido, ha propuesto un sistema que cruce los datos de suministro eléctrico con los que tienen los servicios sociales, que también cuentan con información.

Las eléctricas completan su petición con otra queja ancestral: si se quitaran los extracostes y cargas impositivas de la tarifa ajenas al suministro y a la generación eléctrica, las familias tendrían que pagar casi la mitad menos. Es decir, se eliminarían muchos factores que hacen más onerosa la pobreza energética. Y rematan con otra de claves del sistema: el deficiente aislamiento térmico de las viviendas, causa del aumento del consumo y que, precisamente, afecta más a los hogares con más pobreza energética. Por ello, además de rediseñar el bono social y limpiar de extracostes la tarifa, también solicitan crear un fondo para rehabilitación de viviendas.

Aunque las razones de las eléctricas tienen bastante consistencia, no parece que los grupos políticos vayan a clarificar sus posturas en la campaña si eso les va a reducir el público receptor y, en definitiva, restar votos. A juicio de las eléctricas, el número de beneficiarios se reduciría si se aplicaran criterios justos de los actuales 2,5 millones de usuarios a un millón menos. Asimismo, los 180 millones de euros de coste se quedarían en menos de 150.