Una historia de éxito con el canal de fondo

Planteamiento. En julio de 2009 el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) se adjudica el contrato para construir la ampliación del Canal de Panamá con un tercer juego de esclusas que permitan el paso de los grandes buques post-panamax. El consorcio -liderado por la constructora española Sacyr e integrado, además, por la italiana Impregilo, la holandesa Jan de Nul y la panameña Cusa- había sido elegido frente a otros tres grupos (entre ellos el formado por las también españolas ACS, Acciona y FCC) por sus mejores especificaciones técnicas y por ser la oferta más baja, de 3.200 millones de dólares. Motivo este por el que fue acusado por el grupo encabezado por la estadounidense Bechtel de baja temeraria (hecha a sabiendas de que es desproporcionada).

Nudo. Las obras, que comienzan en agosto del mismo año, parten de un ambicioso plan que las convierte en un reto en la historia de las infraestructuras de la misma dimensión que había sido la construcción del propio canal a principios de siglo XX. Supone unos desafíos enormes por la complejidad geológica, al ser una zona de alta sismicidad, entre otras características. A medida que van avanzando las obras, los responsables del consorcio encuentran que las previsiones no coinciden con la realidad y se les disparan los costes. Los sobrecostes se deben a la peor calidad de la roca basáltica que estaba en la zona, lo que obliga a buscar otra cantera, la aparición de fallas no esperadas o más grandes de lo previsto y algunos cambios normativos. El caso es que el consorcio solicita unos modificados en el contrato inicial que eleva la oferta de 3.200 a 5.581 millones de dólares. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el organismo estatal reconocido en la Constitución para controlar el negocio que es el motor de la economía del país, rechaza las pretensiones del consorcio. El conflicto generado en consecuencia acaba en el Tribunal de Arbitraje de Miami. Las tensiones obligan a intervenir al Gobierno español con el panameño. La amenaza de paralización está presente.

Desenlace. Pese a las diferencias, las obras continúan cumpliendo los plazos y las relaciones se mantienen cordiales tanto entre las partes contendientes como entre los Gobiernos, como se demostró en la visita esta semana de la ministra de Fomento, Ana Pastor, al país y su encuentro con el presidente, Juan Carlos Varela, con quien compartió recorrido por las nuevas esclusas. Y siete años después del comienzo de las obras, el consorcio prevé entregar las llaves el próximo martes 31 de mayo a ACP para su inauguración el 26 de junio. La coincidencia ese día con las elecciones generales en España impedirá que acuda el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; aunque estará representado por el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. En cualquier caso, el boato está asegurado con la presencia del rey Juan Carlos, muy respetado por aquellas tierras.

A la inauguración, que coincide con las elecciones españolas, acudirá el rey Juan carlos

Pero, quizá, lo más importante han sido las entrevistas que ha mantenido también esta misma semana el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, con Varela, el ministro del Canal y presidente de la junta directiva de ACP, Roberto Roy, y con el administrador de ACP, Jorge Quijano. Los contactos han sido habituales; pero en esta ocasión el empresario español ha querido darles mayor trascendencia con motivo de la entrega.

Tras esos encuentros, Manrique ha vuelto a España convencido de que las cosas van por el camino del entendimiento. A su juicio, lo razonable es que sin pasar mucho tiempo se llegue a un punto de encuentro, que no puede ser otro que un acuerdo. A ello ayudará, sin duda, que los barcos transiten por las nuevas esclusas, con la caja registradora en funcionamiento, lo que tendrá un efecto dinamizador.

La ampliación del canal se ha convertido en “una historia de éxito” para Sacyr y sus socios “por la que sacar pecho y estar orgullosos”. Pero el desenlace del conflicto es incierto. GUPC entregará la ampliación sin saber cuánto y cuándo va a cobrar. Según las previsiones, el veredicto se espera para un plazo de al menos tres años, aunque un acuerdo recortaría la espera e incluso podría hacer que recayera el conflicto.

Los argumentos de Sacyr, que es el portavoz del consorcio, parecen bastante sólidos, en el sentido de que las dificultades aparecidas han encarecido el proyecto, lo que hace bastante factible que el tribunal les dé la razón o que la parte litigantes reconozca algunas de sus peticiones. De momento, GUPC ha recibido el visto bueno de 460 millones de dólares de forma provisional. Las esperanzas se centran en que, al menos, logre el 50% de la cantidad reclamada de más; es decir, unos 1.200 millones de dólares. Además, el acuerdo no tiene que ser exclusivamente monetario, pudiendo alcanzar pactos en otras dimensiones. No hay que dejar de lado, que GUPC continuará tres años ligado al canal y que están en perspectivas algunas nuevas obras como el nuevo punete sobre el canal por el que puja.

Sería entonces el momento de llegar a ese punto razonable y final feliz que dice Manrique. Más allá de la desviación presupuestaria, que inevitablemente se ha producido, prevalece el ánimo de una obra emblemática.