El euro necesita más apoyo fiscal

La Unión Europea se debate en muchos frentes entre el reflujo de las corrientes integradoras y la urgencia de avanzar hacia un modelo más completo y estable de unión monetaria. La crisis de los refugiados y el Brexit son dos de los frentes más calientes en los que avanzan las tendencias centrífugas y desintegradoras. En ellos se juega mucho el futuro de Europa, pero la salida de esta encrucijada dependerá también de lo que ocurra con la Unión Económica y Monetaria, que constituye el núcleo más avanzado de la integración y cuyo devenir se debate en un equilibrio precario.

La crisis de la deuda soberana reveló las grietas profundas que aquejaban a una Unión Económica y Monetaria incompleta e imperfecta. La gravedad de los posibles escenarios de ruptura obligó a los líderes europeos a definir una nueva ruta hacia una mayor integración, que quedó plasmada en los llamados Informes de los Cuatro y los Cinco Presidentes, en los que la culminación de la unión bancaria era el primer y más urgente eslabón.

Sorprendió la capacidad que, en momentos de grave tensión, tuvieron los líderes europeos para emprender cambios tan sustanciales como la implantación de los Mecanismos Únicos de Supervisión y de Resolución, que eran piezas fundamentales para dotar a la moneda única de la unión bancaria de la que carecía. Sin embargo, conforme la situación se ha ido apaciguando, el impulso ha perdido fuelle y amenaza con estancarse en una renacida confrontación entre visiones divergentes sobre el alcance del propio proyecto de integración. La unión bancaria, para ser completa, necesita el establecimiento de un respaldo fiscal supranacional que garantice al Fondo Único de Resolución los fondos suficientes para resolver las crisis bancarias, con independencia de su alcance y localización. También es necesario que exista un esquema europeo de Garantía de Depósitos que asegure que los compromisos con los depositantes también se van a cumplir con independencia de la salud de su Tesoro Público. Sin embargo, las medidas contempladas se están retrasando.

Se ha llegado al punto en el que se requiere pasar de las palabras a los hechos en el tema crucial de la existencia de mecanismos de mutualización de los riesgos más allá de las fronteras nacionales. Y para ello se han de aceptar esquemas de transferencias de renta entre los países miembros, aunque sea solo en circunstancias excepcionales, mediante cuantías limitadas y por periodos transitorios. Un paso de este calibre supone el establecimiento de un germen de unión fiscal, que se enfrenta a numerosas resistencias, pero que sin el cual la UEM nunca será completa.

No es de extrañar que en esta tesitura se reaviven las visiones divergentes sobre la naturaleza y el alcance de la unión monetaria. Para algunos países, mientras no haya unión política, la integración económica y financiera debe basarse solo en reglas que aseguren que cada país mantiene su casa en orden y sus estructuras son lo suficientemente sólidas para poder afrontar por sí solos, sin la ayuda de los demás, todas las perturbaciones. Se oponen a la transferencia de riesgos y de rentas, porque ven en ello una vía para que algunos países miembros se desentiendan de los compromisos de estabilidad y trasladen a los demás los costes de su falta de disciplina. El llamado problema del riesgo moral.

Este enfoque ignora la existencia de perturbaciones sistémicas frente a las cuales las reglas, con ser importantes, no son suficientes. La ruta adoptada incorpora pasos inequívocos para completar la unión financiera y avanzar hacia una unión fiscal, aunque con unas dosis muy elevadas de gradualismo. Puede ser una estrategia pragmática para vencer las resistencias, pero comporta riesgos importantes. Si el fortalecimiento de la UEM pierde credibilidad, las tendencias disgregadoras que se manifiestan en los temas de los refugiados y el Brexit pueden alcanzar mayor potencial desestabilizador y llevar a la Unión Europea a una autentica crisis de supervivencia.

José Luis Malo de Molina es asesor del Banco de España en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.