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El Gobierno eleva el objetivo de déficit de las comunidades del 0,3% al 0,7% del PIB

El Ejecutivo repartirá el nuevo margen, de hasta ocho décimas, a partes iguales entre las autonomías y la Seguridad Social

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, el viernes en Madrid.
El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, el viernes en Madrid. EFE

El Ministerio de Hacienda flexibiliza el objetivo de déficit público a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social. Las administraciones regionales tendrán que reducir sus números rojos este año al 0,7% del PIB en lugar del 0,3% como estaba inicialmente previsto. El techo de la Seguridad Social sube al 1,1%. El Gobierno en funciones ha aplazado un año la senda para rebajar el déficit por debajo del 3% y ha ganado cierto margen que reparte entre el resto de administraciones.

El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha ganado un balón de oxígeno al aplazar un año la senda de la consolidación fiscal. El pasado martes anunció que elevaba el techo de déficit para este año desde el 2,8% acordado inicialmente con Bruselas al 3,6% del PIB. De esta forma, obtiene un colchón de ocho décimas del PIB que distribuirá entre el resto de administraciones públicas. Así podrá aflojar la presión sobre las comunidades tras la rebelión que protagonizaron la semana pasada ante las exigencias impuestas por Hacienda para que controlaran sus cuentas públicas.

Algunos presidentes autonómicos se habían quejado en los últimos días de que es “imposible” cumplir con el objetivo del 0,3% y reclamaban más margen. Hacienda responde en parte a sus peticiones. "Fruto de la actualización del objetivo para 2016, se propone un déficit para la Administración autonómica del 0,7% del PIB. Se abre un proceso de reuniones bilaterales con las diferentes comunidades autónomas para negociar el contenido de los planes de ajuste y los planes económico financieros", ha explicado el Gobierno en un comunicado.

La Comisión Europea ha lanzado una recomendación autónoma a España, el paso previo a las sanciones y medidas más exigentes, en el que pide mano dura con las comunidades ante sus reiterados incumplimientos presupuestarios. Así que el juego de Hacienda consiste en sacar el palo y la zanahoria para contentar a Bruselas sin desatar una guerra con las autonomías.

Con el nuevo objetivo, las comunidades tendrán que hacer un ajuste de unos 7.000 millones de euros en lugar de los 14.000 millones establecidos inicialmente. En términos relativos, el esfuerzo consiste en pasar del 1,66% del PIB, el agujero presupuestario que registraron el año pasado, al 0,7%, el nuevo techo anunciado por Hacienda.

Esta nueva senda ahorra nuevos sacrificios a los Gobiernos autonómicos castigados a lo largo de la pasada legislaturas con duros recortes en gastos sensibles como son los de sanidad, educación y políticas sociales. Las comunidades solo tendrán que contener el gasto, incluso algunas, las más saneadas, podrán elevarlo. Aunque siempre a una tasa inferior al 1,8% para cumplir con la regla de gasto, una norma incluida en la ley de estabilidad que impide a las administraciones elevar el gasto por encima del crecimiento potencial de la economía.

El nuevo objetivo para las comunidades se aproxima a los cálculos que realizó la Autoridad Fiscal (AIReF) sobre las metas presupuestarias que deberían tener las comunidades. Sin embargo, este organismo encargado de velar por las cuentas públicas advierte de la gran disparidad entre los esfuerzos que debe realizar cada territorio para alcanzar la meta. Fuentes de Hacienda admiten que tendrán que ser realistas con la aplicación de las medidas coercitivas de la ley de estabilidad porque no todas las comunidades tienen los mismos problemas. Insisten en que el objetivo medio de déficit sea del 0,7% y eso no implica que todas cierren en ese límite.

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Recuerdan, además, que las autonomías contarán con casi 7.455 millones de euros de ingresos adicionales por el aumento de los fondos de la financiación autonómica. También contarán con otras dos décimas más de PIB por los gastos no recurrentes que se produjeron el año pasado y no se repetirán este. El Ejecutivo considera que con estos nuevos recursos y cumpliendo la regla de gasto las comunidades podrán alcanzar sin problemas la nueva meta.

La Seguridad Social también gozará de más margen, aunque sin medidas adicionales seguirá registrando unos números rojos crecientes por el tibio aumento de las cotizaciones y el sostenido aumento de las pensiones.

En total, el Gobierno reparte el esfuerzo de los ajustes. La Administración central tendrá que reducir la brecha entre gastos e ingresos desde el 2,5% en que cerró el año pasado al 1,8%, lo que supone un ajuste de unos 7.000 millones. Las comunidades tendrán que reducir el déficit del 1,66% de 2015 al 0,7% para este año, lo que representa un ajuste de otros 7.000 millones. Es decir, el Gobierno reparte el ajuste a partes iguales entre las autonomías y la administración central.

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