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Caixabank ofrece 1,1 euros en la opa sobre el banco luso BPI y exige el cambio de ley

Para que la oferta cuaje, el Gobierno debe quitar la limitación de votos en el banco portugués. La cantidad es inferior a la lanzada hace un año, por el deterioro del precio de la acción

El presidente de CaixaBank, Isidre Fainé. EFEArchivo
El presidente de CaixaBank, Isidre Fainé. EFE/Archivo EFE

Caixabank ofrece 1,113 euros por cada acción del BPI en la opa que el banco español ha anunciado esta mañana a la comisión del mercado de valores de Lisboa. La oferta es varios céntimos inferior a la opa fracasada de hace un año y refleja, en parte, el deterioro que sufre la entidad portuguesa ante los desencuentros entre sus accionistas y las exigencias del Banco central Europeo, que reclama fondos que respalden la exposición del banco luso a Angola.

Mientras se negocia la oferta, CaixaBank ha solicitado al BCE la suspensión de las posibles sanciones contra BPI, "con la finalidad de permitir a CaixaBank encontrar una solución al exceso de concentración de riesgos", según señala en un comunicado. La opa, además, está condicionada a la eliminación de la limitación de votos que impide a la entidad tomar el control pese a su participación mayoritaria. Ese cambio está pendiente de un cambio legislativo. 

"La oferta de CaixaBank, primer accionista de BPI con el 44,1% del capital, está condicionada a la supresión de la limitación del 20% en los derechos de voto de BPI, a alcanzar más del 50% del capital de Banco BPI y a la obtención de las autorizaciones regulatorias aplicables", apunta la entidad española. La inversión de CaixaBank en BPI se inició en 1995. En el año 2012 obtuvo una dispensa de la CMVM para sobrepasar el umbral de un tercio del capital sin lanzar una OPA obligatoria, debido a la existencia de limitaciones al derecho de voto de los accionistas y sujeto a una serie de condiciones. En febrero de 2015 intentó lanzar una opa pero, precisamente por esas limitaciones de voto que le impiden controlar el banco pese a ser su accionista mayoritario, fracasó.

BPI es el quinto banco en Portugal por activos, con unos 40.700 millones de euros, de los que 33.300 millones corresponden a su actividad doméstica. Los créditos netos ascienden a 24.282 millones, con un ratio de morosidad del 4,6%, y los recursos de clientes ascienden a 35.700 millones de euros (28.800 millones en Portugal). En 2015 obtuvo un beneficio neto de 236,4 millones de euros.

El precio ofrecido ahora en su nueva opa por CaixaBank, cuyo presidente es Isidro Fainé y su consejero delegado Gonzalo Gortázar, supone valorar a BPI en 1.622 millones de euros. Es inferior a lo que puso sobre la mesa hace un año (de 1,3 euros por título). Según el banco español, "refleja la media ponderada de los últimos seis meses por lo que, según la normativa portuguesa, se considera como precio equitativo". La oferta de compra se registrará en la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários portuguesa (CMVM) "una vez se reciban las aprobaciones pertinentes y se haga efectiva la supresión de la limitación del 20% de los derechos de voto se estima que se completará durante el tercer trimestre de este año", advierte CaixaBank.

El portugués BPI, en su comunicado, anunció también que ha pedido al Banco Central Europeo la suspensión de posibles sanciones contra el banco con la finalidad de que su mayor accionista, Caixabank, pueda encontrar una solución para el exceso de concentración de riesgos en Angola, que le exigen a BPI una serie de contrapartidas para garantizar la solvencia. En concreto, BPI tenía hasta el 10 de abril de plazo para rebajar su riesgo en África, donde posee el 50,1% del BFA, que le dio el último año el 50% de sus beneficios. Al cumplirse la fecha y no haber llegado a una solución, el BPI se arriesga a una multa diaria de 160.000 euros. Esta es la sanción que CaixaBank y la entidad portuguesa piden que se suspenda mientras se negocia la solución.

"BPI ha solicitado al BCE un plazo adicional para cumplir con esos requerimientos. BPI participa con un 50,1% en el capital de Banco de Fomento Angola (BFA), el cuarto banco de Angola por volumen de activos (8.022 millones de euros). La entidad, que lleva 22 años en Angola, cuenta con 1,4 millones de clientes, 191 oficinas y 2.610 empleados, según los datos de diciembre de 2015. La aportación de BFA al beneficio de BPI fue de 136 millones de euros el pasado ejercicio", señala CaixaBank. 

Para cumplir con la norma europea, durante un año Caixabank ha estado negociando con el segundo mayor accionista, la sociedad Santoro de la angoleña Isabel dos Santos. Con su 18% de acciones tenía la capacidad de bloquear cualquier decisión estratégica ya que se necesitan dos tercios de los votos y los accionistas tienen un máximo de derechos del 20%, es decir que Caixabank tiene los mismo votos que Dos Santos, pese a que tiene más del doble del capital en el banco. En un año no se han puesto de acuerdo e, incluso, los otros accionistas del banco votaron contra la opa en el intento del pasado año.

Cambio legal exigido

Aquella opa estaba a ligada a la condición previa de que se modificaron los estatutos para acabar con la limitación de los derechos de voto, como se aprobó, Caixabank retiró la opa, algo superior a la actual. El domingo 10 de abril parecía que la larga negociación había dado frutos: por fin se llegó a un acuerdo entre las dos partes, lo que implicaba el lanzamiento de la opa a cambio de que Dos Santos se quedara con el BFA. Pero ayer domingo 17 de abril, una nueva exigencia de la angoleña, acabó con el pacto, que ya tenía la aprobación de los órganos de gobierno del BPI.

Aun sin acuerdo, Caixabank ha decidido lanzar esta segunda opa, porque ahora se va a poner en marcha un cambio legal para acabar con la limitación de votos.

El decreto ley aprobado en secreto en el último Consejo de Ministros para acabar con la limitación del derecho de voto en limitados casos, como las opas, no tiene efectos inmediatos. En primer lugar ha de ser firmado por la presidencia del país, que tiene el poder de veto, aunque no se espera que Marcelo Rebelo de Sousa lo haga. Una vez aprobado, no entrará en vigor hasta el 1 de julio y a partir de ese día las entidades afectadas, BPI y BCP principalmente, tienen seis meses para adaptar sus estatutos.

El Gobierno, aunque tenía preparado el decreto ley desde febrero, no lo quería ejecutar, aguardando a un acuerdo amistoso entre las partes. Al no ser así lo va a poner en marcha, lo que también perjudicaría los intereses de Dos Santos en el BCP. Este decreto ley puede abrir una crisis en las siempre tensas relaciones entre Portugal y Angola.