La Fiscalía y PwC pactan una condena de cuatro exsocios por fraude fiscal

PwC ha evitado que cuatro de sus exsocios vayan a la cárcel por fraude a cambio de pagar 38 millones de euros y multas de casi nueve millones. El pacto alcanzado por la Fiscalía y la auditora reduce considerablemente el castigo solicitado por el Ministerio Público, que llegó a solicitar penas de prisión que oscilaban entre los dos años y los 14 años y 10 meses de prisión para 45 exsocios. 

El delito del que les acusa el Ministerio Público es no declarar a las haciendas estatal y foral vasca un bonus de 20,9 millones por la venta, en 2002, del negocio mundial de consultoría PwC Consulting a la empresa norteamericana IBM. Los acusados para los que la Fiscalía solicitaba las condenas más altas eran Miguel Fernández de Pinedo, expresidente de la auditora en España; José María Tajadura Garrido administrador solidario de PwC Consulting y responsable de operaciones en España- y César Rodríguez Ramos, responsable de la División Fiscal y Legal. Sobre estos tres y sobre un socio de la división fiscal, Miguel Cruz Amorós, es sobre los que ha recaído la condena.

Según la nota emitida por la Fiscalía, la condena es por seis delitos contra la Hacienda Pública. "Las cuotas defraudadas ascienden a 17.153.250’36 €, más los intereses que superan los 11 millones de euros y multas cercanas a los nueve millones de euros. Dichas cantidades han sido satisfechas por la entidad, extremo que ha sido determinante para alcanzar el Acuerdo de conformidad", explica la nota.

La resolución del caso es la esperada. Fuentes jurídicas ya apuntaban el pasado lunes que la mayoría de acusados se acogería al acuerdo de conformidad asumiendo las tesis de la fiscalía, a cambio de la reducción de las condenas e ingresar la cantidad supuestamente defraudada.

Los hechos que denunciaba la Fiscalía consisten en que los acusados realizaron operaciones para ocultar a Hacienda el bonus que cobraron y eludir la retención correspondiente. Estas se produjeron antes de que en octubre de 2002 se produjera la venta de PwC Consulting por 3.500 millones de dólares (3.067 millones de euros). La filial española estaba valorada en unos 40 millones.

Básicamente el fraude consistía en que los socios de la consultora aparecían como dueños directos de la empresa que se iba a vender. Esto les permitía a ellos cobrar directamente por la venta de la sociedad y como eran socios con muchos años de antigüedad no tributaban por la plusvalía que producía la operación.

Las negociaciones para llegar al pacto firmado hoy se han desarrollado durante muchos meses. Hace un año, el 20 de abril de 2015, el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ya trató de celebrar el juicio. Entonces el Ministerio Público retiró la acusación contra 12 exsocios ya que entendía que habían defraudado menos de 120.000 euros, el límite de lo que se considera delito fiscal.