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El déficit cerró 2015 en el 5,16% del PIB, un punto más de lo previsto

La brecha entre gastos e ingresos del conjunto de las Administraciones fue el año pasado de 56.608 millones

Cristóbal Montoro durante la rueda de prensa.
Cristóbal Montoro durante la rueda de prensa.

Las Administraciones Públicas españolas gastaron el año pasado 55.725 millones de euros más de lo que ingresaron, lo que se corresponde con un déficit del 5,16% del PIB, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Hacienda. El Gobierno suspende así en la tarea a la que se había comprometido con Bruselas de rebajar los números rojos desde el 5,8% de 2014 al 4,2% este año. El ajuste era fenomenal, de unos 16.000 millones de euros, pero el vigoroso crecimiento económico de España durante el año pasado —creció un 3,2%— soplaba a favor de la consolidación fiscal.

Por contra, el calendario electoral ha jugado en contra de la reducción de los desequilibrios presupuestarios. El pasado mayo se celebraron comicios locales y autonómicos y en diciembre, tuvieron lugar las legislativas. Como ha ocurrido históricamente los años electorales son pésimos para la salud de las cuentas públicas. El resfriado ha cogido por sorpresa a todos menos a Bruselas que llevaba meses advirtiendo de la divergencia. Tampoco se creyó los pronósticos oficiales la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) que lleva alertando desde 2014 del descontrol de las comunidades y el año pasado puso el énfasis en el agujero de la Seguridad Social.

Evolución del déficit del Estado (2011-2015)

Advertencias previas

Déficit de las Comunidades Autónomas en 2015

El Gobierno aprobó a principios del año pasado la reforma fiscal y adelantó a verano la segunda parte de la rebaja del IRPF. También devolvió la mitad de la paga extra suprimida a los funcionarios en 2012 y aumentó otros gastos en busca de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo para obtener réditos electorales. Las comunidades hicieron otro tanto de lo mismo a la vista de que los presidentes autonómicos se jugaban su silla en mayo.

El Gobierno ha señalado como culpable de la desviación a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social. Las comunidades tenían unos deberes exigentes. Debían reducir los números rojos del 1,75% de 2014 al 0,7% del PIB. Han suspendido en su tarea al registrar un 1,66% pese a aumentar sus recursos el año pasado y tener la muleta del FLA, unas líneas de crédito facilitadas por el Gobierno a coste cero, que les aliviaba sensiblemente los costes financieros.

La Seguridad Social tampoco ha cumplido. La incorporación de jubilados con pensiones más altas y la precarización del empleo, que resta potencia a las cotizaciones, han elevado el déficit hasta el 1,26% frente a un techo del 0,6%.

La cifra de déficit aboca a España a una seria reprimenda por parte de Bruselas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha detallado las cifras de déficit de las Administraciones Públicas y ha valorado "la recomendación autónoma" –una advertencia por el reiterado incumplimiento de los objetivos presupuestarios– que ha emitido la Comisión Europea a España.

Solamente tres de las 17 comunidades autónomas han cumplido con el techo presupuestario. Canarias (0,54% del PIB), Galicia (0,57%) y País Vasco (0,69%). El resto sobrepasa el objetivo. "Esto demuestra que el objetivo aunque era ambicioso se podía cumplir. Los que no han cumplido tendrán sus razones pero se podía cumplir", ha precisado Montoro. "Nadie puede decir que por haber reducido el déficit público eso les haya perjudicado en términos de crecimiento", ha agregado. Pero lo destacable son las mayores desviaciones: Cataluña (2,7%), Extremadura (2,64%), Aragón (2,13%), Murcia (2,52%) y la Comunidad Valenciana (2,51%) que han triplicado el objetivo de déficit. "Más de la mitad de la desviación de las comunidades autónomas se la llevan dos comunidades como Cataluña y la Comunidad Valenciana", ha manifestado el ministro que ha reclamado una gestión más rigurosa para que estas administraciones puedan ajustar sus cuentas.

El ministro ha avanzado que el Gobierno en funciones ha acordado trasladar a las comunidades que han incumplido con el objetivo de déficit un "acuerdo de no disponibilidad de gasto" para sus consejos de gobierno "para que los nuevos recursos que tengan por la financiación no vayan a incrementar el gasto si no que sirva para financiar el gasto ya comprometido". Lo hace en virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el corsé legislativo que obliga a las administraciones a equilibrar sus cuentas, para cumplir con la recomendación autónoma enviada por la Comisión Europea a principios de marzo. En la práctica este acuerdo de no disponibilidad de gasto supone que las comunidades no podrán elevar sus compromisos por encima del 1,8%, la tasa de crecimiento potencial de la economía española.

Señala a las comunidades

El ministro se mostró duro con las comunidades. "Hay que encontrar a los responsables de esa desviación", dijo en referencia sobre todo a Cataluña y la Comunidad Valenciana. "El Estado ha sido el gran banquero. Hemos aguantado bien a costa de mucho rigor y hay otros que no han tenido ese rigor".

El ministro ha mostrado un discurso duro con las Administraciones regionales. A las que ha culpado reiteradamente de incumplir sin explicar los detalles específicos de cada territorio. "En España no hay margen para gastar más si queremos consolidar la recuperación económica". Y ha explicado que el Gobierno ha puesto en marcha el procedimiento coercitivo de la Ley de Estabilidad.

"Vamos a instar a un acuerdo de no disponibilidad. Consiste en la aplicación del artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria", explicó el titular de Hacienda. Esta norma está en vigor desde 2012 pero no se ha aplicado en toda su extensión hasta ahora por cuestiones de cálculo político. "Si un gobierno decida que debe gastar más en sanidad pues debe recortar en otros ámbitos. Deben establecer sus prioridades políticas", insistió el ministro que recordó que los Gobiernos regionales podrán elevar su gasto un máximo de un 1,8%, el crecimiento potencial de la economía. "No estamos pidiendo ni siquiera congelación de gasto estamos pidiendo techo de gasto", indicó y abundó que la clave es no subir el gasto por encima de lo que crezca la economía.

Agujero de la Seguridad Social

Una de las preguntas más repetidas al ministro fue sobre cómo había afectado la rebaja del IRPF y la devolución de la paga extra al déficit de 2015. "Lo hicimos para estimular la economía. En términos de recaudación tributaria ha funcionado", explicó este jueves el ministro, que explicó cómo la devolución del 50% de la paga extra de los funcionarios durante el año pasado no ha afectado en las cuentas públicas. Así ha precisado que el Capítulo 1 (donde se contabilizan los sueldos y salarios de los funcionarios) en la Administración General del Estado no ha crecido nada a pesar de esta devolución. Sin embargo, en las comunidades más incumplidoras ha subido en tres o cuatro puntos porcentuales, ha manifestado Montoro.

Pero una de las preocupaciones más evidentes del ministro es el agujero de la Seguridad Social. El Gobierno no ha sido capaz de encontrar una solución al creciente desfase presupustario del organismo encargado de pagar las pensiones. Montoro ha recordado que en los Presupuestos de 2016 aprobados el pasado otoño ya propuso una reunión del Pacto de Toledo para abordar la financiación del organismo. "La Seguridad Social va incurriendo en un déficit mayor pero es por las pensiones", dijo el ministro que justificó "Corresponde a una voluntad política: no se recortan las pensiones en España. Es un valor de nuestra democracia de nuestro estado de bienestar...".

Montoro defendió así el desfase de la Seguridad Social pero no justificó porqué no se había reformado antes. "¿Hay fórmulas alternativas a las cotizaciones sociales o hay impuestos que deben complementar la financiación de la Seguridad Social?", se preguntó dejando entrever que sería necesario un nuevo impuesto para afianzar la financiación del organismo de previsión. "Si las pensiones crecen al 3% hay que decirle a la sociedad que hay que complementar su financiación…  Y eso hay que hacerlo en un acuerdo político general".

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