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La Agencia Tributaria estrecha el cerco sobre las operaciones financieras

El organismo se prepara explotar la información que llegará a raíz del acuerdo de intercambio de información con 78 países

J. S. GONZÁLEZ

La Agencia Tributaria presentó este lunes el Plan de Control Tributario de 2016, que incluye las líneas generales de actuación del organismo durante el presente año. El documento, que este martes se publicará íntegro en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dedica un apartado al control de los patrimonios y rentas "que se puedan estar ocultando en el exterior".

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La Agencia cuenta con los datos proporcionados por los contribuyentes a través del modelo 720, de declaración de bienes en el exterior, a través del cual han aflorado patrimonio en otros países por más de 125.000 millones millones. Pero también comenzará a usar la información que reciba a través del acuerdo Fatca de intercambio espontáneo de información con EE UU en el que participan otros 78 países, un pacto por el cual Hacienda podrá tener toda la información sobre las cuentas bancarias de españoles en el extranjero. También tendrá que empezar a gestionar la información recibida del countrybycountry, la nueva obligación que tienen las empresas de detallar por países de donde proceden sus ventas y otras cifras de sus negocios. La Agencia ha creado nuevas herramientas y procesos para explotar estos datos sobre cuentas financieras, movimientos de divisas y operaciones de no residentes.

Hacienda también pondrá especial interés en el control de la economía digital, tanto en empresas que se basan en el comercio electrónico como en aquellas que alojan sus datos en la nube. "Se efectuarán comprobaciones de la tributación de negocios que operan a través de la red", señala la Agencia.

Además, se seguirán controlando las sociedades profesionales, los signos externos de riqueza, la emisión de facturas irregulares y las tramas de fraude de IVA.

El documento recoge las novedades que introdujo la Ley General Tributaria, reformada a finales del año pasado. "Las modificaciones en materia del plazo de prescripción del derecho a comprobar e investigar para algunos supuestos y la ampliación de la duración de los plazos del procedimiento inspector permitirán incrementar la eficacia de la Administración", señala el texto.

La nueva regulación también permite "las liquidaciones tributarias en los supuestos en los que  se hubiera iniciado la tramitación de un procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública o por delito de contrabando, y que se complementa con la no paralización de las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda tributaria y aduanera liquidada".

El organismo encargado de la recaudación y gestión de los tributos pondrá especial énfasis en combatir la economía sumergida, según se desprende del programa de control para 2016. En este punto se insistirá en detectar software de doble uso, programas informáticos que sirven para llevar una contabilidad con las ventas en negro.

"En 2016 se actuará contra la economía sumergida a través de la potenciación de las intervenciones realizadas mediante la personación en las sedes donde se realiza la actividad económica de los contribuyentes, al objeto de detectar y regularizar esas situaciones", señala el texto.

Entre las actividades de comprobación in situ, la Agencia destaca la realización de actuaciones en el sector servicios enfocados al descubrimiento de actividades y rentas ocultas en negocios que participen en la economia sumergida. "Entre otros", apunta, "se actuará sobre los particulares que ceden de forma opaca total o parcialmente viviendas por Internet u otras vías. De igual modo se actuará respecto de aquellas empresas turísticas regulares que no cumplen debidamente sus obligaciones fiscales. Asimismo, se realizarán actuaciones presenciales para la detección de alquileres irregulares no declarados". De esta forma, Hacienda explica que investigará a las entidades de economía colaborativa como AirBnB.

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Sobre la firma

J. S. GONZÁLEZ
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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