Desastres y aciertos de la troika

La troika alcanzó el grueso de sus objetivos económicos, pero a un coste social brutal. Este es el hilo conductor de las conclusiones a que llegan distintos informes oficiales europeos desde 2014 —alguno, muy autocrítico— sobre su labor, ya con datos y perspectiva.

Contra la creencia general, el equipo de vigilantes (BCE, FMI, Comisión) que enhebró y supervisó los planes de ajuste sureños, bálticos (y de Hungría y Rumania) sometidos a rescate, cosechó logros, rezan esos papeles.

Así, “la asistencia financiera logró el objetivo de evitar el impago desordenado de la deuda soberana, [de] consecuencias extremadamente graves y probablemente peores que las actuales”, sentencia el Parlamento Europeo (informe Othmar Karas, 14/2/2014, A7-0149).

“Salvo algunas excepciones, se cumplieron los objetivos anuales de déficit revisados (...), mejoró el déficit estructural (...) y el ajuste de la balanza por cuenta corriente fue más rápido de lo esperado”, concluye el Tribunal de Cuentas, TC, en su análisis de los rescatados, salvo Grecia (Ayuda financiera a los países con dificultades, informe especial núm. 18, 2015).

“El alcance del programa fue apropiado” y logró “restaurar la confianza en el sistema bancario español”, asevera la Comisión en su recentísima Evaluation of the financial sector assistance programme (European economy, número 19, enero de 2015).

Ese juicio se refiere a la aplicación del rescate bancario del MOU (Memorandum of Understanding), de julio de 2012, y a partir de entonces. No entra en el actual y apasionante debate —sobre los éxitos o fiascos del Gobierno del PP en el semestre anterior—, polarizado entre las posiciones de Luis de Guindos y las de Miguel Ángel Fernández-Ordóñez.

En cualquier caso, las tres instituciones sostienen, con distinto énfasis, que el coste social de los rescates fue exagerado, incluso desastroso. Así, el Parlamento “lamenta” las instrucciones de recortar “los sistemas de salud”; que “las medidas aplicadas hayan acentuado a corto plazo la distribución desigual de los ingresos”, disparando la pobreza; y que “la carga no se haya repartido entre todos los que actuaron de forma irresponsable” (ver el informe Alejandro Cercas, 21/2/2014, AT-0135).

El TC hurga, como debe, en los errores de la Comisión: las condiciones a los rescatados “no eran todas necesarias”, ni “siempre proporcionales”; no todos fueron “tratados de igual manera” (a Hungría se le exigieron 60 condiciones; a Portugal, 400); y se les aplicó “un calendario ajustado e irrealista”.

Lo peor es que la devaluación interna fue asimétrica. El coste de la crisis lo pagaron más unos que otros, pues se hizo sobre todo “a través de la reducción de los precios o del coste de la mano de obra”. Aunque también es cierto que —contra la opinión general— los Gobiernos gozaron de margen, y lo usaron: el portugués mantuvo el poder adquisitivo de los salarios bajos; el rumano aplicó una reducción general, indiscriminada, del 25%.

La Comisión, más ufana, minimiza los defectos sociales del plan para España. Y los acota en la excesiva carga para el contribuyente, la persistente ola de desahucios y los perjuicios a pequeños inversores y preferentistas.