Las empresas chinas aumentan su poder en el mercado boliviano

El Gobierno boliviano acaba de conceder a la empresa china Sinosteel la construcción de una planta para procesar el hierro del Mutún, uno de los yacimientos más importantes de Sudamérica, cerca de la frontera entre Bolivia y Brasil. Con ello, Bolivia comenzará su propia industria siderúrgica, una constante aspiración del presidente Evo Morales. La operación costará algo menos de 400 millones de dólares y confirma el predominio en Bolivia de los proveedores y socios de China.

Sin contar con este contrato, las empresas chinas estaban realizando caminos y plantas industriales por alrededor de 2.000 millones de dólares, un equivalente del 6% del PIB del país. Esta cifra se convertirá en 9.500 millones de dólares cuando se haga efectivo el préstamo obtenido por Bolivia en el China EximBank, que el Gobierno solo puede gastar a través de empresas de esta nacionalidad. El país sudamericano recurrió a este préstamo, el mayor de su historia, para continuar sus obras de infraestructura a pesar de la caída de los precios del gas, del que depende la mayor parte de sus ingresos.

Antes de que se gestionara este crédito, China ya era el principal acreedor bilateral de Bolivia. Sinosteel había tenido problemas para pagar sus deudas bursátiles el año pasado. Sin embargo, fuentes oficiales la presentaron como responsable de la construcción de “más de 100 siderúrgicas”. La polémica sobre la solvencia de esta compañía no es la primera que se produce en torno a las empresas chinas que operan en Bolivia.

Hace dos años la oposición cuestionó el hecho de que Shenzhen Vicstar, ya fuera sola o como parte de un holding llamado China Camc Engineering, hubiera obtenido cinco contratos por alrededor de 500 millones de dólares, la mayor suma acumulada en adjudicaciones estatales en la historia. Posteriormente, Camc presentó problemas en el cumplimiento del plan de construcción de una de las obras, un ferrocarril. Otra crítica a las empresas chinas la ha causado su costumbre de importar trabajadores desde su país de origen. El senador opositor Óscar Ortiz criticó a la central sindical del país, aliada del Gobierno, por “no decir nada” respecto a los puestos de trabajo que pierden los bolivianos.

También ha sido motivo de controversia el satélite que China puso en órbita para Bolivia, a un precio de más de 300 millones de dólares. Los críticos de esta decisión señalan que hubiera sido más barato y adecuado a las reales necesidades del país alquilar un espacio en un satélite estadounidense. Según las encuestas, sin embargo, la mayoría de la población considera que el lanzamiento del satélite Tupak Katari fue uno de los mayores logros de la gestión de Morales.