Un millar de municipios destinan 730 millones a inversiones sostenibles

Unos 800 Ayuntamientos y 29 diputaciones provinciales han destinado 732 millones de euros a inversiones financieramente sostenibles en 2015, según un balance elaborado por el Ministerio de Hacienda. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012, restringía la capacidad de los municipios para abordar nuevas inversiones. Dejaba un resquicio abierto para los que registraran superávit presupuestario y no tuvieran un volumen de deuda elevado. Los municipios de Cataluña y Andalucía son los que más han destinado a proyectos sostenibles.

Entre los proyectos financieramente sostenibles se encuentran las inversiones para ordenar el tráfico, de alcantarillado, abastecimiento de agua potable, recogida y gestión de residuos, alumbrado público, protección del medioambiente y del patrimonio histórico artístico... Estas inversiones deben contribuir al crecimiento a largo plazo.

En total los Ayuntamientos han destinado a estas inversiones 334,8 millones de euros y las diputaciones otros 396 millones hasta el tercer trimestre de 2015, según los datos recopilados por el Ministerio de Hacienda. Un año antes, las inversiones financieramente sostenibles de estas administraciones públicas ascendieron a 557 millones: los municipios destinaron a estos proyectos 358 millones y las diputaciones provinciales 199 millones de euros.

Estas cifras son un síntoma de la mejora de la salud de los Gobiernos municipales y provinciales. En los tres últimos años han registrado superávit presupuestario después de apuntarse unos números rojos de más de 8.000 millones (el equivalente al 0,8% del PIB) en 2011.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria que entró en vigor a finales de 2012 establecía un fuerte corsé a los Ayuntamientos. Limitaba mucho su capacidad de acción porque imponía fuertes restricciones presupuestarias. Obligaba a las entidades locales a reducir el déficit y la deuda, les impedía aumentar el gasto y restringía las inversiones. La norma contenía medidas para que Hacienda pudiera tutelar a los municipios más incumplidores. Y establecía medidas coercitivas que incluían multas y permitían llegar hasta la intervención. Además, la nueva ley de racionalización de las entidades locales limitó las competencias municipales. Estas dos normas, aprobadas durante la pasada legislatura por el PP, han provocado que los alcaldes hayan perdido poder.

Los fondos de liquidez (plan de pago a proveedores y el FLA) permitieron a los regidores enderezar las cuentas de los Ayuntamientos. A diferencia de las comunidades autónomas, los ingresos municipales no dependen tanto del ciclo económico y son más estables. Una vez que pinchó la burbuja inmobiliaria y desapareció la recaudación vinculada a este sector, las entidades locales sobrevivieron gracias a la fortaleza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el tributo que se paga sobre la propiedad de las casas y que nunca ha dejado de crecer.

Además, los alcaldes tuvieron menos objeciones que los presidentes autonómicos a aplicar recortes porque sus gastos no afectaban tanto a servicios esenciales. La sanidad, la educación y los servicios sociales dependen de las comunidades autónomas.

En este contexto, el conjunto de las entidades locales presentaron en 2014 un superávit presupuestario de unos 6.000 millones de euros, una cantidad equivalente al 0,66% del PIB.

Las condiciones

En aquella época los alcaldes, a través de la Federación Española de Municipios (Femp), reclamaron insistentemente al Gobierno que abriera la mano para que pudieran destinar este dinero ahorrado a inversiones. Hacienda permitió entonces que los Ayuntamientos que cumplan los límites de endeudamiento, que en 2013 hubieran registrado superávit presupuestario y remanente de tesorería pudieran destinar este sobrante a inversiones financieramente sostenibles. Pero impuso otras condiciones: las entidades locales tenían que pagar antes las deudas pendientes con proveedores para cumplir con la ley de morosidad y destinar el sobrante a amortizar deuda.

A pesar de este corsé, 269 municipios comunicaron a Hacienda que destinaban 334,86 millones a estas inversiones hasta septiembre de 2015. El Ayuntamiento de Madrid es el que más recursos ha destinado a estos proyectos (33,99 millones). Le sigue el de San Sebastián (26,18) y Barcelona (22,15). A continuación, están Mijas (9,25), Rubí (8,41) Torrent (7,82), Antigua (6,65) y Santander (5,74). Entre las diputaciones que más dinero han destinado a estos planes sostenibles están la de Barcelona (79,1), Sevilla (44,99) y Cáceres (35,21).