Hacienda rechaza las cuentas del Fondo de Garantía Salarial otra vez

La Intervención General del Estado (IGAE), el órgano que avala la contabilidad pública, ha rechazado las cuentas anuales del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) correspondientes a 2014 al encontrar “limitaciones al alcance” para expresar su opinión. Se trata del segundo año consecutivo que la Intervención deniega las cuentas de este organismo púb,ico encargado de abonar las indemnizaciones y salarios atrasados que las empresas en concurso no pueden afrontar. El organismo auditor, dependiente de Hacienda, justifica que al no existir “una normativa reguladora del pago de las mismas” no puede pronunciarse sobre si los pagos son correctos.

La Intervención General del Estado ha vuelto a negarse a dar su opinión sobe las cuentas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). “La cuentas representativas de la gestión de prestaciones se encuentran afectadas por la limitación al alcance basada en la inexistencia de normativa reguladora del pago de las mismas”, señala el informe de auditoría elaborado por la Intervención sobre las cuentas de 2014, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 24 de diciembre. El auditor alerta que este hecho provoca que exista disparidad de criterio para calcular el importe de las prestaciones. El año pasado ya rehusó pronunciarse sobre las cuentas de la entidad por motivos similares.

Este deficiencia “se traduce en la imposibilidad del auditor para pronunciarse sobre el cumplimiento de la legalidad de las resoluciones de pago de prestaciones y la consencuente comprobación de los pagos realizados”. El organismo fiscalizador precisa que esta “salvedad” no afecta a las prestaciones relacionadas con el despido improcedente en cuanto al cálculo del salario día.

La consencuencia más inmediata de esta situación es que la Intervención no puede garantizar que la contabilidad del Fogasa presenten la imagen fiel del organismo. La opinión del órgano auditor, dependiente del Ministerio de Hacienda, cobra importancia porque durante el año pasado el Fogasa tramitó 276.589 expedientes que supusieron un gasto por pago de prestaciones por un importe total de 2.288 millones de euros, lo que representa el 99% de los gastos totales del organismo. El Fogasa, dependiente organicamente del Ministerio de Empleo, abona las indemnizaciones o salarios que los trabajadores no hayan cobrado de sus empresas que están inmersas en un procedimiento de concurso de acreedores o en un despido colectivo.

La Intervención admite, no obstante, que se han hecho progresos. “En 2014, esta limitación al alcance debe limitarse en el tiempo”, señala el informe de auditoría, porque el 29 de septiembre de 2014 se aprobó el Manual general de procedimiento para la gestión de expedientes del Fogasa. “No obstante este manual no incluye la regulación de todos los supuestos idenficados sistematicamente como origen de la limitación al alcance”.

Preguntado el Ministerio de Hacienda para que explique con más detalle la limitación al alcance de la Intervención, el Departamento que dirige Cristóbal Montoro deriva la responsabilidad al Ministerio de Empleo. Este justifica que durante 2014 se redujo sustancialmente el retraso en la aprobación de los expedientes del Fogasa. Recuerda que existen manuales de uso interno para que el reconocimiento de derechos se efectúe con criterios uniformes.

El informe de auditoria pone de manifiesto que la Intervención solicitó varios documentos para constatar la existencia de una regulación sobre la gestión de prestaciones. “Ninguna de la documentación ha sido aportada o la aportada no reúne los requisitos necesarios”, argumenta el órganismo de control.

Disparidad de criterios

El auditor sugiere así que existe cierta discrecionalidad para el cálculo de las prestaciones. “Esta situación se vio agravada en 2014 debido a que la tramitación de los expedienes del proyecto Greta —una encomienda de gestión a la entidad pública Tragsatec para reducir el colapso del Fogasa— fue realizada por personal ajeno sin la experiencia ni la formación adecuada”. El informe de auditoria revela las “deficiencias y desajustes” que encontró el auditor al revisar el nuevo procedimiento destión. Lo que le llevó a concluir que “la limitacion al alcance se eleva al menos al 74,75% del importe de las prestaciones, un 73,77% del gasto del organismo”. Es decir, que la Intervención no puede garantizar que más de 1.700 millones de nóminas e indemnizaciones hayan sido pagadas correctamente.

No obstante, Empleo explica que en los últimos tres años se ha llevado a cabo una profunda modernización del Fogasa y recuerada que la institución se encontraba colapasada ante el fuerte aumento de procedimiento de despidos colectivos a partir del estallido de la crisis financiera. Un informe del Tribunal de Cuentas señala que los expedientes pendientes de tramitación se multiplicaron por tres entre 2007 y 2013. Y revela que, precisamente, a 31 de diciembre de 2013 había 221.384 expedientes pendientes de resolver, un 67% de los que había a finales del año anterior.

Pero el Tribunal de Cuentas, en un informe publicado hace unos meses, también alerta de “la más que probable existencia de posible fraude en el cobro de las prestaciones de garantía salarial”. Además, calificó como “antieconómico” el plan para reducir el colapso, a pesar de que Tragsatec, la empresa que recibió la encomienda de gestión para ayudar a reducir el colapso es una entidad pública.