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La juez retiene la indemnización de la antigua cúpula de Abengoa

La magistrada Carmen Lamela admite la querella de dos bonistas de la energética contra Benjumea y Sánchez y fija una fianza equivalente al dinero que ganaron al irse

Fernando J. Pérez
Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa.
Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la querella por administración desleal presentada por dos bonistas de Abengoa contra el expresidente de la compañía energética, Felipe Benjumea, y el ex consejero delegado de la compañía, Manuel Sánchez Ortega. La querella se interpuso por las indemnizaciones millonarias que se adjudicaron ambos directivos antes de que la multinacional andaluza presentara un preconcurso de acreedores, tras acumular una deuda bruta de 9.000 millones de euros.

La magistrada, en una resolución notificada este viernes, no solo da trámite a la denuncia sino que ordena a Benjumea y Sánchez Ortega a depositar en el plazo de 24 horas fianzas de 11,5 y 4,5 millones de euros respectivamente. Estas cantidades son equivalentes a las indemnizaciones que se fijaron ambos directivos antes de su salida de la empresa. En caso de no ingresar esta cantidad en la cuenta del juzgado en el plazo requerido, como medio para asegurar las posibles responsabilidades civiles o penales que pudieran declararse en un futuro juicio, la magistrada les advierte de que ordenará el embargo de sus bienes.

Con esta medida económica, la juez Lamela, recientemente incorporada al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, va un paso más allá de lo que le solicitó la Fiscalía el pasado miércoles en el escrito por el que el ministerio público se mostraba favorable a la admisión de la querella. Los bonistas consideran que con las “exorbitantes” indemnizaciones los directivos buscan “su lucro personal” en lugar de “salvar a los inversores” de la compañía de energía renovable. La querella acusa a Benjumea y Sánchez Ortega de un delito de administración desleal.

En el caso del ex consejero delegado, los bonistas también aprecian un delito de uso de información privilegiada. Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió una “contraprestación contractual” de 4,48 millones de euros más un bonus variable de 3,3 millones. Tras salir de la energética, Sánchez Ortega fichó por el fondo de inversión Blackrock, que pocas semanas después de contratarle empezó a adoptar posiciones bajistas en Abengoa. Según los querellantes, el exdirectivo pudo beneficiarse de su conocimiento de la situación real de su antigua empresa para adquirir acciones a la baja.

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En su resolución, la juez Lamela pide tanto a Abengoa como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que remita toda la información disponible acerca de las indemnizaciones de ambos directivos. Al supervisor bursátil le requiere, además, que le envíe todos los datos sobre operaciones de compraventa de acciones de Abengoa efectuadas por Blackrock desde el 1 de agosto de 2015.

Asimismo, el auto solicita al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla una copia del preconcurso de acreedores de Abengoa, y a la auditoria Deloitte le reclama una copia del último informe emitido sobre las cuentas y resultados de la compañía.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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