Mercasevilla presenta preconcurso de acreedores por un pago de 11 millones

La empresa pública Mercasevilla se ha acogido al preconcurso de acreedores para afrontar la sentencia judicial que le condena a pagar 11 millones a la constructora Sando. Esta firma ha reclamado la ejecución del fallo de la Audiencia de Sevilla que le beneficia, y Mercasevilla —participada al 51% por el Ayuntamiento andaluz y la sociedad estatal Mercasa al 49%— ha presentado el preconcurso como garantía y para contar con los cuatro meses de margen ante la urgencia. Sando reclamó la cifra a Mercasevilla al incumplir esta un contrato para explotar unas parcelas en el mercado de abastos, ganó ante la Audiencia de Sevilla y ahora Mercasevilla ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

En paralelo a este fallo, la sociedad pública ha protagonizado recientemente un escándalo judicial por una nefasta gestión de los anteriores directivos. En 2005 Mercasevilla y Sando firmaron un contrato por 8,9 millones —más 1,1 millones de intereses— para adjudicarle unas parcelas, pero al carecer de acometidas eléctricas, su explotación resultó imposible y la constructora demandó a Mercasevilla en los tribunales.

Para poder afrontar el pago a Sando, el pasado noviembre el Ayuntamiento llevó a cabo una modificación presupuestaria de 5,3 millones para inyectar en Mercasevilla. El resto hasta los 11 millones lo aportará el Estado a través de Mercasa, según fuentes del caso.

"Era necesario blindar a Mercasevilla con el preconcurso que deja cuatro meses de plazo para culminar los trámites de cumplimiento de esa sentencia", ha afirmado Juan Espadas, alcalde de Sevilla.

Carmen Castreño, concejal delegada de Economía, ha defendido que el propósito de esta maniobra era "salvar la compañía y, por tanto, evitar su disolución, al tiempo de mantener su titularidad y gestión públicas", informa Europa Press.

"Se ha realizado un gran esfuerzo buscando en todas las partidas del presupuesto y sin afectar a servicios esenciales, de forma que se han conseguido los recursos necesarios para la aportación municipal este año", señala Castreño. "Tras la última sentencia contraria, teníamos dos opciones: o dejábamos que la empresa se disolviera o hacíamos lo posible por salvarla. Y este gobierno tiene muy claro que su voluntad es salvar este servicio público", apuntaba.