Historia de un paro que no cesa
El modelo productivo español genera grandes tensiones en el empleo. Desde 1980 ni siquiera en los mejores momentos económicos el desempleo ha bajado de dos millones de personas
No existe otra época mejor. Un tiempo en que el paro no encabezase la lista de las principales preocupaciones de los españoles. En 1975 la tasa de desempleo apenas si afectaba al 4% de la población activa, una situación que no se ha vuelto a repetir ni en los mejores momentos económicos del país. Ni siquiera cuando España se situó como octava potencia mundial justo antes de la última gran crisis. Eso sí, entonces las condiciones laborales eran muy malas y los salarios, bajísimos, recuerda Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco.
La legislación laboral en la época franquista era tan represiva como protectora del trabajador
Se venía de una etapa del franquismo de fuerte crecimiento económico, el llamado desarrollismo, durante el cual el país se había industrializado y se habían generado muchos puestos de trabajo, explica Agustín del Valle, profesor de Economía de la Escuela de Organización Industrial (EOI). “La población activa era escasa porque todavía no se había incorporado la mujer al mercado laboral y, sobre todo, porque se había enviado a un gran contingente de trabajadores a Alemania, Suiza y Francia”, continúa. Hasta 1973, cuando estalló la primera crisis del petróleo, más de dos millones de españoles emigraron a estos países, según el historiador Juan B. Vilar.
Entonces la legislación laboral era tan represiva como protectora, exponen los profesores Maluquer y Llonch en Estadísticas Históricas de España, de la Fundación BBVA, que la tildan de “autoritaria, intervencionista y ajena a cualquier criterio de racionalidad económica”. “El régimen compensaba la falta de libertad sindical”, continúan, con la estabilidad en el empleo, que conllevaba unos altos costes del despido.
Como consecuencia de la crisis del petróleo que se vivía en aquellos días los conflictos laborales se dispararon y estas presiones sociales sirvieron para que se definiera el modelo de relaciones laborales de la democracia. “Los años transcurridos entre 1975 y 1985 fueron muy importantes para la realidad laboral española. Se aprobaron la Ley de Relaciones Laborales, con la que se regularon los contratos de trabajo y le negociación colectiva; la Ley Sindical, por la que aparecían los sindicatos libres y se regulaba el derecho a la huelga, y los Pactos de la Moncloa, a partir de los cuales los salarios comenzaron a subir en función de la inflación esperada en lugar de conforme a la inflación pasada, algo que revolucionó el sistema”, sostiene Sandalio Gómez, profesor emérito de IESE Business School, y que fueron los que dieron lugar al Estatuto de los Trabajadores, de 1980, el marco legal de referencia hasta nuestros días.
La década que va de 1975 a 1985 fue muy relevante para el mundo del trabajo. Nacieron los sindicatos libres y se regularon los principales derechos
Pero, al mismo tiempo, durante esta década de transición política, con dos crisis del petróleo y dos devaluaciones de la peseta incluidas, en un país cuya renta per cápita apenas crecía al 1,4% anual, indica Del Valle, “el paro se disparó. De hecho, no hay otro momento en la historia de España en el que haya crecido tanto como entre 1975 y 1985. Durante la recesión más reciente el desempleo se ha multiplicado por tres mientras que en aquella época lo hizo por cinco”, afirma. La crisis económica, la reconversión industrial, el regreso de los españoles que habían emigrado a Europa y la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral son las razones que explican que la tasa de paro fuese del 4% al 21,9%, y pasase de afectar de 600.000 a tres millones de personas, según Carlos Martín, responsable del Gabinete Económico del sindicato CC OO.
Y así es como se gestó uno de los problemas estructurales de la economía española que, 30 años después, ni se ha resuelto ni tiene visos de que lo vaya a hacer a medio plazo: incluso en los mejores momentos de actividad (y con el apoyo de la inmigración), casi dos millones de ciudadanos permanecen en desempleo, algo que nos distingue en el resto de Europa. Porque la estructura productiva nacional se basa en sectores intensivos en mano de obra, como el turismo y la construcción, que crean muchos puestos de trabajo en momentos expansivos del ciclo y destruyen infinidad de empleos en la fase recesiva, sobre todo desde que en 1984 se acometió la primera de las múltiples reformas que ha sufrido el Estatuto de los Trabajadores, que dio rienda suelta a los contratos temporales (en menos de 10 años pasaron a representar el 30% del total). Con ellos, se generó otro de los problemas enquistados en el mercado laboral: la temporalidad.
“En España utilizamos el margen extensivo para ajustar el empleo a la actividad, es decir, despedimos y contratamos en función de la evolución de la economía. Una respuesta se está agudizando actualmente. El empleo que se está creando ahora es de cortísima duración. El año pasado el 85% de los contratos temporales firmados fueron inferiores a tres meses y el 70% a un mes. Este modo tan miope de contratar no es bueno ni para la empresa ni por supuesto para el trabajador. Sería importante que cambiara la tendencia, pero veo mucha reticencia empresarial”, sostiene Sara de la Rica. Fue en 2006, el mejor ejercicio para el empleo en la serie histórica de la Encuesta de Población Activa (EPA), que parte de 1976, cuando el paro se situó en su nivel más bajo (el 8,3%) y los contratos de duración determinada alcanzaron su nivel más alto: el 35,6%.
Este modelo económico, indica Agustín del Valle, lleva a que España tradicionalmente no cree empleo. “Es su talón de Aquiles”. No hay más que ver cómo la población ha crecido en más de 10 millones de personas desde 1975 hasta hoy, en tanto que los ocupados han aumentado menos de la mitad, en cuatro millones, igual que el número de parados, agrega.
Como Del Valle, el responsable del Gabinete Económico de CC OO aboga por el tan manido cambio de modelo productivo que ningún Gobierno se ha atrevido a acometer hasta ahora. A su juicio, es la única forma de evitar que la desigualdad social siga campando a sus anchas en España, como advierte la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que la sitúa en el nivel más elevado de los últimos 30 años o la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que asegura que los hogares nacionales han perdido un 17% de poder adquisitivo de media entre 2006 y 2010, cifra que baja un 4% para las rentas más altas y se eleva al 43% para las más bajas. La última crisis, apoyada en la reforma laboral de 2012, ha provocado una devaluación salarial, un aumento de la brecha retributiva y un número creciente de trabajadores cuyo nivel de ingresos se sitúa por debajo del umbral de la pobreza, asegura Martín.
“Es tanto el esfuerzo que han hecho los trabajadores y las empresas en los últimos años que la productividad ha aumentado y se necesita menos para crecer”, sostiene Enrique Sánchez, presidente de Adecco. De hecho, ya el año pasado se dejó de destruir empleo por primera vez desde 2008 y entre enero septiembre de este año se han creado 480.000 puestos de trabajo, que a final de 2015 podrían llegar a 600.000, en opinión de Sara de la Rica. La catedrática mantiene que se está “observando una respuesta muy grande del empleo a la actividad económica”, aunque no deja de alertar de la precariedad de estos nuevos trabajos. Sánchez estima que en 2015 y 2016 España podrá crear 550.000 y 450.000 puestos respectivamente, lo que llevará a la tasa de paro a entornos del 20%, aún muy lejos de ese 4% que dejó el franquismo.
Las heridas de la crisis
Actualmente el desempleo se ceba con 4,85 millones de personas en España, una negativa cifra que, en 2012, superó los seis millones de ciudadanos. Tras dos años de mejoría, casi tres millones de personas son parados de larga duración, sobre todo mayores de 45 años y jóvenes sin experiencia, es decir, ninguno de los perfiles que demanda hoy el mercado laboral.
“Para digerir los parados que hemos fabricado con las burbujas inmobiliaria y financiera de entre 2000 y 2007 o desarrollamos políticas activas de empleo y creamos una renta de inserción o no vamos a poder hacerlo”, afirma el profesor de la EOI, Agustín del Valle. En su opinión es impensable que, con trabajos temporales y a tiempo parcial, y con salarios precarios se pueda resolver el problema.
Para conseguirlo, Sara de la Rica, catedrática de la Universidad del País Vasco, aboga por recortar las diferencias entre los costes del despido de trabajadores indefinidos y temporales a través del contrato único y aumentar la seguridad jurídica de los contratos indefinidos tras la reforma laboral de 2012, lo que restringiría así la posibilidad de usar los contratos temporales.
“Durante la última crisis nos ha faltado la ilusión colectiva que se vivió en la época de la Transición, con la que se construyeron las relaciones laborales y los acuerdos que permitieron dar la vuelta a la economía y a los salarios de los españoles. La falta de capacidad de negociación, de visión y el aferrarse a posturas cerradas han impedido grandes pactos sociales como los de entonces para hacer frente a la crisis y así es cómo se ha producido la situación tan dramática que vivimos”, se queja Sandalio Gómez, del IESE.
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