El PSOE presenta un decálogo para luchar contra la precariedad laboral

El PSOE ha recogido en un decálogo las propuestas para un Nuevo Estatuto de los Trabajadores que trata de convertir en una de las ofertas estrella de cara a las próximas elecciones generales. Con las medidas, algunas de ellas adelantadas por el secretario general, Pedro Sánchez, pretende aumentar los derechos fundamentales de los trabajadores, luchar contra la precariedad en el empleo, garantizar unos salarios alineados con la zona euro evitando la desigualdad y recuperar el papel de la negociación colectiva. Con esas acciones pretende combatir la reforma laboral realizada por el Gobierno del PP y que ha reafirmado que quiere derogar si llega a gobernar.

El citado decálogo, que ha presentado la secretaria de Empleo socialista, María Luz Rodríguez, con el respaldo del sindicato UGT esta tarde en Madrid, plantea “recuperar el Estatuto como carta de derechos laborales más clásicos, como el de derecho a la formación profesional o la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, e incorporar la garantía de derechos como la seguridad y salud en el trabajo, la libertad religiosa, el secreto de las comunicaciones y el de la propiedad científica e intelectual de los trabajadores.

El nuevo estatuto propone, para luchar contra la precariedad en el empleo, tres modalidades de contrato de trabajo (indefinido, temporal y de relevo y para la formación) y subraya que “no podrán cubrirse puestos de trabajo permanente con contratos temporales y ningún contrato temporal podrá durar más de un año”, aunque la negociación colectiva podría extenderlo a dos.

El objetivo es que la tasa de temporalidad converja con la media de los países de la zona euro en el plazo máximo de una legislatura. Y, en ese sentido, otra de las medidas persigue acabar con los falsos autónomos (denominados así porque trabajan en exclusiva para una sola empresa), que ahora regula el Estatuto del Trabajo Autónomo, de manera que pasen a formar parte del estatuto de los Trabajadores. Es decir que sean considerados como trabajadores por cuenta ajena y con los mismos derechos de seguridad Social que el resto.

Asimismo, quiere terminar con los falsos becarios. El propósito es que se exija que “la finalidad de su actividad en la empresa sea únicamente formativa y no productiva”, requiriéndose que se encuentre incorporado a un programa formativo curricular (es decir, que la beca sea el complemento de estudios oficiales, universitarios o de formación profesional, en el sistema educativo o de formación para el empleo, pero no de formación no oficial o de teleformación).

El decálogo se centra en los salarios con amplitud y plantea “convertir la subida de salarios en un motor de crecimiento económico y del empleo”, por lo que plantea subir el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio neto, recogido por la Carta Social Europea como “retribución mínima suficiente”. En el mismo sentido, persigue “vincular los salarios a la productividad” y para ello propone crear un Observatorio de Productividad que informe a los agentes sociales del crecimiento salarial necesario para alinearse con la zona euro. A su juicio, es la forma “para competir en una zona monetaria única y evitarse comportamientos cortoplacistas en los procesos de negociación del salario que han apoyado, al menos hasta la fecha, los ajustes vía destrucción de empleo”.

Otra de las acciones es “luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres”, para lo se necesita “transparencia”. Para ello, “todas las empresas tendrán un registro donde consten de manera desagregada los salarios y complementos que perciben los trabajadores” y las empresas tendrán “obligatoriamente un plan o estrategia contra la desigualdad salarial”.

También sostiene que “los trabajadores y trabajadoras contratados por las empresas de servicios cobren lo mismo que los que realizan el mismo trabajo que ellos pero contratados por la empresa principal”. Es decir, que se garantice la igualdad salarial entre las empresas principales y las de servicios. “La idea central es que al mismo trabajo le corresponda el mismo salario, sin que el hecho de ser contratado por una empresa de servicios suponga una reducción del mismo”, sostiene el texto.

Los socialistas piensan que se debe garantizar el tiempo en el trabajo y la jornada como un derecho del trabajador y una forma eficiente de mejorar la producción. En ese sentido, aseguran que van a regular de nuevo el trabajo a tiempo parcial y exigir claridad en la predeterminación del horario de trabajo sin confusas remisiones a la negociación colectiva; permitir las horas complementarias sólo si están previstas en convenio colectivo y no por simple pacto individual; exigir que el porcentaje de horas complementarias no supere el porcentaje de jornada irregular de los trabajadores a tiempo completo, y suprimir la posibilidad de que el tiempo parcial se compute anualmente, lo que provoca confusiones innecesarias con el trabajo fijo-discontinuo.

La negociación colectiva tiene, para el PSOE, la misma función redistributiva que los impuestos. “Con la negociación colectiva se distribuyen los beneficios de la actividad económica y empresarial”. Por eso, sostiene que hay que recuperar “la fortaleza de este instrumento y, con ella, la mayor igualdad que genera”. A este fin, se debe dar a los sindicatos todo el protagonismo en el proceso de negociación colectiva. Eso significa que “deben seguir existiendo los comités de empresa y delegados de personal, pero sin funciones de negociación”.

“Deben ser las organizaciones y secciones sindicales las que gobiernen la negociación colectiva y los descuelgues salariales cualquiera que sea el ámbito o nivel en que se desarrollen y derogar las extrañas comisiones que hoy participan en los procesos de reestructuración empresarial y reivindicar el papel del consenso y la participación de los trabajadores como elemento central de la toma de decisiones en el ámbito de la empresa”, continúa. Para concluir: “Por otra parte, elaboraremos una ley de participación institucional que clarifique el papel y asegure una financiación transparente de las organizaciones sindicales y empresariales”.