El fondo de vivienda para afectados por la crisis crece en casi 4.000 pisos

El Fondo Social de Viviendas se ha ampliado en 3.974 inmuebles, con lo que ya suma 9.866 pisos. Estos inmuebles estarán a disposición de personas especialmente afectadas por la crisis y ahora se ha decidido incluir nuevos colectivos entre los posibles beneficiarios, como los mayores de 60 años, los matrimonios o parejas de hecho sin hijos y los deudores no hipotecarios, según informó el Ministerio de Economía.

Un total de 29 entidades financieras (miembros de las patronales AEB, Ceca y Unacc) aportarán pisos. Sin embargo, las tres grandes dominan el parque de inmuebles entregados: CaixaBank aporta 2.629; Bankia 1.982 y el BBVA (incluyendo los de Catalunya Banc) 1.716. Esto supone el 64% del total. Además, el Santander destina 890 pisos; el Popular, 671 y el Sabadell 400. La morosidad de esta cartera se sitúa cerca del 60%, según diferentes entidades, por tratarse de personas que pertenecen a un colectivo vulnerable y por la picaresca a la que algunos recurren.

Hasta junio de este año, el Fondo Social ha adjudicado más de 4.000 viviendas, según estimaciones del sector. La propia banca protestó, hace meses, por el mal funcionamiento de este fondo, ya que la complejidad de las condiciones de entrada impedía que se beneficiara buena parte del público al que va dirigido.

En los últimos meses se han flexibilizado los requisitos y se han incrementado los pisos entregados. El Fondo puede establecer acuerdos con los ayuntamientos y ONG, según consta en la web.

Al Fondo se pueden acoger aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo aquellas que todavía no hayan sido desalojadas o las que hayan acordado la dación en pago, si cumplen unos requisitos económicos, como tener unos ingresos anuales de la unidad familiar que no superen el triple del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.

Además, deben cumplir con algún requisito de vulnerabilidad, como ser familia numerosa, tener menores a cargo, tener algún discapacitado, que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones o ser víctima de violencia de género. También se consideran vulnerables todas aquellas personas o unidades familiares para las que la vivienda supone, de acuerdo con un informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del Fondo para dar cabida a un mayor número de familias sin capacidad para afrontar el pago del alquiler. Con esta modificación se abrió la posibilidad de que las familias se mantuvieran en la vivienda que habitaban aunque la hubieran perdido por una ejecución forzosa y aun después de que hubiera sido adjudicada. También se recogió esta opción para las daciones en pago.

Igualmente, se incluyó a familias con hijos de hasta 18 años (hasta entonces el límite estaba en 3 años); dependientes o discapacitados (se eliminó el mínimo del 33% de discapacidad); prejubilados o jubilados que hubieran avalado con sus viviendas a sus hijos o nietos y otras personas en situación no tipificada pero que así lo aconsejen los servicios sociales.