La mujer más rica de México acusó de extorsión mientras negociaba

La acusación de extorsión de María Asunción Aramburuzabala, la mujer más poderosa de México, se diluye. Los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS demuestran que había una negociación previa entre los vecinos —entre los cuales se encuentra Adriana Pérez Romo, la esposa de uno de los comunicadores más influyentes del país, Joaquín López Dóriga— y la inmobiiaria Abilia, propiedad de la heredera. El conflicto inmobiliario lleva al menos 10 meses y las dos partes mantuvieron varios encuentros para llegar a un acuerdo para que la compañía de la empresaria realizara reformas en el edificio de los vecinos afectados por la construcción del complejo en uno de los barrios más exclusivos de la capital mexicana.

La bomba explotó después de la publicación el pasado 21 de agosto de un vídeo de seis minutos filtrado al periódico Reforma que muestra el último de esos encuentros. La grabación entera, de 45 minutos, no ha sido difundida. Los abogados de Aramburuzabala, la sexta persona más rica de México y una hábil empresaria que ha multiplicado la fortuna heredada de su padre, afirman que las imágenes reflejan un intento de extorsión por cinco millones de dólares a cambio de que los vecinos retirasen las demandas que impiden la construcción del complejo inmobiliario.

La bomba explotó después de la publicación el pasado 21 de agosto de un vídeo de seis minutos filtrado al diario Reforma

La empresaria, por su parte, ha alegado que la esposa de López Dóriga, que no aparece en las imágenes, amenazó con usar las influencias de su esposo para evitar la construcción del complejo. “No hay negociación posible con un extorsionador”, afirmó al semanario Proceso. El periodista, salvo dos mensajes colgados en su perfil en Twitter, ha guardado silencio.

Sobre el supuesto intento de extorsión, la firma del abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba, representante de los vecinos, argumenta que fue la inmobiliaria, y no ellos, quien se acercó para iniciar la “negociación” para evitar que los recursos legales siguieran adelante. La primera de estas reuniones se realizó el 11 de mayo de 2015. Dos representantes de la empresa de Aramburuzabala, Carlos Padilla y Guillermo Buitano Tirado, ofrecieron entonces a diez de los vecinos y al administrador un acuerdo de “conciliación” que consistía en el cambio de cristales de su fachada y otras reformas para mitigar la pérdida de valor de las propiedades de los afectados según demuestran documentos internos a los que ha tenido acceso este diario.

“Las negociaciones en este tipo de casos son habituales”, asegura una fuente cercana al proceso

Más allá de los focos mediáticos, el caso refleja el inexpugnable laberinto de las leyes mexicanas. En este caso, las del uso de suelo del Distrito Federal. La inmobiliaria Abilia, propiedad de Aramburuzabala, lleva al menos diez años metida en litigios y acuerdos para sacar adelante la construcción del complejo situado en Rubén Darío 225, en el exclusivo barrio de Polanco de la capital mexicana. La inversión, de 2.218 millones de pesos (unos 130,8 millones de dólares), ha sido detenida por las autoridades en cinco ocasiones desde que el grupo legal que representa a los vecinos, once propietarios de pisos en el edificio contiguo, presentara quejas administrativas ante ocho distintas instituciones oficiales entre diciembre de 2014 y enero de este año.

La pregunta evidente: si la ley está de su lado, ¿por qué es necesario negociar? “Las negociaciones en este tipo de casos son habituales”, asegura una fuente cercana al proceso. El argumento, con palabras casi idénticas, ha sido esgrimido por los representantes legales de la heredera. “Si los permisos son ilícitos, ¿por qué él [el abogado de los vecinos] podía recibir cinco millones de dólares?”, afirmaron hace unos días.

La vaguedad de las leyes de uso de suelo del DF desembocan en un vía crucis para los inversores y un laberinto legal para los vecinos afectados. En el caso del barrio de Polanco, por ejemplo, las normas datan de 1992 y no han sido actualizadas pese al estallido inmobiliario de los últimos años. La conclusión: las leyes de uso de suelo en la capital de México son tan vagas que consiguen que, al mismo tiempo, todos tengan la razón y no la tenga nadie.