El Supremo anula la opa a Funespaña por perjudicar a pequeños accionistas

El Tribunal Supremo ha anulado la OPA de Mapfre sobre la funeraria Funespaña, de marzo de 2012. El Alto Tribunal rectifica a la Audiencia Nacional y da un varapalo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que fijó como precio equitativo siete euros por acción. El Alto Tribunal, en una sentencia notificada ayer y a la que ha tenido acceso este diario, considera que debió tener en cuenta que Mapfre había pactado con un grupo de accionistas un precio que alcanzó finalmente los 7,5 euros por acción, un 7% superior.

El 27 de marzo de 2012, la CNMV autorizó la oferta pública de adquisición de acciones que Mapfre lanzaba sobre Funespaña. El presidente de la CNMV era entonces Julio Segura. Culminaba así un proceso que había comenzado años antes, el 20 de diciembre de 2010, cuando Gesamp (propiedad de Mapfre) y Funespaña anunciaron un proceso de fusión. En mayo de 2011, Mapfre acordó con "un grupo significativo de accionistas" una compra de acciones a un precio de 7,4 euros por acción, aunque no lo inscriben en el registro hasta noviembre de 2011. Al final, la OPA la lanzan en 2012 pero se toma como fecha de referencia para fijar el precio la de diciembre de 2010, y la CNMV acepta que sea de 7 euros por acción.

José Ignacio Rodrigo Fernández, expresidente de Funespaña y que posee un 15% de las acciones, se negó a ir a la OPA y recurrió ante la Audiencia Nacional. Esgrimió, entre otros motivos, que la OPA perjudicaba a los accionistas que no habían pactado con Mapfre, ya que estos obtenían un precio superior a los 7 euros por acción. Y daba como ejemplo que el consejero delegado de la compañía había comprado acciones en 2011 a 7,44 euros.

La sentencia critica la "clara desprotección de los accionistas minoritarios"

En marzo de 2014, la Audiencia Nacional dio la razón a la CNMV, que preside Elvira Rodríguez, y rechazó su recurso. "El precio fijado por la CNMV de 7 euros por acción se ajusta plenamente" al decreto de 2007 que regula las OPA, "pues se trata de un precio no inferior al más elevado pagado por acción, en el año anterior a le fecha de anuncio de la OPA tomada como referencia, esto es, el 20 de diciembre de 2010". La Audiencia consideró que era "irrelevante" el precio que Mapfre hubiera pagado después de 2010 a los accionistas con los que había llegado a un acuerdo.

Rodrigo recurrió ante el Supremo y la sección tercera del Alto Tribunal le ha dado la razón. En una sentencia notificada el miércoles y de la que es ponente José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat rectifica a la Audiencia Nacional. Considera que hizo una "interpretación literalista [...] no razonable" del decreto que regula las OPA. Señala que la norma obligaba a la CNMV a "incrementar el precio atendiendo al precio concertado en los pactos particulares suscritos el 31 de mayo de 2011, por Mapfre y un grupo significativo de accionistas de Funespaña, debido al largo periodo de tiempo que transcurrió entre el primer anuncio del proyecto de fusión de las sociedades Gesmap -sociedad participada por Mapfre- y Funespaña (20 de diciembre de 2010) y la ejecución de la operación empresarial, que se formalizó el 31 de mayo de 2011".

La funeraria tiene 1.200 trabajadores y gestiona en España más de 90 centros

La sentencia recuerda que la CNMV está "obligada a garantizar que en la determinación del precio equitativo no se produzca una infravaloración de las acciones en perjuicio de los titulares de los valores afectados". Y añade que en esta OPA se produjo "una clara desprotección de los accionistas minoritarios no concertados". Fuentes jurídicas señalan que es la primera vez que el Supremo tumba una OPA. Mapfre posee el 81% de Funespaña después de comprar en diciembre otro 17% que le faltaba a 7,5 euros por acción. El miércoles cerró la cotización a 7,3 euros por acción.

El escenario que se abre ahora es incierto. Rodrigo opina que ahora Mapfre deberá ofertar a los accionistas un precio mayor. "La CNMV no protegió a los accionistas minoritarios y ahora Mapfre pierde los derechos de voto", opina.

La sociedad tiene 1.200 trabajadores y gestiona en España más de 90 centros funerarios, entre tanatorios, crematorios y cementerios en 22 provincias, según su web.