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La Eurocámara plantea alternativas al arbitraje en el pacto con EE UU

La propuesta, que reclama incorporar jueces de carrera a la resolución de conflictos empresas-Estados, permite desbloquear la posición del Parlamento Europeo sobre el TTIP

Eurodiputados con carteles en contra del TTIP, el martes en Estrasburgo.
Eurodiputados con carteles en contra del TTIP, el martes en Estrasburgo. REUTERS

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles, después de que la votación fuera pospuesta el mes pasado, sus recomendaciones a la Comisión Europea para la negociación de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión —el pacto comercial que Bruselas negocia con Washington desde hace ya dos años (conocido por sus siglas en inglés, TTIP)—. Los eurodiputados no fueron capaces entonces de ponerse de acuerdo respecto al mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS, en sus siglas en inglés), un tribunal de arbitraje al que las empresas tienen la opción de recurrir si consideran que su inversión ha sido maltratada porque no se ha respetado lo firmado en el tratado. Las discrepancias fueron acusadas sobre todo en las filas del grupo socialdemócrata, en el que muchos sostenían que este tipo de mecanismo es innecesario porque EE UU y la UE tienen un nivel similar de protección legal. Finalmente, la resolución ha conseguido el visto bueno mayoritario de la Eurocámara gracias a un compromiso al que han llegado populares, socialdemócratas y liberales. Aceptan que haya una vía especial para la reclamación de las empresas, pero se resolverán por un órgano formado por "jueces profesionales, independientes y designados públicamente en audiencias públicas".

Así, el nuevo sistema, sostiene la resolución del Parlamento Europeo, deberá estar "sujeto a los principios y el control democrático" y gestionar los asuntos "de manera transparente", al tiempo que incorporará un mecanismo de apelación.

Los eurodiputados también dejan claro que el nuevo sistema deberá respetar la jurisdicción de los tribunales comunitarios y de los Estados miembros y asegurar que los intereses privados no menoscaben los objetivos de las políticas públicas. "Los tribunales privados de los órganos de resolución de disputas no serán incluidos en el acuerdo comercial. Tenemos un nuevo sistema. Será un tribunal público", ha explicado en rueda de prensa el eurodiputado responsable de las negociaciones sobre el TTIP, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, que no ha ocultado su satisfacción por que los eurodiputados hayan logrado "resolver este problema".

Más allá del sistema de arbitraje, destaca la línea roja establecida por los parlamentarios europeos al exigir que se mantengan los niveles de protección existentes a los trabajadores europeos. La resolución reclama que Estados Unidos se comprometa a respetar los estándares laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o, de lo contrario, se arriesga al veto del hemiciclo europeo al acuerdo cuando se vote, una vez este haya sido negociado. La posición adoptada por la Eurocámara establece otras peticiones, como la protección de los servicios públicos europeos, el respeto a los estándares medioambientales en la UE, la transparencia en las negociaciones y mayor inclusión de la sociedad civil en el proceso.

Multas multimillonarias

Pero era el ISDS el que había enconado el conflicto entre los parlamentarios. Este órgano, que puede condenar a los países a pagar multas multimillonarias, se ha topado con una fuerte oposición en Europa. Con el fin de ganar apoyos, la comisaria de Comercio, la sueca Cecilia Malmström, propuso en mayo una reforma consistente en la creación de una corte de apelación independiente ante cualquier conflicto de intereses entre empresas privadas y los Estados. Este miércoles, las recomendaciones de los eurodiputados, que incluían una propuesta de arbitraje muy similar a la planteada por la comisaria, han sido aprobadas por 436 votos a favor, 241 en contra y 32 abstenciones. Los más críticos con la votación han sido los ecologistas europeos y la Izquierda Unitaria Europea. Dentro del grupo socialdemócrata ha habido votos discrepantes desde las filas laboristas y de los socialistas belgas, franceses y austríacos. Todos los europarlamentarios del PSOE han votado a favor.

3.000 acuerdos con tribunales privados

Unos 3.000 acuerdos de libre comercio incluyen un mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, que permite a las empresas que creen que han recibido trato discriminatorio saltarse la jurisdicción nacional y acudir a este tipo de tribunales. Están formados por tres árbitros elegidos por las partes -uno por la compañía; otro por el Estado, y el tercero por consenso entre ambos o, en su defecto, por la institución arbitral.

El arbitraje privado se popularizó en los años setenta y ochenta del siglo pasado. Unos 3.000 acuerdos de libre comercio en el mundo incluyen un mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, que permite a las empresas que consideran que han recibido un trato discriminatorio saltarse la jurisdicción nacional del país en el que estén operando y acudir directamente a este tipo de tribunales. No están formados por jueces permanentes, sino por tres árbitros elegidos por las partes —uno por la compañía; otro por el Estado, y el tercero designado por consenso entre ambos o, en su defecto, por la institución arbitral por la que hayan optado—. Estos arbitrajes suelen desarrollarse bajo dos sistemas regulatorios: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (Uncitral).

El acuerdo comercial que negocian EE UU y la UE, el más ambicioso planteado hasta la fecha, ha puesto el ISDS sobre la mesa. En Washington hay un gran interés por conservar esta fórmula. "En este caso yo no le encuentro el sentido. Surgió para dar seguridad a los inversores en países en vías de desarrollo. Pero los estándares entre ambas regiones son muy parecidos. No creo que incluir un ISDS en el tratado vaya a estimular la inversión, ni que el hecho de no incluirlo vaya a impedir a las empresas invertir a un lado u otro del Atlántico", afirma Harm Schepel, profesor de Derecho Económico en la Universidad de Kent (Reino Unido). Según explica, son procesos caros, que pueden costar "unos siete millones de euros de media", por lo que no van a poder recurrir a él pequeñas y medianas empresas, sino solo grandes compañías. Él y otro centenar de colegas se han pronunciado en una carta en contra de incluir un ISDS en el TTIP.

Marco de Benito, profesor de Derecho en la IE University, por el contrario, lo defiende. Afirma que los Estados solo pueden ser condenados si adoptan medidas "arbitrarias, discriminatorias, expropiatorias o que violen las garantías de inversión" previamente acordadas. Desmiente que las compañías puedan demandar a los Gobiernos por acciones que les causen una pérdida de beneficios y asegura que, en lugar de perjudicar el Estado de derecho, el ISDS "lo refuerza, pues obliga a las naciones a cumplir" con sus compromisos.

De Benito se refiere a las críticas que ha recibido este mecanismo de arbitraje por influir en el derecho de los Estados a legislar. La compañía sueca Vattenfall reclama a Alemania 3.700 millones de euros por incumplir la carta de la energía a raíz de su decisión de abandonar la producción de energía nuclear. España —el tercer país con más demandas ante el Ciadi, por detrás de Venezuela y Argentina— tiene pendientes 14 denuncias por los recortes a la retribución de las energías renovables. Australia se enfrenta a una reclamación por parte de la compañía tabaquera Philip Morris por su ley de empaquetado genérico de tabaco, que impide a las marcas diferenciarse en las cajetillas. "Se trata de casos aún no resueltos. Es preciso tener en cuenta, además, que los Estados ganan en tres de cada cinco casos, según datos de la ONU", puntualiza el profesor de Derecho, quien añade que, además, los dictámenes de estos tribunales de arbitraje no obligan a los países a cambiar sus leyes, sino a pagar una compensación económica.

"El ISDS sería extremadamente peligroso. Un Gobierno pequeño y débil puede parar una legislación si sabe que se enfrenta a una multa multimillonaria a raíz de un conflicto con una empresa", señala Susan George, politóloga y escritora que dirige el Transnational Institute de Ámsterdam. "EE UU tiene un sistema unificado. Y en la UE ni siquiera todos los países utilizan la misma moneda". George se muestra muy crítica con el TTIP y con la "opacidad" con la que funciona el ISDS. "Las partes no están obligadas a hacer pública la resolución. Y en muchos casos deciden llegar a un acuerdo económico previo para evitar pasar por todo el proceso", continúa. E insiste en que este mecanismo de arbitraje no es necesario, en que los sistemas judiciales de ambas regiones funcionan y son suficientes.

"Creo en este mecanismo. La alternativa es mucho peor", afirma Elena Gutiérrez, secretaria general de la Corte de Arbitraje de Madrid —organismo que media entre empresas—. "Es cierto que se trata de un mercado reducido [el de árbitros], pero son expertos, a diferencia de la mayoría de los jueces", señala. Gutiérrez otorga mucha importancia a que sean profesionales que conozcan el asunto que se trata quienes actúen como jueces. "El sistema no es perfecto, habría que mejorar en transparencia. Es preciso hacer ajustes porque se ha importado una fórmula pensada para conflictos entre empresas a conflictos en los que una de las partes es un Estado, pero considero que es importante mantenerlo".

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