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OPINIÓN

Una modesta proposición

Que los planes de choque contra la pobreza no cuenten en el déficit público

Es difícil, pero es una proposición modesta: del mismo modo que Bruselas ha autorizado a los Gobiernos a presentar su déficit público sin computar las ayudas a la banca, habría que intentar que se sacase del déficit de comunidades autónomas y Ayuntamientos —las Administraciones más próximas al ciudadano y las que han de arreglar sus problemas más urgentes— el coste de los planes de choque contra la pobreza y la exclusión. Objetivando sus contenidos. Lo primero es voluntad política. Qué buen reto para Guindos si es presidente del Eurogrupo.

España tiene unas alarmantes cotas de pobreza. Solo es superada en este aspecto por Reino Unido y naciones del Este europeo: el 10% de la población más pobre (a quien irían destinados los planes de choque) ha perdido en estos años un 13% de su renta disponible. Porcentajes que solo se dan en depresiones o conflictos bélicos.

Esos planes (que contemplarían, por ejemplo, la primera medida adoptada por Manuela Carmena en Madrid de incrementar en un 50% el presupuesto para que los niños malnutridos puedan comer y cenar durante el verano, cuando cierran los comedores escolares) no son el chocolate del loro para el cómputo del déficit. Y si lo fuesen, ¿por qué no se han aplicado en tantos sitios hasta ahora? He tenido la oportunidad de conversar con un nuevo alcalde de una de las ciudades más grandes del país, lleno de fuerza, y preocupado por la urgencia de estos planes de choque y su financiación (para lo que habrá de cambiar partidas presupuestarias, desatendiendo otras necesidades).

Apenas han pasado dos semanas de las elecciones y ya se ha plasmado la clásica contradicción entre promesas electorales y límites de gasto. Lo expresó el guardián de las cuentas públicas, Cristóbal Montoro, en tono agrio: los nuevos gobernantes tienen una legislación vigente (la ley de estabilidad presupuestaria) a la que deben atenerse. Son reglas de gasto y un techo de deuda. El responsable último es el Gobierno central, que es a quien Bruselas exige responsabilidades.

La propuesta de dividir el déficit público en dos segmentos ya se ha estudiado en otras ocasiones (antes se intentó con el índice de precios al consumo para revalorizar las pensiones sin indiciarlas). Es más humilde que la propuesta de Jonathan Swift que planteaba que los padres debían vender a sus hijos a los terratenientes ricos para que se los comieran. O que la de Varoufakis, Holland y Galbraith para controlar los costes humanos de la austeridad y la desintegración de la eurozona.