El Gobierno incumple con la UE, pero acusa a los demás

España acabó 2014 como el país más deficitario de la UE, detrás de Chipre. El Gobierno incumplió su compromiso de reducir el déficit público al 5,5% del PIB; lo superó en tres décimas. La cuantía no es horrible. Lo peor fue la propaganda adyacente: somos los mejores de Europa en PIB y tal, aleluya.

Si nos acercamos al objetivo fue porque 2014 fue el año no en el que el Gobierno administrase mejor, sino en que los contribuyentes pagamos más impuestos. Se recaudaron 175.000 millones de euros, récord desde ante de la crisis (2007: 200.000 millones, EL PAÍS, 13 de abril). Fue el año en que los usuarios del bienestar (sanidad, educación, servicios sociales) financiamos otras cosas: el welfare pasó del 45,5% del PIB de antes de Mariano Rajoy, al 43,6%.

Si nos acercamos no fue porque el Gobierno fuese austero: desbordó la previsión del déficit central (Administración General del Estado, AGE, más Seguridad Social, SS), del 4,5%, al 4,68%%. Fueron austeros los municipios, que registraron superávit.

El gasto central permitido quintuplica el autonómico en vez de triplicarlo

Claro que las autonomías fueron peor (1,66% en vez del 1%), como bien propagaron las terminales del poder: el Estado cumple, los cantonalismos despilfarran, y bla bla bla: todo trampa. ¿Fueron las autonomías realmente peor? No. Jugaron con cartas marcadas. Esa previsión del 1% no era un objetivo acordado voluntariamente, se les impuso por la mayoría gubernamental en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hacienda sabía antes de dictarlo que no lo alcanzarían, y así fraguó con antelación su propaganda procentralista.

La cosa tiene más bemoles. El reparto de los techos del déficit fue disparatado, como siempre. Las comunidades suponen aproximadamente un tercio del gasto público (36,2% en 2008). Deberían pues “ocupar” un tercio del déficit autorizado, pero solo se les permitió un quinto (AGE más SS, 4,5%; CCAA, 1%). La realidad acabó por imponerse y acabaron 2014 en un tercio.

La historia se repetirá este año. Las autonomías no podrán atenerse al 0,7% impuesto (frente al 3,5% central, un quinto en vez de un tercio). Escuelas y hospitales: el gasto autonómico aparecerá otra vez como el gran culpable manirroto. Vergüenza.

El Gobierno incumple además la ley. Si las autonomías tienen dificultades es porque sus ingresos propios se desplomaron: sólo son el 13% del total, indica la profesora Maite Vilalta (“Informe sobre Federalismo fiscal”, IEB-IEF). Se viola el principio de suficiencia. Culpable: el Gobierno, al aplazar sin fecha la reforma de la financiación autonómica, que debía imperar desde 2014. Y la sustituyó por paliativos como el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), que no resuelven la desventaja estructural, sino que trocan a las comunidades en entes adictos, sumisos, ya para nada autónomos.