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OPINIÓN

El debate de la energía distribuida

La regulación debe impulsar y no frenar los nuevos servicios energéticos eficientes

El debate de la energía distribuida

La expresión “generación distribuida” se refiere a fuentes no centralizadas de generación eléctrica que utilizan recursos como la energía eólica, fotovoltaica o la producción combinada de calor y electricidad y que se encuentran cerca de los consumidores. Es una nueva y excelente noticia para impulsar una economía con menos emisiones de dióxido de carbono y más opciones para los consumidores. La combinación de sistemas de almacenaje de electricidad cada vez más baratos y potentes, la caída del coste de generación de la energía distribuida y el creciente interés de la sociedad y los Gobiernos por reducir las emisiones abren muchas oportunidades para estos sistemas.

La energía distribuida también plantea problemas; muchos se pueden derivar de los criterios para fijar los precios de los servicios de las redes eléctricas. La fijación de estos precios es difícil, porque las redes de transporte y distribución presentan rendimientos crecientes a escala, tienen características comunes con los bienes públicos, y en estos entornos no existen soluciones perfectas. Pero es imprescindible evitar dos errores. El primero sería el de establecer el precio de los servicios de redes de un consumidor en función del volumen consumido de electricidad de la red, decisión que puede destruir la viabilidad económica de los sistemas de distribución y transmisión de energía eléctrica. El problema se acentúa si las tarifas, además de fijarse en función de la energía eléctrica de la red consumida, incluyen otros costes que no son propios del servicio. Este error provocaría la denominada “espiral de la muerte”; es decir, a medida que más clientes adoptan energía distribuida, los costos para mantener y operar las redes eléctricas se distribuyen entre una base menor de consumidores. Así los precios de la energía eléctrica de la red se elevan cada vez más promoviendo una mayor desafección de los consumidores por esta energía; solo se quedan en la red los que no pueden acceder a la energía descentralizada y para ellos la carga de la red se acaba haciendo no sostenible e injusta.

El segundo error sería fijar las tarifas en función del consumo total de energía, tanto de la centralizada como de la descentralizada, olvidando el servicio efectivo que el consumidor descentralizado demanda de la red. En este caso, los consumidores perderán el incentivo a instalar energía distribuida eficiente y se estará perdiendo una oportunidad de desarrollar una nueva tecnología que, además de ser baja en carbono, aumenta las opciones de los consumidores.

Aunque evitar los mencionados errores es viable, las soluciones regulatorias completas que van más allá de la fijación de los precios son difíciles, sobre todo cuando implican nuevas tecnologías disruptivas que alteran los modelos de negocio y las rentas de muchos actores. En la búsqueda de soluciones hay dos enfoques: el conflicto y la cooperación. La opción adoptada en España parece, por las discusiones que aparecen en la prensa, que está cercana al conflicto. Por ejemplo, algunos denuncian que el peaje de respaldo al autoconsumo de electricidad, alegando que lo que deben pagar los consumidores con sistemas distribuidos que reciben servicios de las redes eléctricas, vulnera principios constitucionales. La racionalidad de esa denuncia es difícil de entender cuando la normativa para la determinación de tales peajes no se ha desarrollado todavía.

La regulación debe impulsar y no frenar los nuevos servicios energéticos disponibles y eficientes

Otros países han optado por la cooperación. El Estado de Nueva York lanzó en el año 2014 un procedimiento público para examinar y evaluar las reformas normativas necesarias para dar forma a las funciones y responsabilidades de las empresas en el nuevo entorno, tanto las eléctricas integradas como los nuevos actores del mercado. Los documentos generados son un ejemplo de análisis racional entre actores con intereses divergentes. Asimismo, el Consejo de reguladores de la Unión Europea y el regulador de la energía de Reino Unido, OFGEM, abrieron consultas sobre las implicaciones de los nuevos modelos de negocio. Todavía no hay conclusiones publicadas.

En España, un proceso de colaboración entre los actores impulsaría un desarrollo eficiente de las energías distribuidas y una distribución equilibrada de los costes y beneficios. Tres sugerencias para el diálogo.

Primero. La entrada de nuevos participantes en el negocio eléctrico generará muy pronto una oleada de nuevos productos y servicios que aumentarán las opciones para los consumidores y debilitarán los modelos tradicionales de suministro de electricidad.

Segundo. La regulación debe impulsar y no frenar los nuevos servicios energéticos sostenibles y eficientes, pero evitando opciones ineficientes. Para ello es preciso evaluar los riesgos del nuevo entorno y el impacto de la regulación sobre los beneficios y los costes.

Tercero. Una mayor colaboración entre los actores es necesaria para la correcta identificación y solución de los problemas regulatorios y tecnológicos presentes y futuros. Por tanto, una consulta es solo el inicio de un compromiso a largo plazo para entender las necesidades de los nuevos negocios y los beneficios y los costes para la sociedad.

Paulina Beato es catedrática de Análisis Económico y técnico comercial y economista del Estado.