La unión salva al sector azucarero

Cada español consume cada año en promedio 28 kilos de azúcar: un total de 1,4 millones de toneladas del producto. Sin embargo, la Comisión Europea, bajo presión de las empresas francesas y alemanas —ansiosas por volcar sus abundantes excedentes en el jugoso mercado ibérico—, hace grandes esfuerzos para reducir la producción de remolacha azucarera en España. El sector ha respondido al desafío con una acción común por parte de los cultivadores, los procesadores de azúcar y las Administraciones públicas para garantizar la supervivencia de la industria, al menos hasta 2020.

La remolacha continúa siendo un cultivo de regadío más rentable que muchos otros; sin embargo, también requiere más trabajo y una mayor inversión por adelantado. Por eso es por lo que preocupa tanto sostener un precio que mantenga a los agricultores en el cultivo. Las cifras cantan: Bruselas asignó a España una cuota de producción de 498.000 toneladas, algo más de un tercio del consumo nacional. El resto se tiene que importar. Esta cifra representa un 50% menos que la cuota establecida para 2006, que fue de poco más de 900.000 toneladas.

Aunque España ha salido menos perjudicada con la reforma que otros países del sur de Europa —la cuota de Italia se redujo dos tercios y Portugal fue obligada a terminar con la producción de azúcar en su territorio peninsular—, sale perdiendo en comparación con los grandes productores como Francia (con una cuota un 8,6% menor) o Alemania (un 15,1%).

Además, en la última reforma de la Organización Común de Mercado (OCM), Bruselas impuso una fuerte reducción de los precios oficiales, así como una política de ayudas para fomentar el abandono del cultivo. Así, la superficie cultivada se ha reducido a la mitad —de más de 80.000 a 40.000 hectáreas, la mayoría de ellas en Castilla y León—. El recorte europeo ha hecho que la remolacha se haya dejado de cultivar en Castilla-La Mancha, Extremadura y en la mayor parte de Andalucía.

Las dos grandes firmas del sector azucarero español, la privada Azucarera —propiedad de la británica British Sugar— y la cooperativa Acor, a su vez asociada con la francesa Teveos, han adoptado distintas medidas para adaptarse a este nuevo marco comercial. La reducción en tamaño del sector ha obligado a Acor a cerrar una de sus dos plantas en Valladolid, mientras que Azucarera ha echado el cierre a sus plantas en Ciudad Real, Guadalcacín (Cádiz), La Rinconada (Sevilla) y Peñafiel (Valladolid).

A pesar de todas estas medidas para recortar la producción, el precio medio del azúcar en la Unión Europea continuó cayendo con respecto a los máximos que marcó entre 2011 y 2013 (en los que se superaron los 700 euros por tonelada de azúcar blanco) y se acerca al precio de referencia marcado por Bruselas, de 404 euros. Aun así, esta cifra está bastante por encima de los índices del mercado global, que rondan los 275 euros por tonelada para el azúcar moreno y 335 para el azúcar blanco.

Ante el desánimo de los agricultores por la inseguridad que da la desaparición de las cuotas y un mercado internacional en descenso, el Gobierno y la patronal quieren contribuir con ayudas al cultivo. La aportación de las Administraciones públicas a este programa empieza con los 400 euros por hectárea que reciben los agricultores del Estado central, a través de los fondos de la reforma de la PAC. Además, en Castilla y León, zona eje de la producción nacional de remolacha, el Gobierno regional desembolsa otros 500 euros por hectárea a través del Plan de Desarrollo Rural.

Mientras, por parte de las azucareras, Acor, que tiene casi un 25% de la cuota asignada, ha adoptado una estrategia que, a través de precios y retornos cooperativos y apoyos técnicos al cultivo, ha conseguido elevar la superficie de siembra a más de 10.000 hectáreas, y la producción hasta las 160.000 toneladas. Al mismo tiempo, Azucarera, que con sus 378.000 toneladas de cuota es la mayor productora del país, ha firmado un acuerdo marco interprofesional con las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG, y la Confederación Remolachera, para mantener la sostenibilidad del cultivo.

El primer paso del acuerdo fue lograr una mayor coordinación entre agricultores y la industria a la hora del arranque de la cosecha de la remolacha. El objetivo es que la raíz se corte en el mejor momento para su molturación, en función de la calidad y el contenido en azúcar de la planta y la necesidad de materia prima de las distintas factorías.

Entre otras medidas, existirá una prima para la remolacha que se produzca más cerca de las industrias: un cultivo a menos de 20 kilómetros de la factoría recibirá dos euros por tonelada, mientras que la procedente de granjas a más de 60 kilómetros solo recibirá una cuarta parte de esa cifra.

Según el acuerdo, el precio base ronda los 26 euros por tonelada, a los que hay que deducir los 85 céntimos del canon europeo a la producción. Si el agricultor renuncia a quedarse con la pulpa —que, a su vez, puede ser utilizada para la fabricación de piensos agrícolas—, puede recibir una compensación adicional de 2,36 euros por tonelada.

Una novedad importante es que, por primera vez, el precio a percibir por el agricultor estará ligado a las cotizaciones internacionales del azúcar. Si bajan no habrá recorte para el productor, pero, si suben, esta campaña los productores se llevarán un mínimo de 25 céntimos por tonelada adicionales.

Con todas estas medidas, los agricultores pueden llevarse 41 euros por tonelada de remolacha —frente a los 48 euros que se llegaban a lograr antes de la reforma de 2008—. Esto significa que, con los rendimientos adecuados, un control de calidad exigente y una reducción de costes de producción, el cultivo puede llegar a ser rentable.

Una de las responsables de esa alta productividad ha sido AIMCRA, una asociación sin ánimo de lucro para la investigación del producto que, durante décadas, ha dado a los cultivadores asesoramiento sobre uso de semillas, fitosanitarios y técnicas de laboreo. El acuerdo marco mantiene su actividad.

Además, en el seno de las plantas de Azucarera se modificará la constitución de los comités de centros para que el control de calidad de las entregas se haga con la máxima transparencia. El pacto, además, asegura derechos preferentes de siembra a los actuales remolacheros cuando se eliminen las cuotas, aunque se sigue contemplando el objetivo de incorporar nuevos cultivadores.