Blanqueo en Madrid

Fueron las autoridades de EE UU las que desencadenaron la intervención del BPA andorrano y su filial al cien por cien el Banco Madrid por blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. Desde entonces los acontecimientos se han precipitado de tal forma que el banco domiciliado en España ha quedado al borde de la liquidación. La significación del episodio trasciende el tamaño reducido del banco o la ausencia de riesgo sistémico sobre el conjunto del sistema financiero español. El Banco de España intervino el Banco Madrid una vez la autoridad supervisora de Andorra hizo lo propio con la matriz, el BPA, sustituyendo a su consejo de administración y paralizando la operativa del banco. La gravedad del blanqueo de capitales, la contribución a normalizar fondos provenientes de orígenes criminales, no debe pasarse por alto si se confirma. Desde hace años traficantes de droga, bandas mafiosas u organizaciones terroristas cuentan de forma más o menos cómoda con algunas instituciones financieras para lavar el dinero captado en operaciones que violaban la ley, incluida la que obliga a cumplir con las obligaciones tributarias.

La sorpresa, al menos para el común de los ciudadanos es que algunas de esas operaciones se estuvieran haciendo en el centro de Madrid, con mayor o menor autonomía de la matriz andorrana de la que existían antecedentes sobre las posibilidades de refugio que ofrecían a fondos de origen ilegal. La conexión con personas vinculadas a detenciones por operaciones irregulares, como las de algunos presuntos delincuentes detenidos no es un hecho conocido precisamente ahora.

La responsabilidad de las investigaciones de blanqueo de dinero es del Ministerio de Economía, del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, SEPBLAC. Si esta unidad había iniciado investigaciones hace tiempo llama la atención que la denuncia a la fiscalía solo se haya cursado ahora, una vez hecha la denuncia del Tesoro de EE UU. El tiempo transcurrido debería justificarse debidamente, así como el detalle de las evidencias de blanqueo de dinero irregular, ya sean las denunciadas por las autoridades americanas o las detectadas por los propios servicios del SEPBLAC, desde abril del pasado año, pero no denunciadas debidamente.

Si las autoridades españolas desconocían las prácticas que en esos bancos se llevaban a cabo, hay razones para la inquietud. Pero no son menores si, conocidas, se ha esperado a tomar cartas en el asunto. Por eso, Economía debe explicar con detalle cómo ha actuado ese servicio especializado, sus hallazgos y las razones de la demora en su denuncia. Una explicación igualmente preocupante sería que se hubieran dado confusiones funcionales entre el SEPBLAC y el Banco de España, como supervisor de las entidades bancarias que operan en nuestro país. Despejar la inseguridad en un ámbito tan sensible como el que ha aflorado este episodio es tan urgente como garantizar que no van a ser nuevamente los contribuyentes los que acaben soportando las irregularidades de los responsables bancarios. El Ministro de Economía debe aclarar la situación con rapidez y aprovechar la ocasión para informar de las actuaciones de esa unidad, no sólo en el caso que ahora está sobre la mesa. La confianza descansa en la transparencia, y hasta ahora este episodio sigue proyectando muchas sombras.