Juncker amenaza con retirar su plan si la Eurocámara pone trabas

Antes de echar a andar, el plan Juncker de inversiones ha levantado ya 25.500 millones de euros en Alemania, Francia, Italia y en menor medida España, pero también ha cosechado un importante revés en el Parlamento Europeo acerca de su gobernanza y, sobre todo, su financiación. La Eurocámara mantiene un pulso con la Comisión Europea. Enmendó la semana pasada uno de los proyectos estrella de Jean-Claude Juncker: los eurodiputados quieren que los responsables del nuevo vehículo inversor, que aspira a tener una potencia de fuego de hasta 315.000 millones, rindan cuentas en sede parlamentaria, pero sobre todo rechazan que el plan se financie drenando recursos a los fondos ya destinados a infraestructuras de transporte y a política industrial y de I+D. La Eurocámara quiere que el plan inversor se financie rebañando los márgenes del presupuesto, año a año. Ese movimiento ha levantado ampollas en el brazo Ejecutivo de la UE, que enseña los dientes: Juncker amenaza con retirar su flamante plan si la Eurocámara no suaviza sus líneas rojas, según explicaron a este diario fuentes próximas al presidente de la Comisión.

La jugada tiene un componente de calculada estrategia, pero subraya asimismo el celo del ex primer ministro luxemburgués con uno de los proyectos clave para sacar a Europa de su interminable crisis. En una reunión a puerta cerrada con varios eurodiputados socialistas, Juncker ya expuso la semana pasada su ultimátum. Sin éxito: los eurodiputados siguieron adelante con las enmiendas más comprometidas. “La Eurocámara apoya en líneas generales el plan, pero arremete contra la piedra angular del proyecto: la financiación tiene que estar clara desde el primer día si Europa quiere convencer al fondo soberano de Noruega y a los inversores del Golfo o del Sureste asiático de que arriesguen su dinero. Sin ese dinero asegurado, no hay plan”, advierte el entorno de Juncker.

El Fondo Juncker contaba con 16.000 millones del presupuesto europeo: básicamente, garantías procedentes de fondos ya asignados para las citadas infraestructuras de transporte (el denominado Connecting Europe) y un plan de apoyo a la inversión industrial y la I+D, el Horizonte 2020, que se aprobó el paño pasado tras meses de negociación. A esos 16.000 millones hay que sumarles 5.000 millones del BEI. Con el anzuelo de esos 21.000 millones, que serviría para sufragar las primeras pérdidas, el vehículo inversor se endeudará en los mercados y buscará inversión privada hasta totalizar 315.000 millones en tres años, con un elevado grado de apalancamiento e ingeniería financiera que ha provocado críticas. El Parlamento discute la mayor: esos 16.000 millones iniciales. Quiere que salgan de los márgenes del presupuesto, del dinero que no se gasta anualmente, lo que significaría rebañar cada ejercicio los fondos que no se usan. “Un instrumento tan ambicioso no puede depender de una negociación anual que no suele ser sencilla”, conceden fuentes europeas.

Es muy posible que el pulso se resuelva a favor de las ideas de Juncker: el debate dista mucho de estar cerrado. Fuentes comunitarias avisan de que las trabas del Parlamento “obedecen a la presión del potente lobby de transportes y de otros grupo de interés”. El brazo ejecutivo de la Unión no está dispuesto a transigir: "El esquema de financiación que plantea el Parlamento es difuso y dificulta la tarea de vender el plan a los inversores internacionales”. A su vez, la Eurocámara juega con las prisas de Bruselas: el plan tiene que estar listo ya en verano para dar comienzo a los proyectos más atractivos, y para eso, tras el visto bueno del Consejo Europeo, hace falta luz verde del Parlamento.

José Manuel Fernades, del PPE, destaca que el objetivo es “asegurar la máxima flexibilidad y garantizar el control democrático para evitar que los proyectos se elijan con criterios políticos”. El eurodiputado socialista español Jonás Fernández lamenta que el plan Juncker retire fondos a proyectos que ya tenían esos recursos asignados, pero admite que la Comisión debe garantizar la financiación para evitar dudas en el sector privado. “El proyecto acabará saliendo”, subraya Fernández.

Los Veintiocho han dado ya su aprobación a las líneas maestras del vehículo inversor diseñado por la Comisión. Hay contribuciones importantes de los bancos públicos de los grandes países del euro; otros Gobiernos, como el polaco o los bálticos, están cerca de inyectar fondos o diseñar plataformas de inversión para canalizar recursos. “Los primeros proyectos se están ya evaluando a falta de la aprobación definitiva del Parlamento, que tiene que llegar antes del verano, y los inversores internacionales han dado algo más que muestras de interés por participar. No es el momento de poner en duda la financiación pública del plan”, explicaron fuentes de la Comisión.