El consejero delegado de Banco Madrid pasa a disposicion judicial

La operación policial contra los gestores de Banca Privada de Andorra sigue abierta y la fiscalía ha ordenado otras dos detenciones de gestores de la entidad después de la entrada en prisión el viernes del consejero delegado, Joan Pau Miquel Prats.

Por otro lado, Banca Privada de Andorra (BPA) tiene previsto levantar el lunes por la mañana las restricciones de operativa que limitaba a 30.000 euros la salida de efectivo y hasta 50.000 euros las transacciones internas entre bancos andorranos, así como las transacciones a bancos foráneos. El paso se da gracias a los acuerdos adoptados con Euroclear y Commerzbank, principales dispensadores de valores y divisas europeos. Sin embargo, las operaciones con dólares se mantendrán cerradas tras la denuncia del departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La familia Cierco emitió el domingo por la noche un comunicado en el que solicitaban al regulador andorrano que convoque “en las próximas horas” una reunión “de todo el sector bancario que permita buscar y encontrar la adecuada solución” para “preservar los intereses de los clientes, los puestos de trabajo de los empleados y el patrimonio de la entidad”.

Los accionistas mayoritarios, que tienen el 82% del capital de BPA, manifestaron su preocupación por la “sensación de interinidad” y la “pérdida de valor” del grupo, por lo que demandaron a las autoridades “celeridad” y expresaron su “total disposición para encontrar la mejor solución”.

El Gobierno y el supervisor andorranos han mantenido varias reuniones con los bancos —en las que no estaban los directivos de BPA— para abordar el futuro de la entidad. Hay tres opciones sobre la mesa: la nacionalización, que el sector financiero ve con malos ojos; su integración en uno o dos grupos, especialmente Crèdit Andorrà y Andbanc, o un proceso de liquidación ordenada. Las autoridades financieras del país sostienen que aún no se han decantado por alguna de ellas.

Mientras tanto, continúan las investigaciones policiales. El Diari d´Andorra adelantaba el domingo por la mañana que la policía andorrana busca a un hombre y una mujer, de los que no han trascendido sus identidades, en el marco de la operación. La justicia también ha ordenado, según el diario, la búsqueda de una tercera persona de nacionalidad china que habría mediado para facilitar el blanqueo de capitales relacionados con el caso Emperador. 

La intervención del BPA se produjo el pasado miércoles a instancias de Estados Unidos por sospechas fundadas de blanqueo de capitales procedentes de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela. La investigación realizada por el servicio contra el blanqueo de capitales español (Sepblac) ha destapado operaciones polémicas realizadas por el BPA, como un crédito de 1,4 millones concedido al empresario ruso Andrei Petrov por parte de su filial, el Banco Madrid. Petrov fue detenido en 2013 en Lloret de Mar acusado de blanqueo en una causa en la que también está imputado el exalcalde de la localidad Xavier Crespo (CiU). El servicio español dependiente del Ministerio de Economía apunta a 23 políticos y empresarios involucrados en operaciones que se elevan a 34 millones, aunque no han trascendido los nombres.

La detención del consejero delegado Miquel Prats, estuvo precedida de la intervención del banco y la destitución de todo el consejo de administración en lo que ya es la mayor crisis financiera a la que se ha enfrentado el Principado. El informe del tesoro norteamericano, que desató la operación, señala que BPA favoreció el blanqueo de capitales de organizaciones criminales de todo el mundo. El arresto del consejero delegado estaría vinculado al citado caso Emperador,  que instruye la Audiencia Nacional contra la mafia china encabezada por Gao Ping. Ping habría sobornado a altos directivos de BPA para poder lavar dinero y luego transferirlo a empresas fantasma en China.