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Hacienda advierte a Extremadura, Aragón y Valencia por su morosidad

El ministerio reclama por carta que reduzcan el plazo de pago a proveedores

Jesús Sérvulo González

La época en que las administraciones públicas retrasaban los pagos a sus proveedores para financiarse han terminado. El Ministerio de Hacienda envió el pasado 5 de marzo tres cartas dirigidas a los consejeros de Hacienda de Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón en la que les advertía sobre sus altos niveles de morosidad.

Estas tres Administraciones regionales han incumplido reiteradamente con el plazo de pago a proveedores. Son las que más tarde abonan sus facturas y han superado durante los últimos cuatro meses el periodo legal máximo de 60 días establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las cartas remitidas por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, a los consejeros de Hacienda de Extremadura, Clemente Checa; de Aragón, Javier Campoy; y de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, trasladan la preocupación del ministerio por la desviación, tanto por la cuantía de la deuda comercial como por el periodo medio de pago a proveedores (PMP).

Aragón es la comunidad que más tarda en pagar sus facturas (84,11 días), seguida de la Comunidad Valenciana (82,29 días) y Extremadura (80,96 días), según los últimos datos disponibles correspondientes al cierre de 2014. La media nacional se sitúa en 50,8 días. Además, son las que más deuda comercial acumulan relación con el PIB. Extremadura debe 326 millones (el 1,9% de su PIB); Valencia, debe 1.446 millones (1,46% del PIB), y Aragón, tiene facturas pendientes por 456 millones (1,37%).

Hacienda recuerda en las cartas que estos incumplimientos podrían provocar la aplicación de distintas medidas correctoras. La ley de morosidad permite al Gobierno hacerse cargo del pago de las facturas de las comunidades ante incumplimientos reiterados y a cambio restaría estos pagos de los recursos del sistema de financiación. Además, la Ley de Estabilidad prevé otras medidas coercitivas como multas o, en último extremo, la intervención de una comunidad.

Por eso, en la misiva Hacienda les manifiesta que aunque los nuevos instrumentos de financiación —el fondo de liquidez autonomico, conocido como FLA— recogen medidas para reducir la morosidad, estas no serán suficientes si no se ven acompañadas de otras.

El ministerio les lanza una seria advertencia a estas comunidades que están obligadas a reducir el plazo de pago y a ajustar sus cuentas si no quieren que Hacienda les imponga sus propios ajustes.

“Descartamos absolutamente cualquier escenario de detracción de fondos para pagar a proveedores por parte del Ministerio y por supuesto, cualquier escenario de aplicación de medidas coercitivas previstas en la ley de estabilidad presupuestaria”, señaló el consejero valenciano la semana pasada.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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