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El Banco de España no debe opinar sobre el informe Bankia, dice el juez

El FROB ha recurrido la “desmesurada” fianza civil de 800 millones que impuso Andreu

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado la petición del expresidente de Bankia Rodrigo Rato de solicitar el supuesto informe interno que el organismo ha elaborado. Este escrito rebate las conclusiones de los peritos —que llegaron cedidos por el propio supervisor— y que subrayaban que las cuentas aprobadas por el grupo para salir a Bolsa “no reflejaban la imagen fiel” de la entidad.

En un auto, el juez dice: “No procede acceder a la práctica de la prueba interesada al sustanciarse la misma en una noticia divulgada”. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que permite a los instructores oponerse a las solicitudes de prueba cuando estas resulten “inútiles o innecesarias”, con independencia de que se vuelvan a pedir en la fase del juicio oral. De hecho, según fuentes financieras, el propio supervisor no descarta tener que participar en el juicio oral para aclarar términos financieros técnicos, como las provisiones, los créditos morosos y subestándar y la influencia de los cambios legales en las cuentas de resultados.

“El derecho a utilizar los medios de prueba para la propia defensa no debe llevar, desde la vertiente judicial decisoria, a una admisión indiscriminada de cuantas pruebas se propongan por las partes”, argumenta Andreu.

Por otro lado, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha recurrido la “desmesurada” fianza civil de 800 millones que Andreu impuso a BFA y Bankia, y cuatro exconsejeros y pide que la anule o, al menos, revise su cuantía, ya que, en su opinión, dañará ulteriormente a los accionistas.

UPyD considera “intolerable” que el FROB, “que ostenta la condición de acusación y supuestamente debería trabajar para recuperar el dinero de todos los españoles”, “no solo se dedica a defender a los imputados, sino que se opone a una medida dirigida a resarcir a los estafados por la salida a Bolsa”.